Daniel Alvarez del Castillo Castañon

Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
229/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Daniel Alvarez del Castillo Castañon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se negó la protección constitucional, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se negó la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Además, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 21 del Acuerdo en cita, toda vez que en el caso, se negó la medida cautelar solicitada, respecto de todos los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de dicho incidente es susceptible de destrucción, por lo que deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación , sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que se exhibieron en este asunto. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales derivados del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O, para resolver, el juicio de amparo 229/2021-V. El quejoso aduce, en esencia, que la orden de embargo dictada en su contra, se emitió sin que previamente se le llamara a juicio, por lo que se transgredieron las formalices esenciales del procedimiento y, por ende, el contenido del artículo 14 de la Constitución General de la República, lo cual era necesario debido a que se trata -refiere- de un acto privativo. De manera previa al examinar el argumento expuesto por el accionante de la tutela, es preciso dejar en claro qué diferencia existe entre un acto de molestia y un acto privativo, para que con base en ello, se pueda determinar si el embargo al salario reclamado debe o no satisfacer la garantía de audiencia. Ahora, partiendo de la diferencia que existe entre un acto privativo y un acto de molestia, es necesario examinar si la orden que autoriza el embargo para garantizar el pago de la pensión alimenticia provisional es un acto privativo o uno de molestia. Si se tiene en consideración lo que antes se señaló sobre los actos privativos y los actos de molestia, es dable afirmar que el embargo en cuestión, contra lo que se aduce en el concepto de violación, no constituye un acto privativo respecto del cual deba regir la garantía de audiencia a que alude el artículo 14 constitucional. En efecto, el embargo que se ordena para garantizar el pago de la pensión alimenticia, sólo constituye un acto de molestia, respecto del cual cobra plena aplicación lo ordenado en el artículo 16 constitucional, en tanto que la afectación o restricción que se sufre en el derecho de propiedad que se tiene sobre los bienes embargados, sólo es provisional y busca proteger el derecho de subsistencia de aquél en favor de quien se decreta la pensión alimenticia; por tanto, ese embargo solo constituye una medida precautoria o cautelar tendiente a asegurar el cumplimiento de la resolución judicial en que se fija la pensión alimenticia, medida cautelar que se decreta cuando el juzgador con base en los elementos aportados por la actora, considera prima facie que es fundada su solicitud de alimentos. Por consiguiente, ante lo infundado del único motivo de inconformidad, lo que procede es negar la protección constitucional demandada, sin que en la especie se advierta queja deficiente que debiera suplirse de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta suscrito vía electrónica por Elda Sarahy Becerra Paredes, representante especial de las menores SACZ y VACZ; en atención a su solicitud, indíquesele que desde de la autorización decretada en proveído de veintitrés de junio pasado se registró el usuario que refiere para la consulta del expediente electrónico de este juicio en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se evidencia con lo siguiente: Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado vía electrónica por ******************** representante especial de las menores ******************** y ********************, por el cual cumple el requerimiento formulado; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio, a través del usuario que proporciona para tal efecto. Notifíquese

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