Daniel Alberto Melero Valenzuela
Expediente 2038/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2038/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/04/2023
Partes del expediente
- Daniel Alberto Melero Valenzuela
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de abril de dos mil veintitrés. Firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, procede declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Incidentes. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para devolver. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el (I) Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las probanzas que adjuntó, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva, con lo cual también se da vista a las partes para los efectos legales conducentes. Domicilio. No señaló. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado de mérito. Correo electrónico y teléfono oficiales. Téngase a la autoridad responsable informando que cuenta con el correo electrónico siguiente: amparotae@baja.gob.com, así como el número de teléfono (686) 841 42 90 extensión 8861. Base de datos actuarial. Lo anterior, hágase del conocimiento de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que de inmediato sea integrada dicha información a la base de datos correspondiente. En la inteligencia de que los mismos fueron señalados únicamente para efectos de entablar contacto y comunicación con la misma, no así para recibir notificaciones, por no haberlo solicitado expresamente. Se acusa recibo. Acúsese el recibo correspondiente de dicho informe, vía correo electrónico, a través del correo institucional de este Juzgado Federal, para el caso de no haberse efectuado. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, con rubro y texto siguiente: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguiente: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la parte gestora del amparo (1) Daniel Alberto Melero Valenzuela, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "[.] III-AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con domicilio en Rio Yaqui número 638, esquina Rio Colorado Fraccionamiento las Fuentes de esta ciudad. IV-ACTO RECLAMADO: Expedición de la JUSTICIA LENTA Y RETARDADA, fuera de los términos que señala la Ley del Servicio Civil de Baja California en su numeral 117 y de manera supletoria la Federal del Trabajo en Vigor en el numeral 873, toda vez que en fecha 28 septiembre de 2022 presenté demanda ante el Tribunal de Arbitraje y la cual fue radicada bajo el juicio laboral número 885/2022-111, sin embargo no se me ha emitido acuerdo alguno, respecto de la admisión y/o radicación de la misma en donde se señale día y hora para la celebración de la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES que deberá efectuarse en los 15 días siguientes, situación que no se ha suscitado. [.]" De lo anterior, se puede concluir que la parte quejosa se duele de la omisión por parte del tribunal responsable en radicar la demanda y proveer el acuerdo de programación de audiencia conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 885/2022-III. Además, importa destacar que la fijación de la litis se realiza tomando en cuenta la etapa procedimental en la que se sitúa el juicio natural y de la constancia enviada por la autoridad señalada como responsable se advierte que, en el acuerdo de veintitrés de enero del año en curso, radicó la demanda promovida por el quejoso y proveyó respecto de la audiencia bifásica en el juicio de origen. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Ahora, del oficio y anexo de cuenta, remitidos por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; se advierte que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, radicó la demanda promovida por el quejoso y señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 885/2022-III; por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que está transcurriendo el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que rinda su informe justificado la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; toda vez que el proveído por medio del cual se requirió dicho informe, fue notificado el diez de enero del año en curso. Diferimiento. Por tanto, a efecto de dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se designan las doce horas del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que a la fecha la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local De Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a efecto de que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, y en su caso remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese.
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