Daney Yadira Hernández García

Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
278/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Daney Yadira Hernández García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Daney Yadira Hernández García, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "V I S T A la demanda de cuenta, téngase a Daney Yadira Hernández García, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Unitaria de lo Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas y Juez Mixto de Primera Instancia de lo Familiar del Octavo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, y de otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, fórmese expediente y regístrese bajo el número 278/2021. Ahora, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto la parte quejosa hace consistir como acto reclamado lo siguiente: "De la Autoridad señalada como Responsable C. Magistrado de la Octava Sala Unitaria de lo Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reclamo la Resolución Número 4-cuatro, de fecha 29- veintinueve de enero de 2021 dos mil veintiuno, dictada dentro del Toca 7/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la suscrita quejosa DANEY YADIRA HERNÁNDEZ GARCÍA, en contra de la resolución incidental de nulidad de diligencias de notificación del 13 trece de octubre de 2020 dos mil veinte, dictada por el Juez de Primera Instancia Mixto, del Octavo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Xicoténcatl, dentro del expediente 150/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado, promovido por SERGIO SÁNCHEZ MORALES, en contra de DANEY YADIRA HERNÁNDEZ GARCÍA la que fue dictada con parcialidad, dogmatismo, quebrantando mis Garantías Individuales, de Derechos Humanos, de una Administración Expedita e Imparcial, Legal, equidad, Seguridad y Certeza Justicia, así mismo se les reclamando las consecuencias jurídicas y materiales que se deriven de sus respectivos acto de Autoridad y molestias ulteriores derivados de dicho actos.". En aras de contribuir a una mejor comprensión del presente asunto, es pertinente atender a los antecedentes que narra la promovente bajo protesta de decir verdad, que son los siguientes: Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de lo Familiar del Octavo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Xicoténcatl, Tamaulipas, por auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se dio trámite al juicio de divorcio incausado Civil, promovido por Sergio Sánchez Morales, en contra de la aquí quejosa. Que el once de septiembre de dos veinte, el Secretario de Acuerdos en funciones de Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, se constituyó en el domicilio de sus abuelos, a efecto de notificar, correr traslado y emplazar a la promovente. Asimismo, manifiesta que Sergio Sánchez Morales en forma maliciosa señaló el domicilio de sus abuelos para que se llevara a cabo la diligencia de notificación de emplazamiento, el cual es domicilio conocido del Ejido Azteca, de Gómez Farías, Tamaulipas, siendo que desde julio del año próximo pasado, ella ya no reside en esa dirección. Por lo anterior, promovió incidente de nulidad sobre la diligencia de emplazamiento, el cual fue admitido el veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Posteriormente, por resolución de trece de octubre del mismo año, se declaró improcedente el incidente de nulidad de diligencia de notificación de emplazamiento promovido por la quejosa. Inconforme con dicha determinación, interpuso en su contra recurso de apelación el que correspondió su conocimiento al Titular de la Octava Sala Unitaria de lo Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante resolución número 4 (cuatro), de veintinueve de enero del año en curso, dentro del toca 7/2021, confirmó la resolución apelada. Ahora, analizado dicho acto, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, toda vez que fue emitido dentro de juicio, y no tiene efectos de imposible reparación, como se pasa a exponer. Los citados preceptos, en lo conducente señalan: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En efecto, el último precepto citado establece que el amparo biistancial procede contra actos dictados dentro de juicio, sólo cuando sean de imposible reparación, y explica que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior se deducen las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva "procesales", estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite resolución -de fondo o no- que dé fin al procedimiento respectivo; momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En efecto, de los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combatan, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana. ...Además, cabe reiterar que para establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de actos de imposible reparación, debe atenderse únicamente a lo establecido por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, ya que define a los actos de imposible reparación, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, una violación procesal, como la que nos ocupa, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En ese tenor, el acto reclamado por la parte quejosa, lo hace consistir en la resolución número 4 (cuatro), de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por la cual se confirma la diversa resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento, dictada por el Juez responsable, dentro del Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Incausado 150/2020. Tal determinación reclamada no es impugnable en amparo indirecto, ya que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ello el que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; en consecuencia, no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo biinstancial. Se sostiene lo anterior, porque la determinación de que se trata, en todo caso no constituye más que una violación intraprocesal, cuyas consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, pues el hecho de que la autoridad responsable, haya confirmado la diversa resolución de trece de octubre de dos mil veinte, que declarado improcedente el incidente de nulidad de diligencia de notificación de emplazamiento, con ello únicamente se afectan derechos adjetivos que son susceptibles de reparación, pues si obtiene sentencia favorable, la violación no trascenderá al resultado del fallo en su perjuicio; y de ser adverso tendrá sus derechos expeditos para hacerlos valer, en la vía correspondiente. ...En suma, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución; es de concluirse que la determinación en estudio, impugnada por la parte quejosa, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo en el cual podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Por las razones apuntadas, se torna claro que se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. ...Notifíquese personalmente a la promovente."

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo y 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Encargado del Despacho de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal de Mante, Tamaulipas, por el cual rinde informe dentro del presente incidente; en cumplimiento del oficio 5398/2021, de diez de febrero del año en curso, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese.

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