Daniel Alberto Romero Pérez
Expediente 1365/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Daniel Alberto Romero Pérez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días concedido en auto de diecisiete de noviembre del año en curso (fojas 48-50), para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación a la adscripción de la suscrita, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, se les tiene por precluido el derecho que pudieron haber ejercitado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la segunda certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días, que concede el artículo 981 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado dicho auto. Por lo tanto, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existir actuación pendiente por realizar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 4 3 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, acordó la primera adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en sustitución del Juez Raúl López Pedraza, a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós; lo que fue notificado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/721/2022, de veintiséis del mismo mes y año. Ante esa circunstancia, resulta menester hacer del conocimiento de las partes lo relatado en el párrafo que precede por un plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para los efectos legales procedentes; pues de no hacerlo, se actualizaría una violación procesal que ameritaría la reposición del procedimiento. (.).Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad de siete de noviembre del año en curso, realizada por el actuario judicial de la adscripción, en la que hace constar haberse constituido en el domicilio del quejoso *****, a efecto de notificarle el auto de veinticuatro de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por las razones que expone. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso *****, el proveído de veinticuatro de octubre del año actual, el presente acuerdo, así como los subsecuentes, a través de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale uno diverso para tales efectos. Notifíquese al quejoso por lista el presente acuerdo y el de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós . Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de otras autoridades. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1365/2022. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo y de sus anexos, este juzgado advierte que, respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (.).De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional sustancialmente lo siguiente: ACTO RECLAMADO. El oficio ******, emitido el treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se pone del conocimiento del quejoso que deberá entregar el cargo que ostenta como director de la Escuela Preparatoria Número 4 del Estado, con residencia en esta ciudad. Así, en el caso que se estudia, se estima que el acto reclamado resulta improcedente por actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución General de la República, que establecen: (.).De los numerales insertos se advierte que la fracción XXIII del primer artículo referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. Bajo ese orden de ideas, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia por contradicción de tesis 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el Tomo XXXIV, Septiembre de dos mil once que establece: (.).En el caso particular, se obtiene que el promovente *****, reclama sustancialmente de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de otras autoridades de Educación Media del Gobierno del Estado de Chiapas, el oficio ******, emitido el treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se le hizo de su conocimiento que debería entregar el cargo que ostentaba como ******, con residencia en esta ciudad. Así, del primer párrafo del capítulo de antecedentes narrados por el quejoso en su demanda, se desprende que bajo protesta de decir verdad manifestó que de acuerdo al Oficio de Comisión Número ******, de quince de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Coordinador General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda y avalado por la Secretaría de Educación le asignaron el cargo como *****, con residencia en esta ciudad y otorgaron el formato de asignación de comisión a la Secretaría de Hacienda, documento certificado y solicitado por la Secretaría de Educación. En ese sentido, las afirmaciones antes precisadas, se traducen en una confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio al solicitante de amparo. El acto reclamado no deriva de una autoridad con la que el quejoso guarde una relación de supra a subordinación, sino de un plano de carácter laboral. La nota que distingue este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Mientras que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad; por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales y derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Inclusive, si bien el artículo 5o, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. Por ello, para considerar que los actos reclamados equivalen a los provenientes de autoridad y, por ende, reclamables mediante el juicio constitucional, es necesario que sean unilaterales y estén revestidos de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o laboral contractual. Además, conforme a la jurisprudencia citada con anterioridad el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Bajo esa línea argumentativa, para que el acto reclamado pueda ser considerado equivalente a los de autoridad, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos, como el que se reclama en un plano de igualdad, que no implica una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele el carácter de autoridad responsable. Luego, se reitera, si el acto reclamado se hace consistir esencialmente en el oficio *****, emitido el treinta de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se le hizo de su conocimiento que debería entregar el cargo que ostentaba como *****, con residencia en esta ciudad, no tiene la naturaleza de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al no reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, aunado a que no deriva de una relación de supra a subordinación, por ende no le reviste la calidad de un acto proveniente de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, ya que las mismas no actúan con el imperio de su soberanía, sino en su calidad de ente patrón. (.).De ese criterio jurisprudencial, válidamente se puede llegar a concluir que es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda como responsables bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en una relación de coordinación del quejoso con las potestades señaladas como responsables. Además, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre el quejoso con su empleador, como bien pudiera ser la reinstalación como *****, con residencia en esta ciudad, lo cual se pudiera traducir en un problema laboral, en su caso puede ser controvertido, mediante un procedimiento laboral ante la autoridad competente. De ahí que, devenga oportuno concluir que es imposible tener a las autoridades señaladas en la demanda como responsables, bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en la relación laboral de la parte quejosa con esas potestades. (.).En suma, se concluye que las autoridades señaladas en la demanda de amparo carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, motivo por el cual no les resulta el carácter de autoridades responsables. En tal virtud, por lesivos que sean los actos reclamados de los derechos del promovente, en el caso, no es en el juicio de amparo donde debe contrarrestar sus efectos, sino ante la autoridad competente para ello; dado que el acto combatido proviene de la relación laboral entre el promovente como trabajador y las autoridades que señala como responsables. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por *****, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades señaladas como responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. (.).DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, dado que no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. (.).PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. (.).Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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