Daniel Alberto juárez Piñones

Expediente 1089/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1089/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Daniel Alberto juárez Piñones

Actuaciones

  1. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En atención a su contenido, se tiene al quejoso solicitando la devolución del billete de depósito expedido por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito. En relación a dicha solicitud, dígase al promovente que una vez que transcurra el plazo de seis meses, establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan promover el incidente correspondiente a efecto de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Guillermo Alberto Flores Cano, Secretario de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe. L*Ebv

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 1089/2020-III, promovido por ********************, contra actos atribuidos al 1) Congreso del Estado de Chihuahua y al 2) Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de agosto de dos mil veinte, se depositó en el buzón judicial la demanda de amparo presentada por ********************, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el treinta y uno de agosto del año en curso, la cual fue turnada el uno de septiembre siguiente, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos atribuidos a las autoridades referidas con antelación, por los actos que se precisaran en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de dos de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, bajo el número estadístico 1089/2020-III; se ordenó requerir a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; posteriormente señaló día y hora para la audiencia constitucional. Celebrándose la audiencia constitucional, en sus fases de pruebas y alegatos, el veintiséis de octubre de dos mil veinte, sin la asistencia de las partes. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once, en relación con los numerales 37, primer párrafo y 107, de la Ley de Amparo, y demás disposiciones legales aplicables en todo lo que no contravenga al precepto constitucional señalado, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la normatividad que se cuestiona produce efectos materiales dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que la parte quejosa reclama específicamente lo siguiente: 1. Del H. Congreso del Estado de Chihuahua reclamo: a) La expedición del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en específico su artículo 158. b) La aprobación del Decreto No. LXVI/APLIM/0531/2019 I. P.O. por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2020. c) La aprobación del Decreto No. LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se Aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio o Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua. 2. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, se le reclama la promulgación y la publicación de las normas precisadas en el numeral anterior. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Chihuahua y Congreso del Estado de Chihuahua, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de las disposiciones reclamadas, en su respectivo ámbito de competencia, pues así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes justificados. Además, porque la existencia de los preceptos que se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, ya que basta con que estén publicados en un medio de difusión oficial -como lo es el Periódico Oficial del Estado-, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Es aplicable la jurisprudencia aprobada por contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 205, del tomo XV- I, Febrero de 1995, Octava Época, registro 209107, del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Como se indicó, el peticionario de la protección federal promueve este juicio de amparo, contra el precepto legal referido, con motivo del primer acto concreto de aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, que hace consistir en el pago del impuesto sobre traslación de dominio efectuado el cuatro de mayo de dos mil veinte y su demanda la presentó el veintiuno de agosto del año en curso. Luego, cabe precisar que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a la parte quejosa. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo quinto de la Ley de Amparo, el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte "a quien la norma, acto u omisión producen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Entonces, para acreditar el extremo retenido, reviste importancia destacada el análisis de la factura ******************** expedida por el Municipio de Chihuahua, relativa al pago del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles de fecha cuatro de mayo de dos mil veinte, allegada por el quejoso con el objeto de acreditar el primer acto de aplicación. Cuestión que como se dijo lo coloca en los supuestos normativos establecidos en el Capítulo IV, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, específicamente, su numeral 158, tan es así que por concepto del impuesto tildado de inconstitucional, por la operación traslativa de dominio de bienes inmuebles contenida en la factura ******************** el quejoso cubrió la cantidad de $30,018.00 (treinta mil dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), por lo que resulta válido concluir que le fue aplicada la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, mismo que le causó una afectación real a su esfera jurídica, es claro que acredita el interés jurídico y legítimo para acudir a esta instancia a impugnarlo. Por tanto, si a la parte quejosa se le aplicó la porción normativa en mención que considera violatoria de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, consignados en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, es inconcuso que demuestra su interés legítimo y jurídico para acudir a esta instancia, sin necesidad de agotar recurso alguno en contra de esa aplicación, puesto que de existir, es optativo para la quejosa agotarlo o no, según lo dispuesto en la primera parte del párrafo tercero, de la fracción XIV, del artículo 61, de la actual Ley de Amparo. De ahí, que no se actualice el sobreseimiento que el Congreso del Estado de Chihuahua hace valer en su informe justificado con apoyo en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, ni la causa de improcedencia que hace valer con apoyo en el artículo 61 fracción XII del mismo ordenamiento. Ello, en tanto que las probanzas revelan que el peticionario de amparo, al realizar el pago del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, y al haber sido recibido por la autoridad exactora, se le aplicó la porción normativa prevista en el artículo 158 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad reclamada; por ser la que se cita en el comprobante de pago y, las que trascienden a la esfera jurídica del quejoso, sin que se prejuzgue, si su aplicación es correcta o no, ya que tal hecho no constituye la litis constitucional. Al respecto, y con apoyo en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, se invoca la tesis 2a. CLXXV/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y siete, Tomo XII, Diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señala: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4º., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas.". Así como la tesis 