Dania Verenice Gálvez Ruano
Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Dania Verenice Gálvez Ruano
Actuaciones
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibido del diverso oficio 9094/2023-ARL de veintiséis de enero del año en curso. 1.1 Acuerdo. Sin que de lo anterior resulte necesario emitir mayor pronunciamiento, toda vez que el veintisiete de enero de este año, se tuvo por no presentada la demanda interpuesta en este asunto y se ordenó su archivo definitivo.
- Principal
1. Constancia de notificación y razón actuarial. Vista la constancia de notificación y razón actuarial que anteceden, se advierte que la quejosa directa ********************quien representa a la menor de iniciales ********************, no ratificó la demanda de amparo interpuesta a su favor. 2. No presentada. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y dada la voluntad manifestada por la parte quejosa ante el funcionario judicial, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas en este asunto. 3. Causa estado. Ahora bien, resulta claro que la parte quejosa al manifestar su voluntad de no ratificar la demanda interpuesta en su favor, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 4. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 5. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 6. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 7. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio número 1501/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, con el cual adjunta la demanda de amparo 80/2023, en virtud de que ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Gabriel Domínguez Bobadilla en favor de ...y de la menor de quien se reserva su identidad para ser identificada a través de sus iniciales A.D.B.G.. 1.1 Competencia. Con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese esta determinación al juzgado declinante. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 80/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Identificación de la menor mediante siglas. Al involucrarse derechos de menores de edad en el presente asunto, se reserva la información de esta en cuanto a su nombre o características, en acatamiento al numeral 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. Por ello, el nombre de la menor de edad será sustituido por siglas cada vez que se requiera señalarlo, por constituir información que puede conducir a revelar su identidad y con ello trasgredir las citadas reglas. Lo anterior, también en cumplimiento al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene como autoridad responsable a la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que es esta la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 4.1 Autoridades que no tienen carácter de responsables. En relación a las autoridades restantes que describe la parte promovente en la demanda de amparo; este órgano de justicia considera ocioso incorporarlas con ese carácter para efectos del trámite del juicio de amparo en cumplimiento al deber de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, en virtud que de acuerdo a la labor propia de este juzgado, corresponden únicamente a la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, las cuestiones migratorias en esta ciudad. De ahí que, este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, considera idóneo desvincular a las diversas autoridades para efectos del trámite del presente juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa este órgano de control constitucional, en suplencia total de la queja en favor de las quejosas en su calidad de migrantes, realice la incorporación de alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 5. Suspensión de plano. No obstante que el Juzgado declinante pronunció una suspensión de plano, este órgano de justicia se pronuncia en los términos siguientes: considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física de las agraviadas, se adoptan como medidas urgentes que debe cumplir la autoridad, las siguientes: 5.1 Cesen de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 5.2 Si la detención de las quejosas fue efectuada por autoridades administrativas, esto es, policiales o de seguridad pública, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestas en libertad o a disposición de la Fiscalía competente. 5.3 Si las quejosas se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsables en la comisión de un delito y por haber sido detenidas en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestas en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que las hoy quejosas hayan sido detenidas en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de las quejosas o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestas en inmediata libertad. 5.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que las quejosas queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar de reclusión correspondiente, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que las quejosas no sean detenidas, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltas a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. iii) Cuando las quejosas ya se encuentren materialmente detenidas por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de las imputadas en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando las quejosas estén siendo procesadas o hayan sido sentenciadas previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto i). Si las quejosas incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 5.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que la autoridad responsable haya efectuado la detención o las tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a las quejosas, desde que fueron detenidas hasta que queden a disposición del representante social. 5.6 No sean exhibidas en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 5.7 Se mantenga a las quejosas en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma. 5.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que sean sometidas. 5.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a las detenidas o aseguradas; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetas, pues tampoco pueden ser contactadas en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidas a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 5.10 Libertad de entrar y viajar en territorio de México. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, esta suspensión de plano está sujeta a dichas modalidades constitucionales (no violatorias de derechos humanos) y serán autoridades administrativas quienes decidirán acerca de los derechos identificados en dicho artículo constitucional. 6. Suspensión de plano relativa a la deportación. El promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación o expulsión que la autoridad responsable pretende ejecutar en contra de las quejosas directas ... Con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor de la quejosa ...y la menor de iniciales A.D.B.G., al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal de los mismos, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que no se les obligue a abandonar el país. Es decir, se abstenga la autoridad responsable de deportar a su lugar de origen a las quejosas, quedando en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa de la parte quejosa, pueda retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se previene a la autoridad responsable que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. 7. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que de pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable para que en el término de veinticuatro horas informen todo lo conducente que pueda servir para la localización de las quejosas, o bien, la causa legal que se lo impida; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 8. Orden de salida de la estación migratoria. Respecto a la solicitud de suspensión contra la omisión de emitir la orden de salida, no se tienen elementos suficientes en este momento procesal para determinar si es procedente o no la medida cautelar. 9. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a fin de localizar a la quejosa ...y la menor de iniciales A.D.B.G..; una vez localizadas, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, lo siguiente: 9.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 9.2 Dé fe del estado físico de las quejosas al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlas sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 9.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra las quejosas. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 9.4 Requiera a las quejosas para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Además, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le notificarán por lista de acuerdos. Se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgador para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 10. Atención médica. Una vez que el Actuario tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a las quejosas y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellos, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 11. Autorizados para notificaciones. Se tiene por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Gabriel Domínguez Bobadilla, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 12. Correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte promovente señalando como correo electrónico y número telefónico los que señala en su escrito de cuenta, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales. 13. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 14. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 15. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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