Daniel Alberto Montiel Pérez
Expediente 562/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Daniel Alberto Montiel Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. II. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.
- Principal
I. Se agrega oficio y escrito. Agréguese el oficio remitido por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, al que anexa el diverso oficio signado por el Magistrado titular de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango y jefa del departamento jurídico de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el siete de junio del año en curso y remite las constancias solicitadas. De igual forma, agréguese el escrito presentado por el quejoso ****, en el cual informa que las autoridades responsables cancelaron el acta de infracción y se le devolvió el documento retenido, siendo esto, la materia de reclamo en el presente proceso constitucional. II. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, del contenido del escrito que allegó la parte quejosa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Ahora bien, el solicitante del amparo atribuye el acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada el siete de noviembre de dos mil veintidós en el expediente administrativo ***, en la que se declaró la nulidad lisa y llana del acta de infracción ** de siete de junio de dos mil veintiuno y se condenó al Agente de Policía Vial *** para que realice las gestiones necesarias para devolver al actor su tarjeta de circulación, a la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango; no obstante, no se le puede considerar autoridad para efectos del juicio de amparo porque su participación consiste simplemente en autorizar y dar fe de los actos de la titular de dicho órgano jurisdiccional, por lo que su intervención está desprovista de imperio y decisión. Apoya la jurisprudencia I.2.P. J/20, visible en la página 87, del Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Así como la jurisprudencia VI.1o. J/62, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 112, del Tomo VIII, Octubre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SECRETARIO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD CUANDO SE LE SEÑALA ÚNICAMENTE COMO FEDATARIO. Es igualmente orientadora la tesis VII.2o.C. J/2, que se puede leer en la página 288, del Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 204360, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De modo que en torno a dicha servidora pública se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que conlleva sobreseer en este enjuiciamiento de garantías con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por otro lado, el ordinal 61, fracción XXI, de la propia Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente legislación de amparo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, que puede ser consultada bajo el registro IUS 196820, o bien en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora bien, como se precisó el quejoso ****** reclama la omisión de las autoridades para dar cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada el siete de noviembre de dos mil veintidós en el expediente ***, en la que se declaró la nulidad lisa y llana del acta de infracción *** de siete de junio de dos mil veintiuno y se condenó al Agente de Policía Vial *** para que realice las gestiones necesarias para devolver al actor su tarjeta de circulación, ya que a la fecha de la presentación de la demanda, aún no se daba cumplimiento a lo anterior. En su informe justificado, la Jefa del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Seguridad Pública manifestó que la infracción *** está cancelada. Para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del oficio **** de veintiocho de abril de dos mil veintitrés dirigido a la Jefa del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Ingresos, en el que reportan una lista de las infracciones con "STATUS" "CANCELADA" en cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, entre las que se encuentra la infracción *** y se señala que la garantía queda a disposición del quejoso en el departamento de estacionómetros, asimismo, remite la constancia de cancelación relativa a la infracción controvertida. Por otra parte, mediante el oficio de cuenta sin número, recibido el día de hoy, se obtiene que la Jefa del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, informó que el quejoso ya acudió a las oficinas de la Unidad Administrativa y le fue entregada su tarjeta de circulación. De manera que la omisión controvertida en esta vía constitucional cesó en sus efectos al haberse dado cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada el siete de noviembre de dos mil veintidós en el expediente administrativo ****, por lo que es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en este juicio de derechos fundamentales conforme a lo previsto en el numeral 63, fracción IV, de la propia legislación. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2024381 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 16/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 888 Tipo: Jurisprudencia "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las diez horas del cinco de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO 2023 se ordena notificar personalmente a la parte quejosa
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende específicamente del informe justificado que la autoridad responsable Jefa del departamento jurídico de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, no remitió debidamente certificadas las constancias anexas al mismo de las que se obtiene que se efectuó la cancelación de la boleta de infracción 26199-21. Por tanto, requiérase a la misma, para que dentro del término de tres días computado legalmente remita dichas documentales con la debida certificación, apercíbasele que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, no se advierte que el quejoso haya comparecido ante las responsables a recoger el documento que le fuera retenido consistente en la tarjeta de circulación; en mérito de ello, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días computado de manera legal, manifiesten si ya se puso a disposición del hoy quejoso la tarjeta de circulación a nombre de Daniel Alberto Montiel Pérez, y en caso de que ya se haya entregado, remitan la constancia que lo acredite; apercíbasele que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá la multa descrita en el párrafo que antecede. II. Diferimiento. En mérito de ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas del cinco de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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