2a. LXX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y cinco, Tomo XVI, Julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y texto señala: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUÉL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso.". También, el Congreso del Estado precisa que en el particular se acredita la causal e improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, toda vez que de los antecedentes de la demanda se advierte que la parte quejosa sobrepasó los quince días que la ley de la materia señala para presentar la demanda de amparo. La anterior causal es infundada, toda vez que la promoción de la demanda de amparo es oportuna, en virtud de que el acto de aplicación tuvo lugar el cuatro de mayo de dos mil veinte, según se advierte de la factura ******************** relativa al pago del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles y la demanda de amparo se presentó el veintiuno de agosto del año en curso, de manera que se encontraba dentro del plazo de quince días para instar la acción constitucional. En principio, es pertinente señalar que el diecisiete de marzo del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, donde determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de la presente anualidad, debido a lo cual implicó que no correrían plazos procesales. Luego, el trece de abril del propio año, el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 6/2020, mediante el cual se reformaron los artículos 1, 3, 4, fracciones I, III, V y VI, y 9, segundo y quinto transitorios; y se adicionaron las fracciones VIII y IX al artículo 4 del referido acuerdo general 4/2020, ampliando la suspensión en su totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al cinco de mayo del año en curso, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus. Después, en sesión de veintisiete de abril del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el diverso Acuerdo General 8/2020, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, mismo que en sus artículos 1, 6 y 10 estipulan la reanudación de la actividad jurisdiccional y resolución de aquéllos casos que se hayan tramitado en línea o físicamente de carácter urgente, o bien, que radicados previamente a la suspensión estén en estado de sentencia o resolución final. Posteriormente, en sesión extraordinaria de veinticinco de mayo del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el diverso Acuerdo General 10/2020, que reforma el Similar 8/2020, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, mismo que en su artículo 1 estipuló dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, durante el período del 6 de mayo al 15 de junio de 2020. Así, se emitió el diverso Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las mismas medidas, aprobado en sesión extraordinaria el 8 de junio de 2020, para el período de la función jurisdiccional del 16 al 30 de junio de 2020; y subsecuente a este acuerdo general, se emitieron los diversos Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020, a través de los cuales se mantuvo el período de vigencia de las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 13/2020, del 16 de junio hasta el 2 de agosto de 2020; para finalmente emitir el Acuerdo General 21/2020, que levantó la suspensión de plazos y términos procesales, reanudando de manera total las labores de los órganos jurisdiccionales, a partir del 3 de agosto de 2020. Lo anterior pone de manifiesto, que la suspensión de labores se decretó a partir del 18 de marzo de 2020, reanudándose los plazos y términos procesales a partir del 3 de agosto del año en curso. De lo que se desprende que si la parte quejosa, aduce en su demanda de amparo, que el acto de aplicación se concretó el 4 de mayo de 2020, entonces, es claro que el plazo de los quince días, inició a partir del día siguiente hábil en que se reanudaron los plazos y términos procesales para presentar la demanda de amparo, es decir, a partir del 4 de agosto y concluiría hasta el 24 siguiente, sin tomar en cuenta los días 8, 9, 15 y 16, 22 y 23 de ese mes y año, por ser inhábiles. Por lo que si la demanda de amparo se presentó por buzón judicial el 21 de agosto de 2020, es evidente que se hizo antes de que concluyera el plazo de los quince días establecido en la ley de amparo, de manera que su presentación fue oportuna. De igual manera, el Congreso del Estado refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, ya que el quejoso de alguna manera aceptó libre y espontáneamente el pago del impuesto de traslación de dominio de propiedad inmueble, (como lo es el mecanismo global aplicado para arribar a la determinación del impuesto que pagó), por lo que dicha conducta debe de entenderse como un consentimiento expreso del acto reclamado. A efecto de apoyar su razonamiento destaca el contenido de las tesis de rubros: "TRATO PREFERENCIAL ARANCELARIO. SI EL QUEJOSO CONTIBUYENTE OPTÓ POR ESTE BENEFICIO, SE ACTUALIZA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS POR DIFERENCIAS DE TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR" y "LEYES. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE, CUANDO SE CONSINTIÓ PREVIAMENTE UNO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, QUE ES CAUSA DE LA APLICABILIDAD DE LOS OTROS" Deviene infundada dicha causal de improcedencia. En efecto, el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Conforme a este precepto legal, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el promovente ha consentido expresamente el acto reclamado o, bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima. Con relación a los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, cabe traer a colación el siguiente criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." (Tesis aislada del Tribunal Pleno publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 139-144, Primera Parte, página trece). Acorde con este criterio, un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto se cita la siguiente tesis: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio." (Tesis P. LXXVI/97 del Tribunal Pleno publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página ciento cincuenta y siete). b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que desde luego, no sería intentado, siendo aplicable por los motivos que la informan la siguiente tesis: "AMPARO CONTRA LEYES. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO. Para que opere el consentimiento tácito de la ley, se requiere la existencia de un acto de aplicación de la misma que agravie a la parte quejosa y que ésta no lo impugne en los términos señalados por la ley. Dicho consentimiento no se actualiza cuando los supuestos actos de sometimiento al dispositivo legal impugnado se producen en beneficio del quejoso, pues atendiendo al contenido de los artículos 4o. y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional presupone la existencia de un acto de aplicación que agravie a la impetrante del juicio de garantías." (Tesis 2a. XX/96 de esta Segunda Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, página doscientos tres). c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. De tal manera que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley; es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Por tanto, la liquidación del impuesto de traslación de dominio que realiza el sujeto obligado para cumplir con sus cargas fiscales, el cual no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio constitucional porque esa observancia puntual de la ley, no puede sancionarse con la supresión del acceso al juicio constitucional, ya que la sumisión al pago de las contribuciones, sea porque pese sobre el contribuyente la amenaza del cobro coactivo o por el estímulo del beneficio de una disminución que premie su pago anticipado, constituyen dos formas de conminar al sujeto pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones tributarias, de manera que ésta actúa para evitar sanciones o para obtener adicionalmente disminuciones en sus pagos, pero no por voluntad propia. Lo anterior se encuentra contenido en la tesis 2a./J. 55/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro: 164615, de rubro y texto siguiente: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO LO ACTUALIZA EL PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA GOZAR DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE SU MONTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 68/97, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE.", sostuvo que si el quejoso presenta demanda de amparo contra una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, tal proceder no constituye una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la norma que establece la contribución, pues dada la naturaleza fiscal de ésta, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada. Ahora bien, la circunstancia de que algunas leyes fiscales ofrezcan a sus destinatarios alguna reducción en las cantidades a enterar por su pago anticipado, esto es, por cubrirlas con anterioridad a la fecha ordinariamente programada para su recaudación, no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio constitucional, ya que al adoptar ese beneficio el sujeto obligado exclusivamente acepta cumplir oportunamente sus cargas fiscales, y esa observancia puntual de la ley no puede sancionarse con la supresión del acceso al juicio de garantías, ya que la sumisión al pago de las contribuciones, sea porque pese sobre el contribuyente la amenaza del cobro coactivo o por el estímulo del beneficio de una disminución que premie su pago anticipado, constituyen dos formas de conminar al sujeto pasivo del tributo para cumplir con sus obligaciones tributarias, de manera que este actúa para evitar sanciones o para obtener adicionalmente disminuciones en sus pagos, pero no por voluntad propia. Consecuentemente, si el juicio de amparo se promueve en tiempo y forma legales, contra el pago anticipado del impuesto predial que el contribuyente se autoliquide, no se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por su parte, el Gobernador del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado, hace valer que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, conforme con el artículo 108 del mismo ordenamiento, pues afirma que la promulgación del Decreto no se impugnó por vicios propios. No se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley, de modo que debe señalarse como autoridad responsable al titular del Poder Ejecutivo que promulgó la ley reclamada, aunque no se impugne por vicios propios; de ahí que la causal de improcedencia invocada resulte infundada. Tiene aplicación al respecto, la tesis (I Región) 8o.7 K (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, publicada en la página 2278, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2017974, que dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EN LA DEMANDA RELATIVA DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LA LEY RECLAMADA, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo tiene que expresarse la autoridad o autoridades responsables y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso debe señalar a los titulares de los órganos del Estado a quienes la ley encomiende su promulgación. Asimismo, establece que no debe llamarse a juicio a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma, si no se impugnan sus actos por vicios propios; no obstante, esta última excepción no se previó tratándose de la autoridad que promulgó la ley. En estas condiciones, es indispensable la participación del órgano promulgador, ya que puede hacer valer los medios de defensa contra la admisión de la demanda, o bien, exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente. Por tanto, debe llamarse a juicio al titular del Poder Ejecutivo correspondiente, como autoridad encargada de la promulgación de la norma reclamada, pues de lo contrario se haría nugatorio el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se le permitiría interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el sumario de derechos fundamentales y, en consecuencia, desconocer la sentencia dictada; de ahí que si el Juez de Distrito admite una demanda de amparo en la que se impugnó una ley y sólo se designó como responsable al Congreso que la emitió, ese proceder viola las reglas fundamentales del juicio de amparo, lo que obliga al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de su revisión a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que el juzgador realice la prevención correspondiente y se subsane la omisión de señalar a la autoridad indicada". Luego, el Gobernador del Estado de Chihuahua, considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, esto, porque el quejoso no agotó el recurso de inconformidad establecido en el arábigo 32 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, que procede contra de la revaluación y actualización de valores catastrales, así también que proceden los recursos ordinarios previstos en los numerales 198 y 199 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua (recursos de revisión y reconsideración). El artículo en mención es del tenor siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Como punto de partida, es oportuno destacar que por regla general, deben agotarse los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo, lo cual es lógico y jurídicamente razonable si se toma en cuenta la naturaleza extraordinaria que caracteriza al juicio biinstancial, que consiste en un procedimiento de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus propios derechos fundamentales, no así en un recurso ordinario contemplado por la legislación local, utilizado por las partes a fin de impugnar algún acto o resolución para obtener su revocación, modificación o, en su caso, nulidad. Sin embargo, esa regla general admite varias excepciones, entre las cuales figura el supuesto de que se trate de un juicio de amparo promovido contra normas generales, como expresamente lo reconoció el legislador federal en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual es optativo para el gobernado agotar los medios de defensa contra el primer acto de aplicación de la disposición legal relativa, o bien, acudir de forma directa a la instancia constitucional. La razón de esta excepción, sin duda, se sustenta en que es contrario a los principios de derecho constreñir a la parte quejosa al sometimiento de las disposiciones de una norma jurídica, cuya obligatoriedad ataca por estimarla contraria al texto constitucional. Por ende, el amparo contra leyes es procedente en términos de los artículos 107, fracción I y 61, fracción XIV, de la ley de la materia, en función de la optatividad dada a la parte inconforme por la Ley de Amparo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Segunda Sala y Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, cuyos rubros, textos y datos de identificación, son los siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTARLO CUANDO SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EMITIDAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. De la interpretación estricta y sistemática de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1o., y 107, fracciones I, inciso g), y II, de la Ley de Amparo, en relación con el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CLVII/2009, (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo no puede interpretarse en el sentido de que el principio de definitividad debe agotarse, indistintamente, respecto de cualquier forma de manifestación del poder (actos, omisiones y normas generales), pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades, y si el legislador no acotó la impugnación de normas generales -sean de la jerarquía que sean- a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que es innecesario hacer valer algún medio ordinario de defensa en caso de que se prevea antes de acudir a la instancia constitucional, sin que esto implique que el quejoso esté impedido para promover el medio de defensa que a su interés legal convenga." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 45, Agosto de 2017, Tomo II. Tesis: 2a./J. 91/2017 (10a.). Página: 1121.) "LEYES, RECURSO QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 181-186, Primera Parte. Página: 252.) Bajo ese contexto, es infundada la causal de improcedencia invocada, en la medida que la parte quejosa acudió a la vía de amparo con el fin de impugnar normas jurídicas vinculadas con el impuesto predial contemplado en las normas reclamadas, razón por la cual opera una excepción al principio de definitividad, porque se insiste, tratándose del juicio de amparo promovido contra normas generales, el particular tiene la opción de agotar los medios ordinarios de defensa en contra del acto relativo, o bien, de acudir directamente a la vía constitucional. QUINTO. En otro aspecto, en lo atinente al acto reclamado consistente en el aprobación y expedición del Decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, quien aquí resuelve considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa carece de interés jurídico al no acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada. El artículo 61, fracción XII de la legislación en consulta, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el sólo hecho de encontrarse en vigor, si no que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando en contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, el quejoso reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, la reclama en su carácter de heteroaplicativa; el citado decreto en su artículo primero establece: "ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, propuestas por el H. Ayuntamiento de Chihuahua, mismas que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, las cuales se anexan al presente Decreto y pasan a formar parte del mismo." Para acreditar el acto de aplicación de los preceptos legales combatidos, el solicitante del amparo, ofreció como prueba de su parte la factura ******************** expedida por la Tesorería del Municipio de Chihuahua, el cuatro de mayo de dos mil veinte, de la que se desprende lo siguiente: DESCRIPCIÓN INGRESO POR IMPUESTO TRASLACIÓN DE DOMINIO. INGRESO POR IMPUESTO UNIVERSITARIO INGRESO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DIF. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA-TD INGRESO EXTRAORDINARIO CAPPSI-TD REDONDEO PERÍODO 2020/2 2020/2 2020/2 2020/2 2020/2 IMPORTE $28,660.00 $1,146.40 $126.74 $42.25 $42.25 $0.36 SUBTOTAL $30,018.00 DESCUENTOS $0.00 TOTAL $30,018.00 Documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anteriormente transcrito, se advierte que el quejoso realizó un pago por concepto del impuesto de traslación de dominio por la cantidad citada. Ahora bien, en relación con el impuesto anteriormente referido, es menester traer a colación el contenido de los artículos 155 a 159 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, que disponen: "ARTÍCULO 155. Es objeto del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, la adquisición de los ubicados en el Municipio, con excepción de la que realicen la Federación, los Estados o Municipios, para formar parte del dominio público o los Estados extranjeros en caso de reciprocidad. ARTÍCULO 156. Son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que adquieran inmuebles o los derechos relacionados con los mismos, a que este capítulo se refiere, ubicados en el Municipio. ARTÍCULO 157. Para los efectos de este impuesto se entiende por adquisición, la que derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad incluyendo la donación, la herencia o la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, con excepción de la que se realice al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; III. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aún cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad; III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido; IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente: V. La fusión de sociedades; VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles y mercantiles; VII. La constitución de usufructo, su extinción o la transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal; VIII. La prescripción positiva; IX. La cesión de derechos del copropietario, heredero o legatario, cuando entre los bienes de la copropiedad o de la sucesión haya inmuebles, en la parte relativa y en proporción a éstos. Se entenderá como cesión de derechos, la renuncia de la herencia o legado, efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios, X. Enajenación a través del fideicomiso; XI. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía de la que le correspondía al copropietario o cónyuge; y XII. La permuta, en cuyo caso, se considerará que se efectúan dos adquisiciones. ARTÍCULO 158. Será gravable del impuesto, lo que resulte mayor de: I. El valor del inmueble cuyo dominio se adquiera y se determine por medio del avalúo que practique la Tesorería Municipal, una institución de crédito o un especialista en valuación debidamente acreditado ante el Departamento Estatal de Profesiones, en base al valor físico del inmueble. El avalúo que se considerará para determinar la base del impuesto, no deberá tener en ningún caso, una antigüedad de un año entre la fecha en que se practique y la fecha en que se realice el entero del impuesto; [Fracción reformada mediante Decreto No. 573-02 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 20 del 8 de marzo del 2003] II. El valor catastral; y III. El valor del inmueble señalado en el acto de adquisición. En las adquisiciones que hubieran sido objeto de una operación anterior a la que se calcula el impuesto, pero sin que entre una y otra medien más de tres años, el valor gravable se determinará deduciendo del valor gravable en adquisición presente el valor gravado de la adquisición anterior. [Fracción I y III reformadas mediante Decreto No. 164 99 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 46 del 9 de junio de 1999] Tratándose de bienes inmuebles cuya adquisición se derive de procesos de regularización de terrenos, promovidos por las diferentes instancias de gobierno, así como de programas de fomento a la vivienda de interés social y