Daniel Alberto Calderon Romero

Expediente 565/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
565/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Daniel Alberto Calderon Romero
  • Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación Y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social
  • Jefe de Oficina de Servicios Complementarios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social
  • DANIEL ALBERTO CALDERON ROMERO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del juicio de amparo 565/2021-II, tomando en cuenta que transcurrió el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia terminada de engrosar el seis de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia que determinó en su primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Finalmente, en caso de que la autoridad a la que se gira oficio en vía de notificación, se encuentre gozando de su segundo período vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese período vacacional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/5784/2022 de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.Nmtg.

  2. Principal

    PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La negativa de afiliar al quejoso ****** ******* ******* ******* al Instituto Mexicano del Seguro Social, contenida en el oficio 18 90 01 910/100/DSAV/161 de ocho de abril del dos mil veintiuno. Se precisa que no se considera como un acto autónomo la omisión de otorgar a ****** ******* ******* *******, la atención médica que en derecho corresponda, dado que ello se hace depender de la negativa de afiliarlo, pues al no ser derechohabiente se le negó el servicio. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado consistente en la negativa de afiliar al quejoso ****** ******* ******* ******* al Instituto Mexicano del Seguro Social, contenida en el oficio 18 90 01 910/100/DSAV/161 de ocho de abril del dos mil veintiuno, reprochado al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Consejo Consultivo Delegación Morelos, Jefe de Oficina de Servicios Complementarios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado. Además, lo manifestado por las autoridades responsables no fue desvirtuado por la parte quejosa, no obstante que a través de autos de dieciséis y diecisiete de junio del dos mil veintiuno se le dio vista con los informes justificados rendidos por aquéllas, a fin de manifestar lo que a su derecho conviniera, en tanto no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa de las responsables, de ahí que se tiene por inexistente el acto que se reclama. En efecto, en el escrito inicial de la demanda de amparo, exhibió las documentales siguientes: Receta médica con folio 00284. Comprobante para el empleado de periodo de pago del dieciséis al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno (segunda quincena del mes de marzo de la anualidad pasada). Comprobante para el empleado de periodo de pago del uno al quince de abril de dos mil veintiuno (primera quincena del mes de abril del dos mil veintiuno). Comprobante para el empleado de periodo de pago del dieciséis al treinta de abril de dos mil veintiuno (segunda quincena del mes de abril del dos mil veintiuno). Comprobante para el empleado de periodo de pago del uno al quince de mayo de dos mil veintiuno (primera quincena del mes de mayo del dos mil veintiuno). Copia certificada del acta de nacimiento a nombre de ****** ******* ******* *******. Escrito original de cinco de abril del año en curso suscrito por ****** ******* ******* *******. Sobre de correo de México con membrete del Instituto Mexicano del Seguro Social y oficio 18 90 01 910/100/DSAV/161 de ocho de abril del dos mil veintiuno. Ultrasonido a nombre del paciente ****** ******* ******* *******. Orden médica. Nota médica expedida por el doctor ****** ******* ******* *******. Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y el entonces Instituto Federal Electoral a favor ****** ******* ******* ******* y ****** ******* ******* *******. Ahora, debe decirse que aun cuando tales documentales pudieran tener valor probatorio, máxime que no fueron objetadas; cierto es que resultan inidóneas e insuficientes para demostrar que las autoridades responsables mencionadas, intervinieron en el acto reclamado o, en su caso, emitieron, ejecutaron o pretenden ejecutar el acto, que la parte quejosa les atribuye. De igual forma, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Directora del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1 de Cuernavaca, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante de que al momento de rendir su informe haya aceptado la existencia del acto reclamado. Toda vez que del oficio 18 90 01 910/100/DSAV/161 de ocho de abril del dos mil veintiuno, se advierte que fue emitido por el Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Consejo Consultivo Delegación Morelos, Jefe de Oficina de Servicios Complementarios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Directora del Hospital General Regional con Medicina Familiar Número 1 de Cuernavaca, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Lo anterior también se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente a nombre del quejoso ****** ******* ******* *******, del que se advierte el oficio 18 90 01 910/100/DSAV/161 de ocho de abril del dos mil veintiuno. Constancias a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social sostiene que se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de amparo, correlacionado con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo al establecer que el quejoso ****** ******* ******* ******* no