Dana Patricia Linares Valdés
Expediente 565/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 05/04/2021
Partes del expediente
- Dana Patricia Linares Valdés
- Carlos Fabián Linares Silva
- Teresa Berenice Valdés Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
III.- se reanuda la tramitación del presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que se emite el presente acuerdo hasta el día de hoy, en virtud de las medidas de ampliación de plazos para la reanudación escalonada establecido en el punto 17 del apartado II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 2°, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19; cuya fecha límite se fijó para el quince de marzo de dos mil veintiuno. Así, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Mediante sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Teresa Berenice Valdés Hernández en beneficio de sus menores hijos de identidad reservada, contra los actos reclamado a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que: ".para el efecto de que la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, realice lo siguiente: A. Deje sin efectos la resolución de diecinueve de agosto de dos mi veinte, emitida en el Toca 243/2020; B. En cumplimiento a los lineamientos expuestos en párrafos que anteceden, dicte otra, en la cual: B.1. Deje intactas las consideraciones relativas a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor. B.2. En el sentido más amplio de protección a los menores de identidad reservada, de manera fundada, motivada, exhaustiva y congruente, ordene al Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, dejar insubsistente el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 324/2020, en el que -previo pronunciamiento sobre el cumplimiento que dé a lo considerado por la Sala responsable respecto a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor- se pronuncie sobre la pertinencia e idoneidad de las pruebas ofrecidas por las partes en beneficio de los menores, e incluso se pronuncie sobre aquéllas que no hubieran sido ofertadas y que considere que puedan aportarles un beneficio todavía mayor a los citados menores, de acuerdo a los criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, así como a todos los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano. B.3. Ordene que los progenitores Teresa Berenice Valdes Hernández, Carlos Fabián Linares Silva Cordero, la madre de éste, Patricia Silva Cordero, así como los menores de edad de identidad reservada, de manera urgente tomen tratamiento psicológico y terapéutico de manera conjunta o separada, con un enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos. B.4. En el entendido de que el seguimiento y evolución de dicho tratamiento deberá ser vigilado por el Juez responsable y en caso de incumplimiento deberá hacer efectivas las más estrictas medidas de apremio, como la prevista en la fracción V del artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas y, en caso de que se haya impuesto dicha medida y de no ser cumplimentada la determinación judicial, previo apercibimiento, deberá proceder contra la parte rebelde por el delito de desobediencia; en aras de salvaguardar el interés superior de los menores, demostrando que las circunstancias que ponderó en su determinación, hacen más probable que los menores se encuentren mejor, pues el sólo hecho de que los menores permanezca separados de uno de sus progenitores, hace que se profundice en ellos el sentimiento de pérdida que se dio por la separación de sus padres. Lo que ya no formará parte del cumplimiento de la presente ejecutoria conforme lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo.". En ese tenor, mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de que se trata y se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la misma. Así, mediante oficios con registro interno 13494 y 14215, la autoridad responsable Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, remitió copias certificadas del auto de veintitrés y sentencia de treinta, ambos de noviembre de dos mil veinte, relativos al toca 243/2020, de lo que medularmente se advierte: El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veinte, emitida en el toca 243/2020. El treinta de noviembre del mismo año, emitió una diversa en la que modificó el auto de veintiuno de abril de dos mil veinte, emitido por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, dictado en el expediente 324/2020, pero dejando intactas las consideraciones relativas a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor. Asimismo, ordenó al citado juez, dejar insubsistente el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, también emitido en el expediente 324/2020, en el que -previo pronunciamiento sobre el cumplimiento a lo considerado por la sala respecto a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor- se pronuncie sobre la pertinencia e idoneidad de las pruebas ofrecidas por las partes en beneficio de los menores, e incluso se pronuncie sobre aquéllas que no hubieran sido ofertadas y que considere que puedan aportarles un beneficio todavía mayor a los citados menores, de acuerdo a los criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, así como a todos los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano. De igual forma, ordene que los progenitores Teresa Berenice Valdes Hernández, Carlos Fabián Linares Silva Cordero, la madre de éste, Patricia Silva Cordero, así como los menores de edad de identidad reservada, de manera urgente tomen tratamiento psicológico y terapéutico de manera conjunta o separada, con un enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución de diecinueve de agosto de dos mi veinte, emitida en el toca 243/2020 y emitió una diversa en la que dejó intactas las consideraciones relativas a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor; asimismo, de manera fundada, motivada, exhaustiva y congruente, ordenó al Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, dejar insubsistente el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 324/2020, en el que -previo pronunciamiento sobre el cumplimiento que dé a lo considerado por la Sala responsable respecto a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor- se pronuncie sobre la pertinencia e idoneidad de las pruebas ofrecidas por las partes en beneficio de los menores, e incluso se pronuncie sobre aquéllas que no hubieran sido ofertadas y que considere que puedan aportarles un beneficio todavía mayor a los citados menores, de acuerdo a los criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, así como a todos los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano y ordene a los progenitores Teresa Berenice Valdes Hernández, Carlos Fabián Linares Silva Cordero, la madre de éste, Patricia Silva Cordero, así como los menores de edad de identidad reservada, de manera urgente tomen tratamiento psicológico y terapéutico de manera conjunta o separada, con un enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos; por lo que los efectos de la sentencia concesoria de amparo se encuentran colmados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquella coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