popular, se tendrá como base gravable la que resulte menor de las hipótesis establecidas en las fracciones anteriores. Para tales efectos, se entiende por vivienda de interés social aquella cuyo valor al término de su edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 15 la Unidad de Medida y Actualización elevada al año, y por vivienda popular aquella que en iguales condiciones no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 25 la Unidad de Medida y Actualización elevada al año. [Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/FRCLC/0266/2017 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 15 del 22 de febrero de 2017] En cuanto a operaciones que tengan como fin la regularización de la tenencia de la tierra, llevadas a cabo por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, será optativo para el contribuyente acogerse al tratamiento anterior o al avalúo global practicado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, e individualizado en su operación. [Se adicionan dos párrafos mediante Decreto 217-96 publicado en el P.O.E. No. 46 del 8 de junio de 1996] En los contratos de arrendamiento financiero, se pagará el impuesto cuando el arrendatario financiero ejerza la opción de compra en los términos del contrato celebrado. Para los efectos de este impuesto, se considera que el usufructo y la nuda propiedad tienen un valor, cada uno de ellos, del cincuenta por ciento del total de la propiedad. Los avalúos a que se refieren los párrafos anteriores deberán comprender el terreno y las construcciones aun cuando se adquiera únicamente el terreno o las construcciones, salvo que se pruebe que el adquirente edificó con recursos propios las construcciones o que las adquirió con anterioridad habiendo cubierto el impuesto respectivo. [Para la determinación de la base del impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, a que se refiere el Libro II, Título III, Capítulo IV, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, durante el ejercicio fiscal de 2007, se omitirá tomar en consideración la fracción II del artículo 158. Articulo Segundo del Decreto No. 786-06 I P.O., publicado en Periódico No. 103 del 27 de diciembre del 2006] ARTÍCULO 159. La tasa del impuesto es del dos por ciento sobre la base gravable. Tratándose de acciones de vivienda nueva de interés social o popular, la tasa será la que se determine en las leyes de ingresos. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 171-01 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 42 del 25 de mayo del 2002] En aquellos Municipios en que así lo determinen sus leyes de ingresos, cuando la base gravable no exceda de 365 veces el salario mínimo general diario, vigente en la Capital del Estado, la tasa del impuesto podrá ser del 0%. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 850-01 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 38 del 12 de mayo del 2001]." De los preceptos transcritos, se advierte que es objeto del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, la adquisición de los ubicados en el Municipio, con excepción de la que realicen la Federación, los Estados o Municipios, para formar parte del dominio público o los Estados extranjeros en caso de reciprocidad. Asimismo, que son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que adquieran inmuebles o los derechos relacionados con los mismos, a que este capítulo se refiere, ubicados en el Municipio. Además, se advierte que será gravable del impuesto, lo que resulte mayor de: I. El valor del inmueble cuyo dominio se adquiera y se determine por medio del avalúo que practique la Tesorería Municipal, una institución de crédito o un especialista en valuación debidamente acreditado ante el Departamento Estatal de Profesiones, en base al valor físico del inmueble; II. El valor catastral; y III. El valor del inmueble señalado en el acto de adquisición. Ahora, como se precisó con antelación, el artículo primero del decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua, establece que las referidas tablas servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria, durante el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, el Artículo Sexto del citado decreto, establece lo siguiente: "ARTÍCULO SEXTO.- Para la determinación de la base del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, a que se refiere el Libro II, Título III, Capítulo IV, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, durante el ejercicio fiscal 2020, se omitirá la aplicación de la fracción II del artículo 158 del referido ordenamiento jurídico." Énfasis añadido. De lo anteriormente expuesto se colige, que si bien, el quejoso demostró haber realizado el pago del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, lo cierto es que no demostró la aplicación del decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua, pues su propio artículo sexto, señala que durante el ejercicio fiscal dos mil veinte, se omitirá la aplicación de la fracción II del artículo 158 del referido ordenamiento jurídico, relativa al valor catastral del inmueble, y para cuya determinación sirven de base las referidas tablas. En ese sentido, resulta inconcuso, que no se demostró el acto de aplicación del decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua. Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio que se resuelve en lo atinente al decreto LXVI/APTVV/0460/2019 I.P.O. por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veinte, del Municipio de Chihuahua, dado que, como se afirmó, no se demostró que le fueron aplicados. Analizado lo anterior, en virtud de que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a las ya analizadas, se procede al estudio de los restantes actos reclamados. SEXTO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son infundados los argumentos que a manera de conceptos de violación expresados la parte quejosa. A continuación se exponen las razones de ello. En primer término, está demostrado el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veinte, ya que al efecto, la quejosa exhibió la factura ******************** expedida por la Tesorería del Municipio de Chihuahua, el cuatro de mayo de dos mil veinte, a nombre de ********************, donde se advierte que pagó $30,018.00 [treinta mil dieciocho pesos 00/100 moneda nacional], por concepto del impuesto de traslación de dominio. Al respecto, el disconforme argumenta esencialmente, que el artículo 158 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que regula la base gravable del impuesto de traslación de dominio, es violatorio del principio de equidad y proporcionalidad tributaria, de conformidad con el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que considera así, puesto refiere que se deja al arbitrio de la autoridad administrativa la clasificación de los inmuebles dentro de los parámetros establecidos en las tablas, al no estar delimitados con precisión los tipos de construcción y no existir directriz establecida en la ley para realizar alguna clasificación; circunstancia que la deja en estado de indefensión por no estar en posibilidad de determinar qué valor de construcción le corresponde. Como se adelantó, son infundados sus argumentos. Así es, en lo atiente a la trasgresión al principio de proporcionalidad tributaria del artículo 158 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, cabe desatacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la