Daniel Andiola Ruiz

Expediente 698/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
698/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Daniel Andiola Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    I. Causa estado. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. IV. No existe documentos para devolución. Sin que se ordene devolución de documentos dado que la parte quejosa no exhibió en su líbelo constitucional. V. Oposición de datos personales. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Da cumplimiento a prevención Téngase por recibido el escrito del defensor de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de diecisiete de mayo del año en curso, en el que se le previno para que: Precisara cuál es el acto o los actos en concreto que reclama a la responsable. Remitiera la demanda de forma completa. Bajo ese contexto se tiene por cumplido el requerimiento formulado en el citado proveído, dado que remitió copia completa de la demanda de amparo. II. Acto reclamado. Ahora, de la demanda inicial, así como de los diversos escritos aclaratorios, se advierte que el acto reclamado consiste en: La medida cautelar de garantía económica por la cantidad de treinta mil pesos dictada el veintiséis de abril del año en curso por el Juez Décimo Primero de Control en esta ciudad, dentro de la causa penal ************************ III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. No se agotó el principio de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El citado precepto, establece uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Contra actos que afecten personas extrañas al juicio; y, Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el promovente para impugnar el acto que aquí reclama, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. De ahí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En efecto, para la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Bajo ese panorama, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe tenerse presente que en su artículo 467, establece: Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. En el caso, como se dijo la parte quejosa reclama la medida cautelar de garantía económica por la cantidad de treinta mil pesos dictada el veintiséis de abril del año en curso por el Juez Décimo Primero de Control en esta ciudad, dentro de la causa penal ************************. En este sentido, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, toda vez que en contra del acto reclamado procede el recurso de apelación, medio de impugnación a través del cual pudo ser modificado o revocado, motivo por el cual se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De ahí que proceda desechar la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. ACUERDO DE 14/06/2023. I. Da cumplimiento a prevención Téngase por recibido el escrito del defensor de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de diecisiete de mayo del año en curso, en el que se le previno para que: Precisara cuál es el acto o los actos en concreto que reclama a la responsable. Remitiera la demanda de forma completa. Bajo ese contexto se tiene por cumplido el requerimiento formulado en el citado proveído, dado que remitió copia completa de la demanda de amparo. II. Acto reclamado. Ahora, de la demanda inicial, así como de los diversos escritos aclaratorios, se advierte que el acto reclamado consiste en: La medida cautelar de garantía económica por la cantidad de treinta mil pesos dictada el veintiséis de abril del año en curso por el Juez Décimo Primero de Control en esta ciudad, dentro de la causa penal ************************ III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. No se agotó el principio de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El citado precepto, establece uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Contra actos que afecten personas extrañas al juicio; y, Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el promovente para impugnar el acto que aquí reclama, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. De ahí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En efecto, para la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Bajo ese panorama, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe tenerse presente que en su artículo 467, establece: Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. En el caso, como se dijo la parte quejosa reclama la medida cautelar de garantía económica por la cantidad de treinta mil pesos dictada el veintiséis de abril del año en curso por el Juez Décimo Primero de Control en esta ciudad, dentro de la causa penal ************************. En este sentido, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, toda vez que en contra del acto reclamado procede el recurso de apelación, medio de impugnación a través del cual pudo ser modificado o revocado, motivo por el cual se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De ahí que proceda desechar la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    I. Pretende dar cumplimiento a prevención Téngase por recibido el escrito del defensor de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de diecisiete de mayo del año en curso, en el que se le previno para que: Precisara cuál es el acto o los actos en concreto que reclama a la responsable. Remitiera la demanda de forma completa. Por su parte, quien comparece como defensor de la parte quejosa en el escrito que se provee manifiesta que la determinación que combate es, en esencia, la medida cautelar de garantía económica dictada en la causa penal 906/2021. Bajo ese contexto, se determina que sólo se tiene por cumplido el requerimiento formulado en el apartado "a", dado que precisó cuál es el acto reclamado. Empero, como se aprecia, no se cumple con la prevención señalada en el punto "b", pues fue omisa en aclarar si es escrito de demanda que presentó, se encuentra de manera completa. Ello, porque esta Juzgadora advirtió de la parte final de la primera página del escrito de demanda que textualmente se leía: "[.] Señalo como acto reclamado la MEDIDA CAUTELAR DE GARANTÍA ECONÓMICA POR LA CANTIDAD DE 30 MIL PESOS DICTADA POR EL JUEZ DÉCIMO PRIMERO E CONTROL DE LA CAPITAL EN LA CAUSA PENAL 906/2021 UNIDAD 7 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, en atención a que fueron dictados de forma en que careció de un verdadero fundamentación y" Luego, se dijo, la segunda página comenzaba con lo siguiente: "V.- GARANTÍAS VIOLADAS" De ahí, que se carecía de conocimiento si efectivamente la primera página concluía con la letra "y" o existían palabras o frases que le dieran continuidad. II. Se interrumpe término. Consecuentemente, dado que continúa la omisión descrita, se interrumpe el plazo de cinco días que inicialmente se concedió en proveído de diecisiete de mayo del año en curso, en virtud de que el escrito con el que pretende cumplir lo presentó antes de estar debidamente notificado, por lo que aún cuenta con cinco días íntegros a fin de que se cumpla debidamente con lo antes indicado, lapso que se reanudará una vez que se le notifique el presente proveído. III. Apercibimiento. Se hace hincapié que de no cumplir dentro del término que para tal efecto se le indica en el punto "b", se hará efectivo el apercibimiento anunciado en el mencionado auto, esto es, se tendrá por no presentada su demanda. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Noviembre de 2003, Materia Común, Novena Época que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese personalmente.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano