Dania Chagala Pucheta
Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dania Chagala Pucheta
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vistos; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se determina: El auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). (...) Notifíquese..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz. Regístrese con el número 83/2021-III. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En este orden de ideas, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V, de la ley de la materia. Prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos de ejecución reparables no tocan, por sí, tales valores. Sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte el acto reclamado es: - Los acuerdos de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve y once de noviembre de dos mil veinte, emitidos en el juicio laboral 974/2018, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz. Notificados el dieciocho de enero de dos mil veintiuno. La narrativa de antecedentes y conceptos de violación, permite advertir que, básicamente, la quejosa refiere el tribunal responsable -en los actos reclamados- no dio valor a las objeciones formuladas por su apoderado legal en relación con las pruebas presentadas por la parte demandada. Igualmente, que se violan sus derechos humanos con motivo del desechamiento de los medios probatorios ofrecidos por el citado apoderado. Precisado lo anterior, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos no tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos. Se trata de un reclamo meramente procedimental y el cual no lo deja sin medios de impugnación. Tal acto no afecta derechos sustantivos de la peticionaria de derechos humanos. Asimismo, el acto aquí reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata en todo caso de una violación adjetiva dentro del procedimiento. Se destaca que esos aspectos relacionados con violaciones procesales, en su caso, podrán controvertirse en el amparo directo, siempre que las actuaciones practicadas en él afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado de la sentencia, en términos del artículo 172, fracciones III y VII, de la Ley de Amparo. Lo reclamado no deja sin defensa a la promovente por no ser de aquellos cuya ejecución deba estimarse de imposible reparación. No afecta de manera directa sus derechos sustantivos. El perjuicio que le pudiera ocasionar será reparado en caso de obtener sentencia favorable. De ser ésta contraria a sus intereses, estará en aptitud de impugnar esas violaciones en el juicio de amparo directo que se accione en contra del aludido fallo, por así disponerlo el artículo 171 de la Ley de Amparo. Aunado a que -de dicho numeral- se deduce que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, que dicten los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellas o, durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En cualquiera de los casos análogos a los ahí señalados cuya afectación sea meramente adjetiva. En el caso concreto, al tratarse de acuerdos que versan sobre la admisión, desechamiento y desahogo de medios probatorios ofertados por las partes, la quejosa podrá atacarlas, como se dijo, en términos del precepto 172, fracciones III y VII, de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional. Resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones, la lista de acuerdos de este Juzgado de Distrito. AUTORIZADOS. Dese intervención como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Luna Texna y Juan Pablo Luna Leal, por ser un asunto de naturaleza laboral en el que se desprende la quejosa es la parte trabajadora. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que la partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 -y el 25/2020 que lo modificó-, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacer el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista de acuerdos.
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