Danay de la Caridad Solenzal Sanchez

Expediente 666/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
666/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
  • Danay de la Caridad Solenzal Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    El tres de noviembre de dos mil veintidós, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que No existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veinticinco de agosto al siete de septiembre, ambos de dos mil veintidós; sin que hubiera interpuesto recurso de revisión contra la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia, emitida dentro del juicio de derechos en que se actúa. No se tramitó incidente de suspensión, toda vez que se concedió de plano. Sí existe dos tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable Jefe del Departamento Jurídico de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, que establece el tratamiento para los expedientes con suspensión de plano; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia pero se concedió la suspensión de plano. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; dentro de los noventa días siguientes, llévese a cabo su depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Jefe del Departamento Jurídico de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, dos tomos de pruebas que remitió, uno adjunto a su informe justificado y otro en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de doce de agosto de dos mil veintidós Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    El veintidós de agosto de dos mil veintidós, José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado certifica: Que el término de tres días hábiles concedido por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, a la parte quejosa para que proporcionara la denominación correcta de las autoridades responsables Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria del Estado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración; y, Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; transcurrió del dieciséis al veinte de junio de dos mil veintidós, al haber quedado notificado el catorce de junio anterior y sin que lo haya hecho, lo que se hace constar para los efectos legales que conducentes, doy fe. En la misma fecha se da cuenta con una promoción registrada con folio 15499, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días hábiles concedido por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, a la parte quejosa para que proporcionara la denominación correcta de las autoridades responsables Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria del Estado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración; y, Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; transcurrió del dieciséis al veinte de junio de dos mil veintidós, al haber quedado notificado el catorce de junio anterior y sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, por lo que se ordena tener a dichas responsables por inexistentes en el presente asunto. Por otra parte, se tiene recibida la promoción signada por el Jefe del Departamento Jurídico de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, mediante la cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de doce de agosto de la anualidad que transcurre, remite copias certificadas de los procedimientos administrativos instaurados en contra de los quejosos en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 119, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su comunicado; mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan; con las que se ordena formar un tomo por separado debido a su voluminosidad. Ahora bien, una vez impuesto este juzgador de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En efecto, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclamaron: ACTOS RECLAMADOS: De lo expuesto tenemos que, los quejosos primordialmente reclaman el aseguramiento, alojamiento y/o detención en la Estación Migratoria de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente, dichos actos como aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración . Lo anterior encuentra apoyo en los criterios siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, con relación a los actos ya precisados, se advierte que el veintiséis de abril de abril del año en curso, la autoridad responsable permitió el egreso de los quejosos con la única condición de acudir a firma los días y horas ahí precisados, a las instalaciones de la Delegación en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, con el fin de continuar con su procedimiento administrativo. Asimismo se les hizo del conocimiento que de incumplir con las condiciones fijadas para autorizar su egreso, se emitiría la alerta migratoria correspondiente, tal como lo dispone el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración. La documental de cuenta merece valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser documentos públicos suscritos por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por los quejosos, en razón a que el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ordenó el egreso de los quejosos de referencia, a fin de que continuaran con el procedimiento administrativo que se les sigue, en libertad. Asimismo, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el jefe de departamento de control migratorio del Instituto Nacional de Migración, delegación Estatal Zacatecas, puso fin a los procedimientos migratorios instaurados en contra de los aquí quejosos, por los motivos expresados. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados en este juicio, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque fueron egresados de las instalaciones de dicha delegación estatal; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a las amparistas, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el veintidós de abril de dos mil veintidós, inhabilitó los efectos de los actos reclamados; debe considerarse que han sido destruidos los efectos de los actos tildados de inconstitucionales en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, su retención en dichas oficinas migratorias, si éstos ya fueron puestos en libertad y, posteriormente, se dieron por concluidos los procedimientos administrativos correspondientes. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d) de la ley de amparo se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA con relación a los actos reclamados por los quejosos Danay de la Caridad Solenzal Sánchez, Reynier Hernández Caztañeda, Betty Rocha Gómez, Claudia Moreno Hera, David Montesino Morales, Lázaro Díaz Pérez, Reinaldo Acosta Hernández, Daniela María Leyva Conde, César René Santo Ramírez, Onel Mendoza Valdez, Aliany Rodríguez Ortega, Rafael Antonio Pérez Leyva, Yoel Fernández Inclán, Stefany Leonor Calero García, Yoel Alain Fernández Quiñones, Eddys Yoel Fernández Quiñones, Kathery de la Caridad Fernández Fernández, Henrry González Sánchez, Duniel García Batista, Danier Sánchez Primelles, Daniel Fuentes González y Lázaro Rafael Reyes Suárez, precisados en esta determinación. Consecuentemente, se deja sin efecto legal la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas del nueve de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a doce de agosto de dos mil veintidós, el licenciado José Luis Cuevas Nolasco, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las nueve horas con cinco del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. EL SECRETARIO. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con cinco minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto; sin embargo, la autoridad responsable Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado no remitió las constancias relativas al procedimiento administrativo seguido en contra de los quejosos. Las anteriores constancias resultan necesarias para la emisión de la resolución respectiva, por tanto, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, y 117, ambos de la ley que rige el juicio constitucional, requiérase a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados, remita a este órgano jurisdiccional las constancias que integran el procedimiento administrativo migratorio instaurado en contra de los quejosos Danay de la Caridad Solenzal Sánchez, Reynier Hernández Caztañeda, Betty Rocha Gómez, Claudia Moreno Hera, David Montesino Morales, Lázaro Díaz Pérez, Reinaldo Acosta Hernández, Daniela María Leyva Conde, César René Santo Ramírez, Onel Mendoza Valdez, Aliany Rodríguez Ortega, Rafael Antonio Pérez Leyva, Yoel Fernández Inclán, Stefany Leonor Calero García, Yoel Alain Fernández Quiñones, Eddys Yoel Fernández Quiñones, Kathery de la Caridad Fernández Fernández, Henrry González Sánchez, Duniel García Batista, Danier Sánchez Primelles, Daniel Fuentes González y Lázaro Rafael Reyes Suárez; dentro de las cuales a la vez obren el cumplimiento dado a la libertad decretada a favor de los quejosos en acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós y comunicado mediante oficio 13723, en virtud de ser necesarias para resolver el fondo del juicio de amparo en que se actúa. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados, o no externar los motivos legales que les impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razones, en la tesis del contenido siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del quince de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  4. Principal

    El doce de julio de dos mil veintidós, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico: Que se encuentra fijada para las diez horas con cinco minutos del día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con una promoción registrada con folio 13682; con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dese vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngaseles vertiendo manifestaciones en vía de alegatos, mismos que serán tomados en cuenta en el momento procesal oportuno. Además, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y de conformidad con el numeral 9 de la ley de la materia, como delegados a los profesionistas que indica en su informe de Ley. En consecuencia, para dar margen a que las partes se impongan del informe justificado que se agrega, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del trece de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

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