Daniel Antonio Martínez Colado

Expediente 713/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 33 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
713/2015
Año
2015
Actuaciones
33
Última actuación
14/07/2016

Partes del expediente

  • Daniel Antonio Martínez Colado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, catorce de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Daniel Antonio Martínez Colado, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada que solicita, y hágase entrega de la misma a cualquiera de las personas que autoriza, previa razón que por su recibo se deje asentada en autos. En el entendido, que los días y horarios para fotocopiado y recepción de constancias, son los lunes, martes y jueves, de las trece a las quince horas. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de siete de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 713/2015, promovido por Daniel Antonio Martínez Colado, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el cual fue turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional (fojas 01 a 08), Daniel Antonio Martínez Colado acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: 1) Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad. 2) Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad. 3) Director General de Plataforma México, con residencia en la Ciudad de México. 4) Jefe de la Unidad de Información para la Seguridad Pública, con sede en la Ciudad de México. 5) Procurador General de Justicia del Estado, con domicilio en Culiacán, Sinaloa. 6) Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con asiento en esta ciudad. 7) Jefe del Departamento de Control de Procesos adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Sur del Estado, con residencia en esta ciudad. 8) Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: La omisión de cancelar la ficha de identificación del quejoso Daniel Antonio Martínez Colado, derivada de la causa penal 386/2009, instruida en su contra, con motivo de haberse revocado el auto de formal prisión y dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar en su favor, en el toca 52/2011. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil quince, la demanda de amparo se registró con el número 713/2015 y se admitió a trámite; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Adscripción de nuevo titular en este órgano jurisdiccional. A partir del dieciséis de abril de dos mil dieciséis, el licenciado José Israel Hernández Tirado, fue adscrito como titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, en términos del oficio SEADS/692/2016, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se ordenó hacer del conocimiento de las partes, el veintinueve de abril del año en curso (foja 211), sin que se formulara recusación al respecto. CUARTO. Audiencia constitucional. Previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48 y 5, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado no tiene ejecución material, por tanto, debe atenderse a la presentación de la demanda, la cual se realizó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, cuya jurisdicción corresponde a este Juzgado de Distrito. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a la ley en vigor. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia número 55/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En principio, debe decirse que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración las apreciaciones, calificativos y conceptos de violación que la parte quejosa expuso en dicho apartado, con apoyo en la jurisprudencia número 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, se aprecia que el solicitante de la tutela constitución reclama: La omisión de cancelar la ficha de identificación del quejoso Daniel Antonio Martínez Colado, derivada de la causa penal 386/2009, instruida en su contra, con motivo de haberse revocado el auto de formal prisión y dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar en su favor, en el toca 52/2011. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos controvertidos, ya que en toda sentencia de amparo debe primarse su análisis, tal como se corrobora de la jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril 1994, página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables 2) Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, 3) Director General de Plataforma México, 4) Jefe de la Unidad de Información para la Seguridad Pública, con sede en la Ciudad de México, 5) Procurador General de Justicia del Estado, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, 6) Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, y 7) Jefe del Departamento de Control de Procesos adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Sur del Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de tal acto, a excepción de la nombrada en primer término, quien admitió el acto; no obstante, de las constancias agregadas en autos, se advierte que son diversas autoridades las responsables del acto reclamado, como se verá en el considerando siguiente (fojas 39, 96, 85, 59, 28 y 25). En esa virtud, considerando que el peticionario de amparo no ofreció prueba idónea para acreditar la certeza de los actos de cuya negativa se dio noticia, aun cuando le correspondía la carga probatoria y no lo hizo; consecuentemente, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto a las autoridades responsables aludidas y por el acto antes precisado, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dada su inexistencia. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia número 284, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II, Procesal Constitucional, submateria 1, Común, primera parte, segunda sección, Improcedencia y sobreseimiento, página 305, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 433, con registro 198320, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por otra parte, es cierto el acto reclamado al 1) Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, y al 8) Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, ambos con residencia en esta municipalidad; lo anterior, no obstante que en sus informes justificados hayan negado la existencia de tal acto (fojas 31 y 41), dado que dicha negativa se desvirtúa de las constancias allegadas por las citadas autoridades, relativas al acto reclamado (fojas 33 a 37, 234, 241 a 240). Las mencionadas documentales merecen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página trescientos noventa y cuatro, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como, la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Se hace innecesario transcribir y examinar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al de cualquier otro tema, por tratarse de una cuestión de orden público, conforme lo preceptuado por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, el cual preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Se afirma lo anterior, en la medida que las autoridades responsables 1) Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal y 8) Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, ambos con residencia en esta ciudad, allegaron al presente juicio de amparo diversas pruebas documentales, las cuales fueron valoradas con antelación, de las que se advierte que derivado de la resolución de once de marzo de dos mil once, emitida en el toca 52/2011, por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur, que revocó el auto de formal prisión dictado en contra del aquí quejoso, en la causa penal 386/2009, y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, el referido Juez responsable dictó el acuerdo de quince de marzo de dos mil once, donde ordenó se cancelara la ficha de identificación respectiva; lo cual hizo del conocimiento del Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en esta ciudad, por oficio 2239/2016, de nueve de mayo de dos mil dieciséis (foja 235); asimismo, esta última autoridad exhibió el acta de cancelación de documento de identificación administrativa denominada ficha signalética, de tres de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se procedió a la cancelación de la ficha de identificación del aquí quejoso (fojas 238 a 240). En esa tesitura, como el peticionario de amparo Daniel Antonio Martínez Colado reclamó en este juicio constitucional la omisión de cancelar la ficha de identificación, derivada de la causa penal 386/2009, instruida en su contra, en virtud de haberse dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar en su favor; es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que, como se vio, mediante acta administrativa de trece de mayo de dos mil dieciséis, se canceló la ficha de identificación correspondiente al aquí quejoso. En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de tal acto y autoridades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No sobra decir, que el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el acto reclamado; en la medida que no genera agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. A lo anterior, aplica la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." SEXTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1°, fracción I, 73 a 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Daniel Antonio Martínez Colado, contra el acto precisado en el considerado segundo, reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en su último considerando. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 841/2016, signado por el Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención que le fue realizada en auto de diecinueve de mayo en curso, y devuelve el acta de cancelación de la ficha signalética del aquí quejoso Daniel Antonio Martínez Colado, elaborada con motivo de la causa penal 386/2009, debidamente firmada. En atención a lo anterior, agréguese en autos el oficio y anexo de cuenta, para los efectos legales conducentes; asimismo, con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida dicha documental, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional, y con la misma dese vista las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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