Daniel Antonio Novelo Sanchez
Expediente 311/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Daniel Antonio Novelo Sanchez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Daniel Antonio Novelo Sánchez, contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte la parte quejosa impugna del Tribunal responsable, la determinación de nueve de enero de dos mil diecinueve, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por aquélla, declinando competencia a favor del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, mismos numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se reitera, es dable advertir que la parte quejosa instó la protección constitucional, contra la determinación de nueve de enero de dos mil diecinueve, en la que el Tribunal responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por aquélla, declinando competencia a favor del diverso Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando sean definitivos, los cuales deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior, no acontece en la resolución reclamada por la parte quejosa, es decir, la determinación combatida a través de la demanda de amparo, en la que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por la parte quejosa, declinando competencia a favor del diverso Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, no se trata de una resolución definitiva, en virtud de que se advierte que el planteamiento de incompetencia realizado por el Tribunal de Justicia Administrativa antes citado, no ha sido aceptado a favor de quien declinó la competencia, esto es, por el mencionado Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. En otras palabras, dicha resolución está supeditada a la aceptación o rechazo de este último Tribunal; por ende, es inconcuso que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se dirima vaya a causar un perjuicio al ahora impetrante, esto es, en el caso de que el Tribunal a favor de la cual se declinó la competencia no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, el cual sería resuelto por una diversa autoridad, lo que constituye una razón adicional para estimar que la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa responsable, aún no tiene el carácter de definitiva para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no irroga algún perjuicio a la parte demandante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra indican: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por tal motivo, se advierte que la determinación de la autoridad responsable de declinar la competencia a favor del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, al que estimó competente para conocer del juicio administrativo instaurado por la parte quejosa, no le causa perjuicio a ésta, sino hasta que aquélla a la que se le envió, acepte la competencia, por lo que resulta inconcuso que la determinación en cuestión no puede ser combatida a través del amparo indirecto. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; y como autorizadas a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Daniel Antonio Novelo Sánchez, contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte la parte quejosa impugna del Tribunal responsable, la determinación de nueve de enero de dos mil diecinueve, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por aquélla, declinando competencia a favor del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, mismos numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se reitera, es dable advertir que la parte quejosa instó la protección constitucional, contra la determinación de nueve de enero de dos mil diecinueve, en la que el Tribunal responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por aquélla, declinando competencia a favor del diverso Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando sean definitivos, los cuales deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior, no acontece en la resolución reclamada por la parte quejosa, es decir, la determinación combatida a través de la demanda de amparo, en la que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio administrativo interpuesto por la parte quejosa, declinando competencia a favor del diverso Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, no se trata de una resolución definitiva, en virtud de que se advierte que el planteamiento de incompetencia realizado por el Tribunal de Justicia Administrativa antes citado, no ha sido aceptado a favor de quien declinó la competencia, esto es, por el mencionado Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. En otras palabras, dicha resolución está supeditada a la aceptación o rechazo de este último Tribunal; por ende, es inconcuso que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se dirima vaya a causar un perjuicio al ahora impetrante, esto es, en el caso de que el Tribunal a favor de la cual se declinó la competencia no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, el cual sería resuelto por una diversa autoridad, lo que constituye una razón adicional para estimar que la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa responsable, aún no tiene el carácter de definitiva para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no irroga algún perjuicio a la parte demandante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra indican: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por tal motivo, se advierte que la determinación de la autoridad responsable de declinar la competencia a favor del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, al que estimó competente para conocer del juicio administrativo instaurado por la parte quejosa, no le causa perjuicio a ésta, sino hasta que aquélla a la que se le envió, acepte la competencia, por lo que resulta inconcuso que la determinación en cuestión no puede ser combatida a través del amparo indirecto. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; y como autorizadas a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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