garantía de proporcionalidad tributaria, vinculándola de manera directa e indisoluble con el concepto de capacidad contributiva, de tal manera que ha sostenido que dicho principio constitucional consiste en la obligación de que cada sujeto pasivo deberá contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, es decir, que su aportación al gasto público corresponda a una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza gravada. Así, el principio exige que el impuesto se determine de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, a fin de que contribuyan en forma cualitativamente superior las personas que obtengan ingresos elevados, respecto de los que alcancen medianos o reducidos recursos. De lo anterior se sigue que se cumplirá con la garantía de proporcionalidad tributaria cuando el impuesto sea congruente con la capacidad contributiva de los causantes, la cual debe relacionarse con una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, luego es necesario que exista una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o la tarifa de un impuesto. Conceptos que pueden advertirse así, de las jurisprudencias 109/99 y 10/2003, de rubros respectivos: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS." (Visible en la página 22, del Tomo: X, Noviembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) y "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES." (Visible en la página 144, del Tomo: XVII, Mayo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Ahora bien, el inciso a) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la facultad de los Municipios de percibir sus propias contribuciones a efecto de administrar su hacienda, que se integra con los gravámenes a "[.] la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.". Disposición que adquiere relevancia, pues constituye el fundamento constitucional de los impuestos municipales tales como el predial, mejoras y los traslativos de dominio, cuyo común denominador en este caso lo es la disposición inmobiliaria comprendida en el territorio integrante del municipio. A partir del precepto que antecede los municipios del país cuentan con la legislación necesaria para regular la recaudación de dichos gravámenes, premisa a partir de la cual la actividad jurisdiccional ha efectuado el estudio de éstos en distintas ocasiones y determinado reglas generales atendiendo a los elementos del impuesto que puedan ser comunes, y, particulares para aquellas disposiciones que se distingan en las diversas mecánicas tributarias. Sobre dicha premisa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/2006, analizó el principio de proporcionalidad tributaria del sistema para determinar la base gravable del impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en el artículo 138 del Código Financiero del entonces Distrito Federal, ocasión en la cual, en torno a su naturaleza jurídica, indicó que: "[.] el objeto del gravamen es de los llamados impuestos directos, en razón de que recae concretamente sobre la posesión del inmueble que se adquiere; de aquí que grave una situación normal y permanente; además, porque la transcripción de los artículos 138 y 139 del Código Financiero del Distrito Federal permite constatar que el impuesto de cuenta recae sobre el acto de adquisición de la cosa objeto del gravamen, sin tomar en cuenta la situación de la persona que adquiere el bien inmueble, y que por esa razón se constituye en el sujeto pasivo del impuesto.". De tal manera que conforme a la naturaleza precisada en dicha ocasión, el hecho imponible de este impuesto -la circunstancia fáctica que da pie al nacimiento de la obligación tributaria- está constituida por el acto de adquisición del inmueble respectivo, pues configura la situación jurídica de hecho que el legislador tomó en cuenta para establecer el tributo de cuenta. Una vez establecido que la traslación de dominio es un impuesto directo, debe considerarse que la capacidad contributiva en este tipo de tributos aparece en forma directa e inmediata, pues en términos de la jurisprudencia P./J. 2/2009, "[.] porque son soportados por personas que perciben, son propietarias o poseedoras de ellos [.]". Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1129, del Tomo XXIX, Abril de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA DETERMINAR SI UNA CONTRIBUCIÓN CUMPLE CON ESE PRINCIPIO, ES NECESARIO ATENDER A SU NATURALEZA PARA ESTABLECER LAS FORMAS COMO SE MANIFIESTA LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. La capacidad contributiva no se manifiesta de la misma manera en todas las contribuciones, pues aparece en forma directa e inmediata en los impuestos directos, como los que recaen en la renta o el patrimonio, porque son soportados por personas que perciben, son propietarias o poseedoras de ellos, mientras que en los indirectos la capacidad tiene un carácter mediato como la circulación de bienes, la erogación, el gasto y el consumo, ya que parten de la previa existencia de una renta o patrimonio, y gravan el uso final de toda la riqueza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que refleja indirectamente dicha capacidad. Luego, para determinar si una contribución cumple con el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la naturaleza de dicho tributo a fin de conocer la forma como se manifiesta y modifica la capacidad contributiva." Bajo este panorama, deviene infundado lo expresado por el disconforme, al controvertir sustancialmente la constitucionalidad de la base gravable por estar disociada del objeto del impuesto, pues en principio ha sido reconocida la naturaleza del tributo como directo, tipo en el que la capacidad contributiva de los sujetos se refleja de manera inmediata en sus distintas manifestaciones el ingreso, la propiedad o la posesión; y, si en la especie la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispuso que la hacienda municipal se integrará con las contribuciones que se establezcan por la traslación de los inmuebles, en dicho caso resulta cierto que el objeto constituye la transmisión patrimonial y la manifestación objetiva de riqueza fue el valor del peculio transferido, destacando que atento a la regulación indicada en la Carta Magna, la facultad impositiva de los municipios circunscribe a la propiedad inmobiliaria, no a la monetaria, motivo por el cual la capacidad debe fijarse a través del valor real del bien y no de la transacción, persiguiendo al objeto y no al sujeto. Lo cual se advierte con mayor claridad, de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/2006, en la parte que indica: "En efecto, resulta claro que el legislador, al señalar diversas variantes, a fin de determinar la base gravable para el cálculo del impuesto, considerando el valor más alto que resultara entre el valor de adquisición, el catastral y el comercial obtenido del avalúo practicado, pretendió establecer objetivamente y de acuerdo a la realidad económica, la medición de la capacidad contributiva del sujeto pasivo en la realización del hecho imponible, sobre todo si se toma en cuenta que la transmisión de la propiedad de un inmueble se efectúa mediante actos jurídicos y circunstancias muy diversas, propias del momento y lugar en que se realiza el hecho imponible o generador de la obligación fiscal. --- En efecto, las circunstancias de que el tributo en cuestión esté circunscrito dentro de los llamados impuestos directos y que, además, el hecho imponible se circunscribe