DANAELL ITURBIDE CABRERA y Otros.

Expediente 890/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
890/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • DANAELL ITURBIDE CABRERA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que concluyó el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciséis de agosto de este año, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes

  2. Principal

    Oficio emitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia. Informa las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto. Ahora, en atención al contenido de las constancias remitidas por la responsable se requiere a *** agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad para que en el término de tres días informe a este órgano jurisdiccional el resultado de la orden de citación que giró a *** para el once de agosto pasado. Con independencia de lo anterior, se requiere a las responsables a fin de que continúen con las gestiones necesarias para dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir a este juzgado de Distrito de manera inmediata las constancias que así lo acrediten. Apercibidos que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa -a cada una-equivalente a doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintidós, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente; el cual equivale a $24,055.00 (veinticuatro mil cincuenta y cinco pesos), que es el resultado de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), por doscientos cincuenta días de salario.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 890/2022. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En los preceptos antes trascritos está previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente, o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su sustanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En la especie, la demanda de amparo presentada por ********************, no contiene firma autógrafa conforme a la certificación secretarial de cuenta. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de ********************, para acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, con la firma autógrafa, las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente. En ese contexto, en atención a los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada con firma facsimilar. Se precisa que las promociones que carecen de firma, como en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se está avalando mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, por lo que este juzgador está impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de dicho libelo. En tales condiciones, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa y electrónica no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a *** toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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