Daniel Alejandro Vargas Cervera

Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
203/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Daniel Alejandro Vargas Cervera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios remitidos electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica del Secretario y la Secretaria del Juzgado Sexto y Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez e Iguala de la Independencia respectivamente, en atención al contenido del primero de los ocursos de cuenta se le tiene por acusado recibo del juicio de garantías 203/2019, que le fue enviado en proveído de veintiocho de marzo del año en curso, e informa que remitió los autos al Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Iguala de la Independencia, al ser a esa jurisdicción a la que corresponde conocer del trámite del juicio mencionado en párrafos precedentes. Ahora bien, visto el contenido del segundo de los libelos de cuenta del que se aprecia que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, acepto la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de garantías promovido por ****** en mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de dieciséis de los actuales, ser reservó a acordar sobre el oficio signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero; por tanto se levanta la reserva decretada en dicho proveído y se prové: Remítase el oficio de referencia, previa copia certificada que se deje en su lugar al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Iguala de la Independencia, para que esté en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, toda vez que fue al citado juzgado homólogo a quien tocó conocer del trámite del juicio ya mencionado. finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses a partir de este proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero; visto su contenido, resérvese a acordar lo conducente hasta en tanto se tenga conocimiento de la incompetencia planteada por este juzgador en proveído de veintiocho de marzo del año en curso. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que de una lectura integral del escrito de demanda, el quejoso ***** se duele de la inactividad procesal en que se encuentra la causa penal ****** que se le instruye por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con residencia en Coyuca de Catalán, Guerrero; con lo que se evidencia que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es incompetente para tramitar y resolver el juicio de amparo a que se refiere el presente expediente, de conformidad con lo previsto por el artículo artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: **** Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Así, como ya se dijo, el impetrante de garantías reclama de la autoridad responsable, la inactividad procesal en que se encuentra la causa penal *****. De lo anteriormente señalado se advierte que el acto reclamado versa sobre la inactividad procesal en que se encuentra la citada causa penal, así como el no concluir con la etapa probatoria, provocando con ello el no poder continuar con la siguiente etapa procedimental; actuaciones que evidentemente se tendrán que diligenciar y/o llevar a cabo, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero. De ahí que, toda vez que el acto reclamado en este juicio de garantías tiene ejecución material en el Distrito Judicial de Mina, es decir, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, por lo que, este Juzgador es incompetente para conocer del presente juicio de garantías. Es aplicable la tesis siguiente: **** Sentado lo anterior, de conformidad con el mencionado dispositivo legal, así como el punto tercero, apartado XXI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Así las cosas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, y atendiendo a que el presente asunto versa sobre un acto que lleva implícita una ejecución material, el que suscribe declina la competencia del presente asunto a los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez , por lo que, previo al cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de dichos juzgados, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del juzgado que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia realizada por el quejoso ***** mediante la cual ratifica y reconoce la firma contenida en el escrito de demanda presentado el diecisiete de febrero del presente año; por tanto, se procede a proveer en relación a la admisión de la presente demanda de amparo Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe al quejoso que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, y al principio de la celeridad procesal. ; Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, A ***** toda vez que el primero mencionado, cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ****** por no contar con el registro antes mencionado. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional.

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