Daniel Alejandro Tinajero Sánchez
Expediente 553/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Alejandro Tinajero Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
MESA III. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por María Elena Herrera Muciño, defensora de la parte quejosa; en atención a su contenido, se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, a la persona que expresamente señala para tal efecto.
- Principal
MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiera inconformado contra el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el presente juicio. En consecuencia, de conformidad con lo ordenado en dicho proveído, remítase el presente sumario al archivo definitivo de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la determinación anterior, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta de octubre del año en curso, a efecto de que hiciera las manifestaciones que estimara pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiese hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Daniel Alejandro Tinajero Sánchez, para el efecto de que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, hiciera lo siguiente: 1. Dejara sin efectos lo resuelto en la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria de veintidós de junio de dos mil dieciséis, en la parte en que impuso al quejoso Daniel Alejandro Tinajero Sánchez, la medida de seguridad denominada clave 10, consiste en firmar cada hora en el control de su dormitorio. 2. Con libertad de decisión dictara una nueva resolución en la que atendiera la petición formulada por la madre del quejoso y, de considerar procedente imponer al quejoso alguna medida de seguridad, debería fundar y motivar adecuadamente su determinación tal como lo exige el artículo 16 Constitucional. En esa tesitura, en auto de dieciséis de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 180 y 181 del expediente). En vista de ello, mediante comunicación recibida en este Juzgado el veintinueve de octubre del año en curso, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 195 a 202). Así, del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la autoridad responsable hizo lo siguiente: En Sesión Cuadragésima Tercera Ordinaria del Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta Ciudad, celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se dejó sin efectos lo resuelto en la diversa Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria de veintidós de junio de dos mil dieciséis, en la parte en que impuso al quejoso Daniel Alejandro Tinajero Sánchez, la medida de seguridad denominada clave 10, consiste en firmar cada hora en el control de su dormitorio. Con libertad de decisión, consideró necesario ratificar al quejoso la medida de seguimiento de conducta intrainstitucional Clave 10, al tenor de la fundamentación y motivación expresada. En tales circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.
- Incidental
MESA III. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
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