Daniel Adalberto Pereyra Sánchez y Otros.

Expediente 1368/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1368/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2015

Partes del expediente

  • Daniel Adalberto Pereyra Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio 3161/2015, con anexo consistente en el testimonio y el juicio de amparo 1368/2015, remitido por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual allega copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja de trabajo 229/2015, de la que se advierte que los Magistrados integrantes del citado tribunal al resolver declararon infundado el recurso de queja interpuesto por Daniel Adalberto Pereyra Sánchez, en contra del acuerdo emitido el catorce de agosto de dos mil quince, en el que se desechó de plano la demanda del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso de queja que interpone en contra del auto de desechamiento dictado en el presente asunto. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo General 15/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de la nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito, con residencias en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados Tribunales Colegiados, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, debiendo acompañar el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del mencionado recurso. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Daniel Adalberto Pereyra Sánchez, contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1368/2015 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 41, fracción IV, y 105, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en sus artículos 41, fracción IV, y 105, fracción II, antepenúltimo párrafo, lo siguiente: "Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. (.) IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. (.) La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (.) II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. (.) La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo". De los artículos transcritos se advierte que es facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las inconformidades que se planten contra las leyes electorales con la constitución, a través de la acción de inconstitucionalidad; asimismo, esta únicamente puede ser promovida por órganos del Estado. HECHOS En el caso, el acto reclamado se hace consistir en: a) La expedición, referendo y publicación del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promulgado el uno de julio de dos mil quince, específicamente los artículos 16, 22, 24, 37, 38, 66, 114, 239, 261, 277 al 312 de la ley que se combate, debido a que el quejoso los estima inconstitucionales. CONCLUSIÓN Se concluye que en el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano constitucional encargado de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por el poder legislativo, y publicado en la Gaceta Legislativa el uno de julio del año en curso, esto a través de la vía de acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclame la no conformidad de las leyes electorales con la constitución. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 170270 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Constitucional Tesis: P. XVI/2008 Página: 17 LEYES ELECTORALES. NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 41, fracción IV, 99, primer y cuarto párrafos, y 105, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite resoluciones definitivas e inatacables que sólo pueden referirse a la constitucionalidad o legalidad de los actos o resoluciones sometidos a su jurisdicción especializada en materia electoral, pues por exclusión y de manera expresa se estableció que la única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales con la Constitución, es la acción de inconstitucionalidad. Por tanto, si dicho Tribunal carece de competencia para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales leyes, es de concluir que es improcedente el juicio de amparo bajo la premisa de que pueden violar las garantías individuales de los gobernados, ya que el sistema de justicia electoral, contempló una inmunidad parcial respecto a leyes en esa materia, al excluir la intervención de los tribunales de amparo y establecer la acción de inconstitucionalidad como única vía para impugnarlas." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. V. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. VI. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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