Daniel Anaya Martínez

Expediente 57/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 37 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
57/2018
Año
2018
Actuaciones
37
Última actuación
01/02/2019

Partes del expediente

  • Daniel Anaya Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de noventa días naturales para que la quejosa compareciera a este Juzgado Federal a recoger los documentos que exhibió en el presente sumario, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, esto es, los documentos exhibidos serán depurados con el presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 224 a 228), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva; el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que se encuentran glosados documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito de demanda (fojas 21 a 47) y en su escrito recibido el veintiuno de febrero del año en curso (fojas 74 a 76), se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en un tomo de pruebas, que integran el expediente número 598/2017, de su índice; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que las partes quejosa y tercera interesada se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 224 a 228), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva; el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que se encuentran glosados documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito de demanda (fojas 21 a 47) y en su escrito recibido el veintiuno de febrero del año en curso (fojas 74 a 76), se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en un tomo de pruebas, que integran el expediente número 598/2017, de su índice; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho (fojas 190 y 191), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, realizando únicamente Aurelio Soto Huerta, en su carácter de representante legal de la menor V.A.G.G.R., manifestación dentro de dicho lapso; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 127 a 148). El veinte de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria el fallo citado en el párrafo precedente (fojas 172 a 176), por lo que se solicitó a la responsable dieran cumplimiento a dicha ejecutoria. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".De consiguiente, ante lo fundado de los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede, es conceder la protección constitucional para el efecto de que el juez responsable: 1. Deje insubsistente la resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete y reponga el procedimiento del expediente 598/2017 para el único efecto de que notifique y de la intervención correspondiente al tutor que le designó a la menor quejosa, quien deberá imponerse de las actuaciones del juicio a fin de que se encuentre en aptitud de defender los intereses de aquélla, se le dé oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos en favor de la aquí recurrente; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, salvaguardando ante todo el interés superior de la menor." En acatamiento a lo anterior, en oficio número 1742/2018 de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 181), el Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, insertó el auto de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, derivado de los autos del expediente número 598/2017, de su índice, relativo al juicio de tramitación especial de controversias del orden familiar por ejercicio de la patria potestad y convivencia, promovido por Raudel Gallegos Blanco, en contra de María Guadalupe Rocha Castillo, del cual se desprende que dejó sin efecto la resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete y ordenó reponer el procedimiento, dentro del juicio de origen, a efecto de que se notificara y diera la intervención correspondiente al Licenciado Daniel Anaya Martínez, en su carácter de tutor de la menor de iniciales V.A.G.G.R., quejosa, a fin de que se impusiera de las actuaciones del citado juicio. Además, mediante oficio 1757/18 de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 184), el Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del citado auto, y la notificación del mismo realizada a Daniel Anaya Martínez, en su carácter de tutor de la menor de iniciales V.A.G.G.R., en fecha veintitrés del mismo mes y año, en la cual se advierte se hizo sabedor de dicho cumplimiento. Constancias que anexó dicha responsable, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. Se hace constar, que Aurelio Soto Huerta, en su calidad de Asesor Jurídico Federal, de la menor de iniciales V.A.G.G.R., presentó escrito en oficialía de partes común en fecha diecisiete de septiembre del dos mil dieciocho, mediante el cual hizo suyo el contenido del escrito presentado el día treinta y uno de agosto del año en curso, por Martín de León Martínez, y realizó manifestaciones, a fin de que no se tuviera por cumplida la ejecutoria, aduciendo que no cumple los términos de la misma; sin embargo no acreditó su dicho, ni expresó alegato alguno con el que precisara el motivo por el que no debe tenerse por cumplida la ejecutoria dictada en este asunto, además como ya quedó descrito, la autoridad responsable dio cabal cumplimiento en la ejecutoria de amparo. En efecto, se debe precisar que la litis en el presente sumario constitucional se fijó en el sentido de que la menor de iniciales V.A.G.G.R., no fue escuchada dentro del procedimiento de origen, a tráves del tutor que fue designado por el Juez responsable, motivo por el que se concedió el amparo para que a este último se le permitiera su intervención dentro del controvertido civil en comento para que tuviera la oportunidad de alegar y ofrecer las pruebas a favor de la menor que representa, por lo que de las constancias remitidas por la responsable se advierte que los efectos de la sentencia concedida no pueden ir mas allá de la concesión otorgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1ª./J.99/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 287, libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y textos siguientes: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Acorde con lo anterior, es procedente declarar que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, restituyendo así en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados al quejoso Daniel Anaya Martínez, en su carácter de tutor legal de la menor de iniciales V.A.G.G.R.; por lo que ha lugar a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, tercero interesada y Asesor Jurídico Federal.

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