Daniel Alejandro González Casillas
Expediente 1530/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1530/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Daniel Alejandro González Casillas
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de uno de marzo de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de marzo de dos mil veintidós. Informe justificado -registro 734-. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo presentado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Cumple requerimiento -registro 2003-. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentado por el citado presidente, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós. Pruebas. Se les tienen por ofrecidas las pruebas documentales que envía la autoridad oficiante, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de las constancias probatorias remitidas por la autoridad junto con su informe justificado y las anexas al segundo de los oficios de cuenta, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, es necesario precisar el acto reclamado, lo que se realiza a continuación y conforme a la lectura integral de la demanda, se advierte que el impetrante reclama lo siguiente: La omisión de dictar laudo en el controvertido laboral 1187/2021, del índice de la junta responsable. Acotado lo anterior, se tiene que de las constancias del juicio de origen que aportó al sumario la autoridad responsable, en lo que interesa anexó copias certificadas del laudo de tres de febrero del año que transcurre, de las que se advierte que la junta responsable pronunció resolución el juicio de origen. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de las responsables, se restituyó al quejoso en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación en la fracción V del numeral 63, ambas de la Ley de Amparo Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las nueve horas con treinta y tres minutos del tres de marzo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha rendido su informe justificado no obstante de haber quedado debidamente notificada para ello como se advierte del acuse de recibo del oficio 28781/2021, que obra agregado en autos. Requerimiento a autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Apercibimiento. Se le apercibe que de incumplir con lo anterior sin causa justificada, como lo dispone el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y se fijan las nueve horas con treinta y tres minutos del tres de marzo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Solicitud de copias. Agréguese a los autos el escrito presentado por los quejosos, y atento a su petición, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias certificadas, a su costa, previa razón de recibo que por su entrega se deje asentado en autos. Lo anterior, en el entendido que en relación con las constancias que refieren, únicamente consta en el presente sumario el informe justificado rendido por el Registro Público Marítimo Nacional de Guaymas, Sonora, mas no obran anexos del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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