al acto mismo de adquisición obligan a sostener que para la determinación de su base gravable no debe atenderse a las características propias del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino al valor real del inmueble materia de la adquisición, en cuanto configura una manifestación efectiva de la capacidad contributiva del adquirente. --- De lo anterior se sigue que la inclusión de diversos sistemas para determinar la base gravable, con la precisión de que ésta se determinará a partir del valor más alto de los ahí establecidos, responde a la necesidad de fijar de manera cuantitativa la manifestación real de riqueza expresada en la adquisición del inmueble, ya que, según lo sostuvo esta Segunda, al fallar, por unanimidad de cuatro votos, en sesión de fecha tres junio de dos mil cinco, la contradicción de tesis 13/2005-SS, la determinación de la base gravable de los tributos aspira a ser la expresión económica de fidelidad y exactitud de la cuantificación del hecho imponible, que a su vez representa una concreción específica de la capacidad contributiva del sujeto del impuesto, lo que explica que, en la especie, tratándose del impuesto sobre adquisición de inmuebles, el legislador haya establecido diversos mecanismos, a fin de desentrañar el valor real del objeto del impuesto, fijar cierta uniformidad y otorgar certeza al contribuyente, al señalar que la base de dicha contribución será el valor más alto entre: el valor de adquisición del inmueble, el valor catastral, o el avalúo que realice la autoridad o las personas registradas o autorizadas por ella, conforme al manual y los lineamientos expedidos por la propia Administración. --- Lo anterior, porque, además, no es posible aceptar jurídicamente que el único valor real sea el de la adquisición, es decir, el precio pagado por el inmueble, pues, como ya se ha dicho, la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas, que no supongan necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, tal cual puede ocurrir, a manera de ejemplo con la donación o la prescripción adquisitiva, la sucesión, la división de la copropiedad o la extinción del usufructo. --- Así, es evidente que tratándose de la adquisición de un inmueble, resulta indispensable la determinación de su valor real, a fin de estar en condiciones de establecer la base gravable para la cuantificación del impuesto correspondiente, sin que para ello se pueda atender únicamente al precio de la operación de adquisición, pues, se insiste, el hecho imponible del impuesto de mérito está circunscrito al acto de adquisición del inmueble, por lo que la definición de su base gravable habrá de estar vinculada estrechamente con el valor real del mismo, haciendo abstracción de las características, de las circunstancias y de las particularidades del adquirente. --- En este orden de ideas, como la adquisición de un inmueble por sí sola refleja capacidad contributiva del sujeto pasivo, es claro que la determinación de la base gravable del impuesto relativo, mediante el valor más alto que se obtenga de cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 138 del Código Financiero para el Distrito Federal, no viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.". En consecuencia, existe congruencia entre el objeto y la base gravable, pues el artículo 155 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que regula el primer elemento del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, establece como hecho imponible la traslación de los ubicados en el municipio; y, el segundo elemento se dispone en el diverso 158, que señala como real capacidad contributiva inmobiliaria el valor real del bien adquirido, siendo objetiva al determinar este último adjetivo a partir de la mecánica que el precepto prevé, ya que se establece como valor real el más alto de los que se establezcan en el avalúo de la Tesorería, el catastral o el fijado en la adquisición. Respecto al principio de equidad tributaria, contrario a lo pretendido por el disconforme, la distinción normativa que contiene el penúltimo párrafo del artículo 158 no transgrede el principio de equidad tributaria, previsto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien, dicho principio se basa en que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una situación idéntica y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, de ahí, que un trato desigual pueda afirmarse como jurídicamente posible, en tanto exista una razón suficiente para efectuar dicha distinción. Ahora bien, la permisión al legislador de efectuar distinciones requiere de que éstas se justifiquen, ello a través de la motivación legislativa empleada para ello atendiendo a las distintas clases, conceptos y características que se refirió en la jurisprudencia P./J. 120/2009, las cuales pueden expresarse en las distintas fases del proceso legislativo, o bien, en el informe justificado al ser sometidas a escrutinio de regularidad constitucional, como así lo indicó la jurisprudencia P./J. 35/2010, e inclusive se señaló en la tesis aislada 2a. XXVII/2009, que su justificación puede deducirse del mismo precepto que establezca la distinción. "Época: Novena Época Registro: 165745 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 120/2009 Página: 1255 MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. Época: Novena Época Registro: 164749 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Abril de 2010 Materia(s): Administrativa Tesis: P./J. 35/2010 Página: 6 NORMAS TRIBUTARIAS QUE ESTABLECEN UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN CIRCUNSTANCIAS SIMILARES. LAS RAZONES TENDENTES A EXPLICARLO PUEDEN EXPONERSE EN EL INFORME JUSTIFICADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el requisito de motivación de los actos legislativos se satisface cuando las leyes se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sin que ello implique que todas y cada una de las disposiciones que integran una ley deban ser materia de una motivación específica. Asimismo, ha considerado que para emitir un juicio de constitucionalidad respecto de normas que establecen un trato diferenciado no es indispensable que en el proceso legislativo se hayan expresado las razones que justifican esa determinación, pues la autoridad jurisdiccional competente deberá analizar tales normas a la luz de los principios constitucionales y atento a los argumentos expuestos por los interesados para determinar si resultan o no contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, si el Poder Legislativo no está constitucionalmente obligado a exponer una motivación específica y concreta para cada precepto, debe dársele oportunidad de expresar los argumentos correspondientes en el informe justificado, los cuales deberán ser atendidos por el juzgador. Sostener lo contrario implicaría dejar inaudita y en estado de indefensión a la autoridad legislativa pues, por una parte, se le exime de la obligación de aportar una motivación específica en el proceso legislativo que culmina con la expedición del ordenamiento legal cuestionado y, por otra, se haría caso omiso de las razones que se aportan en el juicio para justificar la distinción de trato. Cabe precisar que ese proceder dota a los justiciables de mayor seguridad jurídica, pues se logra un mejor control de la regularidad constitucional en la medida en que el órgano jurisdiccional competente contará con más elementos de juicio, lo que le permitirá