Daniel Alejandro Ortíz Bernal
Expediente 201/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2018
Partes del expediente
- Daniel Alejandro Ortíz Bernal
Actuaciones
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 201/2018-VI-B, promovido por ***, por las autoridades y actos preciados en el considerando segundo, en términos del diverso considerando tercero de la presente resolución.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil dieciocho. INFORME Agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, toda vez que en proveído de catorce de los cursantes (foja 32), se tuvo por recibido el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad oficiante, del que se advirtió la inexistencia del acto reclamado en el presente juicio y con el cual se dio vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguense los informes a la suspensión de plano y justificado, rendidos por la autoridad que los suscribe; atento a ello, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar. Por otro lado, respecto al informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Finalmente, toda vez que ya se cuenta con los informes de las autoridades responsables; en consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado para que notifique personalmente el presente acuerdo y corra traslado con los informes recibidos al quejoso Daniel Alejandro Ortiz Bernal, en su lugar de reclusión.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de febrero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta promovida por ***, regístrese bajo el número 201/2018-VI-B. DESECHAMIENTO PARCIAL Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, el quejoso reclama: "El ilegal traslado de reo que se pretende realizar en mi contra sin justificación, ni motivos congruentes.". En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ---------- (.) ------------------------------------------------------------------------- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ---------------------- Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ----------------- (.) ------------------------------------------------------------------------- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ----------------------------------------------------------------- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." (Sic) De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En el caso, el quejoso reclama la orden de traslado a diverso centro de reclusión al en que se encuentra, a saber: el Centro Penitenciario de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México; así como su ejecución. Ahora bien, es importante señalar que el solicitante del amparo se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México; así las cosas, se puede determinar que las autoridades señaladas como responsables distintas al Titular y Director de Seguridad y Operaciones, ambos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de México y el Director del Centro Penitenciario de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, señaladas como ejecutoras con los incisos D, E, F, G y H, no tienen ni tendrán intervención en la emisión o ejecución del traslado reclamado, pues el quejoso se encuentra interno en dicho centro carcelario, de modo que su libertad personal sólo está bajo la custodia de las autoridades en comento y en todo caso la ejecución del traslado corresponderá a las autoridades administrativas de seguridad pública que materialmente, en ejercicio legal de sus atribuciones, tengan la encomienda de custodia material de un centro de reclusión a otro. Lo anterior, aunado a que, en el caso, únicamente las autoridades dependientes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de México son competentes para emitir alguna orden de traslado en contra del quejoso; de modo que ni en la emisión de la orden de traslado ni en su ejecución tendrían intervención alguna autoridad carcelaria distinta al centro de reclusión en el que el solicitante del amparo está recluido; y si bien es cierto que el quejoso podría ser recluido en alguna otra de las instituciones penitenciarias que señala en su demanda de amparo, el hecho de no tenerlas como autoridades responsables no le causa perjuicio, pues de ser el caso de que se conceda la la tutela judicial del amparo, respecto de las restantes autoridades por las que se admitirá la demanda, los alcances de tales actos jurídicos de decisión comprenderán no sólo a las autoridades ordenadoras sino también a las ejecutoras encargadas del traslado material del quejoso. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida Daniel Alejandro Ortíz Bernal, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de las autoridades señaladas como responsables en la demanda, marcadas como ejecutoras con los incisos D, E, F, G y H del capítulo respectivo. Sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión al quejoso, en virtud de que en caso que el acto reclamado a las autoridades responsables ordenadoras sea cierto, éstas deberán hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito a qué autoridad corresponde llevar a cabo la ejecución de la orden de traslado que por esta vía se reclama. Además, tal determinación guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y, en caso de admitir la demanda de amparo por todas las autoridades indicadas por el quejoso, se retardaría la integración del asunto que se provee. ADMISIÓN. Por otra parte, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, únicamente en lo que respecta al acto reclamado consistente en la orden de traslado a diverso centro de reclusión respecto del Titular y Director de Seguridad y Operaciones, ambos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de México y el Director del Centro Penitenciario de Reinserción Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. INCIDENTE. No ha lugar a formar el incidente de suspensión, puesto que el acto reclamado es materia de suspensión de plano. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125, 126 Y 161, todos de la Ley de Amparo se suspende de plano todo acto de traslado a diverso centro de reclusión. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. La suspensión aquí otorgada meramente con base en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, podrá ser inobservada por las autoridades penitenciarias, ante el desconocimiento que tiene este órgano de los pormenores de la orden de traslado reclamada; si previo a la presente determinación está acreditado, fundada y motivadamente, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: 1. Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte de la parte quejosa; 2. Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; 3. Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; 4. Peligro para los internos; 5. Seguridad del propio quejoso; 6. Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, 7. Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. Finalmente, la suspensión concedida no surtirá efectos si la orden ya se ejecutó con antelación a la presentación de la demanda de cuenta. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual en la actuaría se deja copia de la demanda. AUDIENCIA. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. REQUERIMIENTO AUTORIDADES. Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables sus informes justificados, que deberán rendir dentro del término de cinco días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, para lo cual se adjunta copia del escrito de demanda. Cabe precisar que el término señalado no implica violación procesal alguna, atendiendo al derecho humano que se dice violado y el propio precepto señala que el informe deberá rendirse dentro de un plazo de quince días, esto es, no señala que será en ese término; lo cual faculta a este juzgador a establecer de acuerdo al caso concreto, el plazo o término en que deban rendirse los informes; además de que con ello se garantiza que el juicio se integre más rápido. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato. Para tal efecto, se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 251 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de treinta y cien Unidades de Medida y Actualización, respectivamente. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite1@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3253. Por otro lado, se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la Jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253 de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Sermonario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad ejecutora resulta incorrecta en su denominación o inexistente, se dejará de tener con ese carácter. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente al quejoso en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad, hasta en tanto señale diverso en la ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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