Daniel Alonso Becerril Barrientos
Expediente 1798/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1798/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/06/2016
Partes del expediente
- Daniel Alonso Becerril Barrientos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
III.-Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se advierte que no existe nada pendiente por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso las concernientes a la violación de ésta, las cuales deberán ser digitalizadas. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones, y resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
iii. Visto el estado procesal que guardan las actuaciones del sumario constitucional en que se actúa, la certificación secretarial que antecede y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada en sus términos. El quejoso reclamó en esencia en la presente instancia lo siguiente: * El oficio 202LG1001/DGAJ/42364/2015 de veinte de octubre de dos mil quince, emitido por los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de México, mediante el cual se hizo de conocimiento al quejoso, el inicio de procedimiento administrativo de separación CESC/CHJ/PS/397/2015, así como la fecha señalada para el desahogo de su garantía de audiencia. El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis (fija 136 a la 144), se emitió la sentencia en la que se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Daniel Alfonso Becerril Barrientos, contra el acto reclamado y autoridades responsables, precisados en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Ahora bien, el efecto de la concesión del amparo fue para lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo y oficio 202LG1001/DGAJ/42364/2015 de veinte de octubre de dos mil quince, dictados en el expediente CESC/CHJ/PS/397/2015, por el que se inició el procedimiento administrativo de separación contra Daniel Alfonso Becerril Barrientos, y todo lo actuado con posterioridad. Ordene que se señale nueva fecha de evaluación y se notifique al quejoso de la misma. Mediante oficios y anexos registrados con número de control interno 8827 (foja 292) y 10398 (foja 301) recibidos el tres y diecinueve de mayo de la presente anualidad respectivamente, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el Director General de Asuntos Jurídicos y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, señala que ha dado cumplimiento al fallo protector, anexando copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril de la presente anualidad, así como del oficio 202LG10001/DGAJ/2750/2016 y del oficio 202H10000/1737/2016 y simple del oficio 202L80000/1832/2016, para acreditar su dicho, documentos públicos a los que se les concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De las constancias remitidas por el Director General de Asuntos Jurídicos y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, se advierte que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente el acuerdos de veinte de octubre de dos mil quince, así como los actos derivados de dicho acuerdo dictados en el procedimiento administrativo de separación CESC/CHJ/PS/397/2015 y señaló nueva fecha para la realización de la evaluación de control de confianza al quejoso Daniel Alfonso Becerril Barrientos, notificándole dicha determinación, con lo cual se advierte que se dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. En atención a lo anterior, se considera que se dio cumplimiento al fallo protector tal como lo señala el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Época: Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, visible en la página 243, y registro 192174, cuyo rubro es: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por tanto, se dejan a salvo los derechos de las partes para que, sí a sus intereses conviene, interpongan las defensas o recursos que legalmente procedan.
- Principal
III, Visto el comunicado mediante el cual el Director General de Asuntos Jurídicos y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, remite copia certificada con la que aduce acreditar fehacientemente su acatamiento al fallo protector; agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar. Con el referido comunicado y anexo, asimismo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
III, COMO SE ORDENÓ SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL EN SINTESIS DICE: Visto el comunicado mediante el cual el Director General de Asuntos Jurídicos y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, remite copia certificada con la que aduce acreditar fehacientemente su acatamiento al fallo protector; agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar. Con el referido comunicado y anexo, asimismo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
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