adoptar una determinación de mayor rigor técnico y jurídico, máxime cuando es el órgano creador de la norma -es decir, el que mejor conoce los motivos tomados en cuenta para su emisión- quien aporta elementos para hacer un análisis constitucional más completo. Época: Novena Época Registro: 167712 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. XXVII/2009 Página: 470 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LEYES QUE DAN TRATO DESIGUAL A SUPUESTOS DE HECHO EQUIVALENTES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LO ESTABLEZCA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquélla actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente. Asimismo, la Segunda Sala de ese Alto Tribunal ha establecido que el principio de igualdad, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio deriva un mandamiento vinculante para el legislador ordinario, que le exige dar trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual. Por tanto, dada la posición constitucional del legislador, en virtud de su legitimidad democrática, no se exige que toda diferenciación normativa deba ser justificada en la exposición de motivos o bien, en todo el proceso legislativo, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable. De lo anterior se concluye, que dicha justificación objetiva y razonable, deberá ser valorada por el órgano de control, ya sea con base en lo expuesto en el proceso legislativo, o bien, con lo expresado en el propio texto de la ley, a efecto de contar con elementos suficientes que le permitan determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados: de ahí que, no será inconstitucional de suyo la norma jurídica que contenga un mandamiento que dé trato desigual a supuestos de hecho equivalentes, cuando el legislador no exprese las razones para ese trato diferenciado en la iniciativa, en los dictámenes, o en general en el proceso legislativo, si resulta un hecho notorio, derivado del texto de la ley, la finalidad que persigue la disposición respectiva, toda vez que fue el propio cuerpo legislativo el que en el ordenamiento jurídico de que se trate, ha consagrado esas razones. A partir de lo anterior, existe una justificación en el sistema normativo del Estado de Chihuahua que permite sustentar la distinción que establece el penúltimo párrafo del artículo 158 en estudio, esto es, existen razones por las cuales el legislador decidió gravar el usufructo y la nuda propiedad empleando como base el cincuenta por ciento del valor del bien. Para ello, es menester considerar en la legislación civil en qué consiste el usufructo y la nuda propiedad. En relación al primer concepto, el artículo 982 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, dispone que es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos, así respecto de un mismo bien existen dos partes que disponen de éste en modo distinto, uno en calidad de propietario quien transmitió el dominio y se reservó la nuda propiedad; y, otro que recibe el beneficio del disfrute del bien ajeno, denominado usufructuario. Dicha situación tiene como característica que ambas partes disponen de derechos sobre un inmueble, empero no de su totalidad. Bajo la anterior premisa, y atendiendo que el impuesto traslativo grava la propiedad inmobiliaria en términos de la fracción IV del artículo 115 Constitucional, el penúltimo párrafo del ordinal 158 en estudio, no transgrede el principio de equidad tributaria, pues atendiendo los conceptos jurídicos a los cuales el precepto otorga un trato distinto, se encuentra justificado ello, ya que la traslación del dominio de un bien existiendo un usufructo sobre éste implica que el titular no podrá disponer de la totalidad del mismo, sino que lo hará con las restricciones inherentes al sujeto que figure en la relación, esto es, si se le transmitió la nuda propiedad no dispone del dominio, o bien, si se le transmitió el usufructo no dispone de la propiedad. De tal suerte que lejos de provocar una situación inequitativa, causa un trato desigual a sujetos desiguales en aras de procurar una contribución proporcional en ambos casos, pues sería injusto que quien dispone únicamente del usufructo o la nuda propiedad pagara la totalidad del gravamen, respecto de un derecho que se le transmitió limitado, situación que denota la existencia de una razón, conforme a la figura jurídica, para justificar el trato distintivo del penúltimo párrafo del artículo 158, de ahí lo infundado de los argumentos del quejoso. Atento a lo anterior, no resultan aplicables al caso concreto la tesis que invocó la parte quejosa en sus respectivos conceptos de violación, virtud a que a través de ellas pretende dar soporte a sus argumentos, los cuales fueron desestimados. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por la disconforme, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. OCTAVO. Notificación de la sentencia. Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 1, fracción IV, del propio Acuerdo, no corren plazos ni términos procesales, por lo que la notificación de la presente resolución se realizará de manera escalonada, a partir de que se normalicen las actividades de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1089/2020-III, promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos destacados en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. La notificación de la presente resolución se realizará en los términos precisados en el considerado octavo del presente fallo.

  3. Principal

    En Chihuahua, Chihuahua, a las diez horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, María Guadalupe Contreras Jurado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida de Claudia Loya Fuentes, Secretaria que autoriza y da fe de sus actos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: i) Gobernador del Estado (fojas 55 a la 57). ii) Congreso del Estado de Chihuahua (fojas 35 a la 52). En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con la documental que el quejoso adjuntó a su demanda (foja 22). En relación con lo anterior, la Juez, acuerda: Con fundamento en el numeral 117 de la mencionada ley reglamentaria, se tienen por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y respecto de la prueba documental antes referida, se tiene desahogada, dada su propia y especial naturaleza, para todos los efectos legales conducentes. Con lo anterior, se da por concluida la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Luego, se pasa a la etapa de alegatos, se hace constar que las partes fueron omisas en hacer manifestaciones; por lo que se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda: La Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. María Guadalupe Contreras Jurado. La Secretaria Claudia Loya Fuentes. (Autorización mediante firmas electrónicas (FIREL).

  4. Principal

    Vistos el escrito presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual formula alegatos y solicita se le expida copia de la resolución respectiva. Con los expresados alegatos hágase relación en la audiencia constitucional, y recíbanse en la etapa correspondiente, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la representación social, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte sentencia en el presente asunto, expídasele copia certificada de la misma, previa toma de razón y constancia de recibo que de su entrega se deje en autos.

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