Daniel Alejandro Icaza Garcia

Expediente 623/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
623/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • Daniel Alejandro Icaza Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y la certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción III último párrafo del punto vigésimo primero del referido acuerdo, toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto, por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    . Cúmplase.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O : I. Por escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra acto de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se vulneran en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de esa fecha, se registró la demanda bajo el orden 623/2018, se decretó la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado consistente en el traslado a una celda de castigo en la que se encuentra aislado y segregado; se requirió al Director del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de esta ciudad el informe en cumplimiento a dicha medida; se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que el acto reclamado es el traslado a una celda de castigo en la que se encuentra aislado y segregado, que se atribuye a las siguientes autoridades: Secretario de Gobierno; Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno; Director Ejecutivo; Subdirectora Técnica; y Subdirector de Seguridad; Los tres últimos en mención del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, todos de esta ciudad. TERCERO. Resulta innecesario precisar la existencia o inexistencia del acto reclamado, así como analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, en atención a que se actualiza una causal de sobreseimiento, con base en las consideraciones que se exponen a continuación: El numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". El artículo 6º de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El juicio de amparo se rige por reglas o principios dentro de los cuales figura el denominado "de iniciativa o instancia de parte", consagrado en los dispositivos transcritos y consiste en que aquél sólo puede surgir a la vida jurídica y tramitarse cuando así lo solicite expresamente el gobernado, esto es, cuando la parte que se considere afectada lo promueva, de ahí que la acción oficiosa en el juicio constitucional sea improcedente. Cierto es que existen algunas excepciones a ese principio, como el hecho de que cualquier persona puede solicitar el amparo a nombre de otra cuando se trate de actos de autoridad que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación o destierro, o de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y la persona afectada se encuentre imposibilitada para solicitar el amparo; sin embargo, para los fines de esta determinación se considera innecesario profundizar más respecto de esos temas, ya que no concuerdan con el sentido en que habrá de resolverse en este asunto. La Ley de Amparo prevé la institución jurídica del sobreseimiento, acto procesal que pone fin al juicio, sin resolver la controversia de fondo, esto es, sin determinar si el acto reclamado es o no contrario a la Constitución. El artículo 63, fracción I, del ordenamiento en consulta, establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio". Como se advierte de lo transcrito, la fracción I establece como motivo de sobreseimiento el desistimiento expreso de la demanda de amparo por parte del quejoso que debidamente ratificada, constituye una manifestación de voluntad que necesariamente se traduce en la falta de interés de la parte legítima para la continuación del juicio. En ese sentido, al tomar en consideración los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6° de la Ley de Amparo, que como ya se apuntó, consagran el principio de instancia de parte agraviada, es indudable que la persona a quien perjudique el acto reclamado, puede desistir de la acción o de la instancia, dado que opera en cualquier momento, con la sola declaración de voluntad, siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoria. En consecuencia, dado que el justiciable desistió expresamente de la acción constitucional intentada, lo que fue ratificado ante un funcionario judicial dotado de fe pública, con fundamento en el numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". Por último, glósese al presente expediente el cuadernillo formado con motivo del escrito recibido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción I, 65, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Daniel Alejandro Icaza Garcia, contra el acto reclamado consistente en el traslado a una celda de castigo en la que se encuentra aislado y segregado, atribuido al Secretario de Gobierno; Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno; Director Ejecutivo; Subdirectora Técnica; y Subdirector de Seguridad; los tres últimos en mención del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, todos de esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Agréguese el cuadernillo de antecedentes relacionado con el presente juicio.

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