cuenta con intereses suficiente para acudir al juicio de amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, o cuando se promueve contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; mientras que el artículo 5 señala que la norma, acto u omisión reclamados deben producir una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 107, fracción I, constitucional prevé uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada" lo que se traduce en que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Ahora bien, en el caso los peticionarios acudieron al juicio de amparo a combatir el oficio el oficio 18 90 01 910/100/DSAV/161 de ocho de abril del dos mil veintiuno, mediante el cual le negaron la afiliación de su progenitor ****** ******* ******* *******. El oficio de mérito fue acompañado a los autos por los solicitantes de amparo, del que se observa que va dirigido al quejoso y en él se le comunica la negativa de afiliar al otro quejoso como su beneficiario. Ello pone en evidencia el interés de los peticionarios en la instauración del sumario constitucional, toda vez que en caso de resultarles favorable la resolución, podría tener incidencia en la determinación que se adoptó con la solicitud de afiliación de un beneficiario a los servicios de seguridad social, de ahí que se considere infunda dicha causal de improcedencia. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora que por auto de siete de noviembre del dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito del quejoso Daniel Alberto Calderón Romero, a través del cual manifestó desistirse de la demanda de amparo, en consecuencia se le requirió para efecto de que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación compareciera antes este órgano jurisdiccional a efecto de ratificará su escrito de desistimiento, en la inteligencia que de no hacerlo así se le tendría por desinteresado al respecto y se proseguiría con la substanciación del presente asunto. En ese tenor, el Secretario hace constar y certifica: que el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, transcurrió del diecisiete al veintidós de noviembre del año en curso, toda vez que fue notificada el quince de noviembre de dos mil veintidós; sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento al mismo. En ese sentido, toda vez que el término concedido al quejoso para que ratificará su escrito de desistimiento ya transcurrió sin que hiciera manifestación alguna, en consecuencia se le tiene por desinteresado al respecto y se continúa con la secuela del presente asunto. Con independencia de lo anterior, esta juzgadora no advierte que opere alguna causa de improcedencia. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa en sus motivos de disenso arguye que la resolución combatida transgrede el contenido de los artículos 1, 4 y 123 Constitucionales. Lo anterior, indica, en razón de que la autoridad responsable realiza actos de discriminación al negarle la afiliación a su progenitor, bajo el argumento que debe de cumplir con más requisitos que los establecidos en el numeral 84, fracción VIII, de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, con lo que se ve limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en el precepto 39 del Código Familiar para el Estado de Morelos en el sentido de estar obligado a bridarle los beneficios de asistencia médica a su progenitor como parte de la obligación alimentaria que dicho numeral le impone. Tales planteamientos son infundados. Como se estableció en párrafos precedentes, el acto reclamado consiste en resolución contenida en la negativa de afiliar al quejoso Jorge Alberto Calderón Gómez al Instituto Mexicano del Seguro Social contenida en el oficio 18 90 01 910/100/DSAV/161 de ocho de abril del dos mil veintiuno. En primer término a fin de justificar la calificativa atribuida a los conceptos de violación expuestos, es menester reproducir el contenido del artículo 4° de la Constitución Federal: "Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución (.)". En el ámbito Internacional, del cual el Estado Mexicano es parte, el Derecho a la Salud se encuentra en los ordenamientos siguientes: Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales: "Artículo 12. 1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Declaración Universal de Derechos Humanos. "Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". Sobre la regulación internacional, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud ha precisado que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente de ausencia de afecciones o de enfermedades. Asimismo, el goce del máximo grado de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud involucra entonces actividades de prevención, promoción y protección, e implica un enfoque integral en donde se incluyen los entornos físico y social, y los demás factores relacionados con la existencia. En el amparo en revisión 173/2008, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a lo dispuesto en el artículo 4° constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Este derecho tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. En este orden el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles; entendiendo calidad como: que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. En este sentido, el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, invocado por la autoridad responsable para sustentar el sentido de la resolución combatida, dispone: "Artículo 84. Quedan amparados por este seguro: I. El asegurado; II. El pensionado por: a) Incapacidad permanente total o parcial; b) Invalidez; c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y d) Viudez, orfandad o ascendencia; III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección. Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior; IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III. Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de éste el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III; V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores; VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional; VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136; VIII. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste, y IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII. Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley". (Lo resaltado es propio). El precepto en cita regula el "SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD", previsto en la Ley del Seguro Social. Así, el marco normativo aplicable al caso, pone de manifiesto que si bien es cierto, existe la posibilidad de que los directamente asegurados (trabajadores) designen como beneficiarios para ser afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social a sus progenitores, es menester que éstos habiten en el mismo domicilio, extremo que no se satisface en la especie, dado que el solicitante de amparo Jorge Alberto Calderón Gómez cuenta con un domicilio distinto al del diverso Daniel Alberto Calderón Romero y no acredita que se encuentre en uno de los supuestos de excepción que establece el artículo 84, fracción VIII de la Ley del Seguro Social. De igual manera, la responsable sostuvo que tampoco, se colmaron los supuestos de excepción en los que -aún sin compartir dicho domicilio- dicha afiliación es permitida, a saber: Por prescripción médica, por virtud de la cual los padres tengan que vivir en una circunscripción territorial distinta al domicilio del asegurado, por razón del clima, altitud etcétera. Por prescripción médica, por tratarse de algún padecimiento contagioso y/o Por la imposibilidad de la convivencia en atención a lo reducido del espacio del domicilio del asegurado. En este sentido, al fundarse la determinación reclamada en la norma antes descrita y motivarse la negativa de afiliación del padre bajo las razones expuestas, se estima que la responsable no transgrede los derechos de la parte quejosa, en razón de que en efecto el solicitante del amparo no demostró que su progenitor cohabita en el mismo domicilio que él o bien que se surta alguno de los supuestos de excepción antes descritos para la procedencia de la dispensa de convivencia familiar; de ahí que resulte válido afirmar que sus conceptos de violación devienen infundados. De esta forma, contrario a los sostenido por la parte quejosa, la autoridad responsable fundó y motivó la resolución que ahora se combate en el contenido expreso del aludido numeral 84 de la Ley del Seguro Social; de ahí, no exista transgresión de las normas invocadas por la parte quejosa al haberse actuado con estricto apego a la legislación que regula el actuar de la autoridad responsable, observando el contenido del precepto que regula expresamente lo concerniente a la solicitud que le fue formulada. Máxime que no obstante de que se le dio vista para que ampliara la demanda respecto de señalar como acto destacado la inconstitucionalidad de la fracción VIII, del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, no lo hizo, lo que impide a esta juzgadora realizar pronunciamiento en torno a la inconstitucionalidad de dicho dispositivo. Es menester precisar, además, que si bien, como se vio todo mexicano goza del derecho a la salud y a la seguridad social, estos deben ser ejercidos, protegidos, garantizados y observados en términos de las disposiciones legales que regulen el ejercicio y disfrute de tal derecho, y no a la libre voluntad del gobernado, sin que ello trasgreda tales derechos, sino que implica su regulación en aras del interés social. De modo tal, que si la Ley del Seguro Social regula expresa y detalladamente los sujetos que tienen derecho a ser afiliados como beneficiarios, y en dicha regulación no se contempla que a los progenitores que no habiten en el inmueble del asegurado, no puede considerarse como una transgresión a los derechos a la salud y seguridad social la negativa de afiliación cuando no se acredita la cohabitación requerida. Se insiste, el ejercicio de estos derechos debe efectuarse en los términos que determinen las leyes aplicables, pues tal goce no es irrestricto al encontrarse regulado por una legislación específica. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio por los actos y autoridades indicados en el considerando segundo, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****** ******* ******* ******* y ****** ******* ******* *******, contra el acto reclamado al Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por las razones señaladas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, el día de hoy seis de diciembre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución ***que en lo conducente dice: PRIMERO. ****. SEGUNDO. ********** se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio por los actos y autoridades indicados en el considerando segundo, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****** ******* ******* ******* y ****** ******* ******* *******, contra el acto reclamado al Titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por las razones señaladas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, el día de hoy seis de diciembre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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