Daniel Alcaraz Félix

Expediente 1613/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1613/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Daniel Alcaraz Félix

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCION III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 206/2021-II, promovido por ******************************, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito depositado en el buzón judicial el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, recibido el veintidós siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y, finalmente, receptado ese mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Adolfo Antonio Ibarra Casas, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y Jueza Primero de lo Familiar, de esta ciudad. Actos reclamados "a).- Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclama la expedición e inclusión de los artículos 435 y 938 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, en lo relativo a que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; así como sus consecuencias legales, por ser inconstitucionales. b).- Del C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclama la promulgación del Código de Procedimientos Civiles de Baja California particularmente la inclusión de los artículos 435 y 938, en lo relativo a que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; y sus consecuencias legales. c).- Del C. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclama la publicación del Código de Procedimientos Civiles de Baja California particularmente la inclusión de los artículos 435 y 938, en lo relativo a que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; y sus consecuencias legales. d).- Del C. JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, se reclama el acuerdo de fecha 26 de febrero de 2021 dictado por la responsable C. Juez Primero de lo Familiar, dentro del cuaderno incidental dentro expediente número 1070/2017, relativo a INCREMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA promovido por la tercero interesada en contra del suscrito, en cuanto a que '...es procedente dar continuidad a la ejecución que nos ocupa, en consecuencia, y en cumplimiento al punto QUINTO resolutivo de la sentencia interlocutoria dictada en autos, gírese atento oficio al C. representante legal de -EATON INDUSTRIES, S. de R. L. de C. V., a fin de que se sirva descontar al C. ADOLFO ANTONIO IBARRA CASAS la cantidad equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de su sueldo, ingresos y toda las demás prestaciones que perciba, previo los descuentos de ley, es decir, disminuyendo primeramente las deducciones derivadas de una obligación legal, que son de carácter permanente tales como la cuota del seguro médico y el impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT), y no la (sic) derivadas de créditos personales, para posteriormente realizar el descuento del porcentaje ordenado y la cantidad resultante deberá ser entregada en forma personal y directa a la señora Joana Priscilla Quintero Martínez o mediante depósito bancario a la cuenta número 29 21 32 76 74 de la institución bancaria BBVA Bancomer a nombre de la señora Joana Priscilla Quintero Martínez; igualmente para que en caso de despido o renuncia le sea descontado el 50% (cincuenta por ciento) de la indemnización o finiquito que pudiere resultar, y esta cantidad sea consignada ante este Juzgado y en este juicio a efecto de asegurar la pensión alimenticia decretada anteriormente, apercibido que en caso de no dar cumplimiento al presente mandato judicial, se hará acreedor a un multa equivalente a CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTIALIZACIÓN (sic) (UMA), en beneficio del Fondo para Mejoramiento de la Administración de Justicia, que se duplicará en caso de reincidencia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de Unidad de Medida y Actualización, en relación con los numerales 320-BIS de Código Civil para el Estado, así como 73 fracción I del Código de Procedimientos Civiles...', y sus consecuencias legales." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a actuar en ese sentido. Tercero. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda relativa, quedando registrada bajo el expediente 206/2021-II; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: -Del Congreso del Estado de Baja California: La expedición del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, específicamente, los artículos 435 y 938. -Del Gobernador del Estado de Baja California: La promulgación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, específicamente, los artículos 435 y 938. -Del Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California: La publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, específicamente, los artículos 435 y 938. -De la Jueza Primero de lo Familiar de esta ciudad: El acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que ordenó la ejecución de la resolución interlocutoria de uno de diciembre de dos mil veinte, que aumentó el monto de la pensión alimenticia a su cargo. Tercero. Partiendo de la premisa de que las leyes no son objeto de prueba, en el ámbito de sus respectivas competencias, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, consistentes en la expedición, promulgación y publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, específicamente, los artículos 435 y 938. De igual forma, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Primero de lo Familiar, de esta ciudad, consistente en la emisión del acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que ordenó la ejecución de la resolución interlocutoria de uno de diciembre de dos mil veinte, que aumentó el monto de la pensión alimenticia fijada a cargo del quejoso, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado y ello quedó corroborado con las documentales consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el incidente de incremento de pensión alimenticia tramitado en el expediente 1070/2017, de su índice, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. No obstante la certeza del acto reclamado consistente en la publicación de las normas reclamadas, atribuida al Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III y VIII, -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, al no reclamarse por vicios propios. Los numerales de referencia disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación sistemática y a contrario sensu de los numerales invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra los actos de refrendo y publicación de normas generales, cuando éstos no se impugnen por vicios propios. Luego, si en el caso, del análisis integral de la demanda de derechos fundamentales, no se advierte que la parte quejosa haya impugnado el acto de publicación de las normas tildadas de inconstitucionales, por vicios propios, pues no formuló conceptos de violación en su contra, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil doscientos cuarenta y ocho, tomo III, libro veintitrés, octubre de dos mil quince, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010097, de rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS." Consecuentemente, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado al Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III y VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de la materia. Quinto. Por ser una cuestión de orden público, se procede al examen de las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambos del Estado de Baja California y Jueza Primero de lo Familiar, de esta ciudad. Así, en su informe justificado la autoridad responsable Gobernador del Estado de Baja California sostiene que, respecto del acto reclamado consistente en la promulgación de las normas reclamadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, ya que dicho acto no se impugna por vicios propios, sino como parte del proceso legislativo correspondiente. No asiste razón a la autoridad responsable, toda vez que -como se explicó en el considerando que antecede- tal motivo de improcedencia únicamente se actualiza respecto de los actos -concretos- de refrendo y publicación de normas generales. Incluso, del propio artículo 108 fracción III de la ley de la materia, se desprende que cuando el quejoso impugne una norma general debe -necesariamente- señalar como autoridad responsable al titular del órgano encargado de su promulgación, sin que dicho señalamiento se condicione a la formulación de conceptos de violación en contra de ese acto en específico. Consecuentemente, atendiendo al principio general del derecho que sostiene que donde la ley no distingue no lo debe hacer el juzgador, se concluye que -como se anunció- la referida causal de improcedencia no opera tratándose del acto de "promulgación" de una norma genera y, por ende, el argumento relativo deviene infundado. Misma conclusión debe alcanzarse respecto de las razones que expone la diversa autoridad responsable Congreso del Estado de Baja California, en cuanto a que el proceso legislativo no se impugnó por vicios propios y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, pues -se itera- dicho motivo sólo se actualiza respecto del refrendo y publicación de las normas. Por otra parte, tampoco se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que -contrario a lo que aduce la responsable Congreso del Estado de Baja California- el quejoso sí acreditó su interés jurídico en el presente juicio. Ello es así, pues en autos quedó comprobado que es parte en el procedimiento judicial de origen, en el que se le condenó al incremento de la pensión alimenticia determinada a favor de su hijo menor de edad y que el veintiséis de febrero del año en curso, con fundamento en los artículos 435 y 938 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, se determinó ejecutar la resolución correspondiente al aumento de pensión, sin fianza y sin que el fallo relativo hubiera quedado firme. Circunstancias que demuestran que al promovente del amparo se le aplicaron los numerales que tilda de inconstitucionales y que el acuerdo reclamado causa una afectación a su esfera jurídica; de ahí que no se surta el motivo de improcedencia invocado. Finalmente, tampoco se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo como lo señala la autoridad responsable Jueza Primero de lo Familiar de esta ciudad, pues no se reúnen la totalidad de los requisitos previstos en dicho numeral. Esto es así, porque para que se surta dicha hipótesis de improcedencia es necesario que concurran las siguientes circunstancias: 1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de dos mil, Novena Época, registro 190665, de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Como se ve, para que se actualice la causal de improcedencia -entre otros requisitos- es necesario que el recurso o medio ordinario de defensa se haya interpuesto en contra del acto de autoridad contra el cual se solicite el amparo. Entonces, si en el caso concreto el recurso de apelación a que alude la Jueza responsable fue interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de uno de diciembre de dos mil veinte y no en contra del acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno (aquí reclamado), es inconcuso que no concurren las circunstancias necesarias para que se actualice la causal invocada; de ahí, lo infundado del planteamiento relativo. En ese orden de ideas, dado que las partes no hicieron valer diversas causales de improcedencia y este órgano jurisdiccional, de oficio, no advierte la actualización de alguna distinta a las ya analizadas, se procede al examen de los motivos de inconformidad. Sexto. El concepto de violación expuesto en contra de los artículos 435 y 938 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, es inoperante, sin que en el caso se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que permita suplir la queja deficiente. En su único motivo de inconformidad, el quejoso sostiene que los numerales aludidos vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, al permitir que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecuten sin fianza, pues el Estado tiene la obligación de garantizar la dignidad de las personas a través del derecho humano al mínimo vital y de acceso a una vivienda adecuada, digna y decorosa. Entonces -explica- los artículos 435 y 938 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, al no prever, como excepción, que las resoluciones sobre alimentos no se ejecuten sin fianza cuando el deudor alimentario esté cumpliendo la obligación respectiva, como en el caso concreto, vulnera su derecho humano a una vida digna. Para apoyar sus consideraciones y explicar el contenido del derecho a acceder a un nivel de vida adecuado, así como del concepto de dignidad humana, cita las tesis de rubros: "DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. SU PLENA VIGENCIA DEPENDE DE LA COMPLETA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROPIOS DE LA ESFERA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS SERES HUMANOS.", "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.", y "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES." Según se anticipó, los anteriores argumentos devienen inoperantes, toda vez que tienden a demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, sustentándose en una situación individual. Para avalar la postura que antecede, de inicio, es oportuno destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley. Dichas consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 88/2003, visible en la página cuarenta y tres, tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de octubre de dos mil tres, Novena Época, registro 183118, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA." Entonces, si en el caso concreto -como se indicó- el quejoso sostiene que las normas reclamadas vulneran el derecho a la dignidad humana, porque no prevén que las resoluciones de alimentos no se ejecuten sin fianza cuando el deudor alimentario, como él, se encuentran cumpliendo con la obligación relativa, es inconcuso que dicho argumento de inconstitucionalidad se sustenta en su situación individual. Ello es así, porque su planteamiento únicamente se sostiene en el hecho de que él está cumpliendo con la obligación de cubrir la pensión alimenticia previamente decretada y, por ende, considera excesivo que se ejecute una nueva determinación de alimentos cuando aún no ha quedado firme, pues refiere que ello afecta su dignidad humana al impedirle acceder a un nivel de vida adecuado y satisfacer sus necesidades básicas. Por tanto, dado que tales afirmaciones, al referirse a situaciones personales del quejoso, no podrían tener el alcance de demostrar la inconstitucionalidad de los artículos reclamados, como se anticipó, devienen inoperantes. Sin que en el caso le reporte algún beneficio las tesis que cita, de rubros: "DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. SU PLENA VIGENCIA DEPENDE DE LA COMPLETA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROPIOS DE LA ESFERA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS SERES HUMANOS.", "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.", y "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.", toda vez que en ellas, sólo se establece el alcance de los derechos y conceptos a que aluden, pero no se obtiene algún razonamiento tendente a establecer porqué, en su caso, la posibilidad de ejecutar resoluciones sobre alimentos sin fianza vulnera esos derechos. En tales condiciones, ante la ineficacia del concepto de violación relativo y sin que se actualice alguna de las hipótesis que permita suplir la queja deficiente, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Baja California, consistentes en la expedición y promulgación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, específicamente, los artículos 435 y 938. Negativa que deberá hacerse extensiva respecto del diverso acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Primero de lo Familiar, de esta ciudad, consistente en el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ya que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de la aplicación de los numerales antes precisados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Adolfo Antonio Ibarra Casas, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando cuarto de este fallo, por los motivos ahí expuestos. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Adolfo Antonio Ibarra Casas, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el último considerando de este fallo, por los motivos ahí indicados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Ana Cecilia Morales Ahumada, Secretaria que autoriza y da fe, hoy treinta de agosto de dos mil veintiuno, en que se terminó de engrosar el presente fallo. Doy fe."

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCION III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, división fiduciaria, EL AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''Tijuana, Baja California, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos de los que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora bien, sin que sea el caso requerir el cumplimiento al fallo protector a la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y Comercio en Tecate, Baja California, en razón a que el veinte de septiembre de este año, se tuvo por recibido el oficio y anexo, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y constancias que remite, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.'' ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE SE DEJAN A SU DISPOSICION LAS CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por ********************, apoderado legal de la parte quejosa, registrado bajo folio 24078 y, como lo solicita, se le tiene autorizando a José Miguel Tuirán Salas, Daniel Esteban Mascareñas Maldonado y Valeria González Au, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como también a Ivonne Patricia Pruneda Guitrón, no obstante que no cuente con cédula profesional registrada ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, ya que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, de la consulta respectiva se obtuvo que cuenta con registro que la acredita como licenciada en derecho y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Yolanda Julieta Rodríguez Solís, Leslie Carolina Hernández Ramírez y Jesús Alfredo Arellano Nieto, por así haberlo solicitado expresamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el siete de agosto pasado, bajo el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Ahora bien, como lo solicita el apoderado legal de la parte quejosa y, atento a la certificación de cuenta, se advierte que de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia de los usuarios siguientes: "********************" y "********************" correspondientes a Daniel Esteban Mascareñas Maldonado y Valeria González Au, en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se acuerda favorablemente el acceso al expediente electrónico del presente juicio. Asimismo, con fundamento en los artículos 3º y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se ordenen en este juicio de amparo, se le practiquen electrónicamente, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 30 ya citado. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de acceso al expediente electrónico y practicar las notificaciones electrónicas. Por otra parte, agréguense a los autos para que obren como corresponda el escrito y anexo presentados por ********************, apoderado legal de la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA LOS AUTOS DE DIECISIETE Y VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Subdirector Médico del Hospital General de Tijuana 1 , mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con dichas constancias dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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