- Principal
COMO SE ORDENÓ SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: III.- se reanuda la tramitación del presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que se emite el presente acuerdo hasta el día de hoy, en virtud de las medidas de ampliación de plazos para la reanudación escalonada establecido en el punto 17 del apartado II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 2°, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19; cuya fecha límite se fijó para el quince de marzo de dos mil veintiuno. Así, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Mediante sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Teresa Berenice Valdés Hernández en beneficio de sus menores hijos de identidad reservada, contra los actos reclamado a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que: ".para el efecto de que la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, realice lo siguiente: A. Deje sin efectos la resolución de diecinueve de agosto de dos mi veinte, emitida en el Toca 243/2020; B. En cumplimiento a los lineamientos expuestos en párrafos que anteceden, dicte otra, en la cual: B.1. Deje intactas las consideraciones relativas a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor. B.2. En el sentido más amplio de protección a los menores de identidad reservada, de manera fundada, motivada, exhaustiva y congruente, ordene al Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, dejar insubsistente el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 324/2020, en el que -previo pronunciamiento sobre el cumplimiento que dé a lo considerado por la Sala responsable respecto a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor- se pronuncie sobre la pertinencia e idoneidad de las pruebas ofrecidas por las partes en beneficio de los menores, e incluso se pronuncie sobre aquéllas que no hubieran sido ofertadas y que considere que puedan aportarles un beneficio todavía mayor a los citados menores, de acuerdo a los criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, así como a todos los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano. B.3. Ordene que los progenitores Teresa Berenice Valdes Hernández, Carlos Fabián Linares Silva Cordero, la madre de éste, Patricia Silva Cordero, así como los menores de edad de identidad reservada, de manera urgente tomen tratamiento psicológico y terapéutico de manera conjunta o separada, con un enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos. B.4. En el entendido de que el seguimiento y evolución de dicho tratamiento deberá ser vigilado por el Juez responsable y en caso de incumplimiento deberá hacer efectivas las más estrictas medidas de apremio, como la prevista en la fracción V del artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas y, en caso de que se haya impuesto dicha medida y de no ser cumplimentada la determinación judicial, previo apercibimiento, deberá proceder contra la parte rebelde por el delito de desobediencia; en aras de salvaguardar el interés superior de los menores, demostrando que las circunstancias que ponderó en su determinación, hacen más probable que los menores se encuentren mejor, pues el sólo hecho de que los menores permanezca separados de uno de sus progenitores, hace que se profundice en ellos el sentimiento de pérdida que se dio por la separación de sus padres. Lo que ya no formará parte del cumplimiento de la presente ejecutoria conforme lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo.". En ese tenor, mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de que se trata y se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la misma. Así, mediante oficios con registro interno 13494 y 14215, la autoridad responsable Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, remitió copias certificadas del auto de veintitrés y sentencia de treinta, ambos de noviembre de dos mil veinte, relativos al toca 243/2020, de lo que medularmente se advierte: El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veinte, emitida en el toca 243/2020. El treinta de noviembre del mismo año, emitió una diversa en la que modificó el auto de veintiuno de abril de dos mil veinte, emitido por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, dictado en el expediente 324/2020, pero dejando intactas las consideraciones relativas a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor. Asimismo, ordenó al citado juez, dejar insubsistente el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, también emitido en el expediente 324/2020, en el que -previo pronunciamiento sobre el cumplimiento a lo considerado por la sala respecto a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor- se pronuncie sobre la pertinencia e idoneidad de las pruebas ofrecidas por las partes en beneficio de los menores, e incluso se pronuncie sobre aquéllas que no hubieran sido ofertadas y que considere que puedan aportarles un beneficio todavía mayor a los citados menores, de acuerdo a los criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, así como a todos los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano. De igual forma, ordene que los progenitores Teresa Berenice Valdes Hernández, Carlos Fabián Linares Silva Cordero, la madre de éste, Patricia Silva Cordero, así como los menores de edad de identidad reservada, de manera urgente tomen tratamiento psicológico y terapéutico de manera conjunta o separada, con un enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución de diecinueve de agosto de dos mi veinte, emitida en el toca 243/2020 y emitió una diversa en la que dejó intactas las consideraciones relativas a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor; asimismo, de manera fundada, motivada, exhaustiva y congruente, ordenó al Juez Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, dejar insubsistente el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 324/2020, en el que -previo pronunciamiento sobre el cumplimiento que dé a lo considerado por la Sala responsable respecto a la constitucionalidad de las medidas de protección de emergencia y al régimen de convivencias electrónicas entre los menores y su progenitor- se pronuncie sobre la pertinencia e idoneidad de las pruebas ofrecidas por las partes en beneficio de los menores, e incluso se pronuncie sobre aquéllas que no hubieran sido ofertadas y que considere que puedan aportarles un beneficio todavía mayor a los citados menores, de acuerdo a los criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, así como a todos los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano y ordene a los progenitores Teresa Berenice Valdes Hernández, Carlos Fabián Linares Silva Cordero, la madre de éste, Patricia Silva Cordero, así como los menores de edad de identidad reservada, de manera urgente tomen tratamiento psicológico y terapéutico de manera conjunta o separada, con un enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos; por lo que los efectos de la sentencia concesoria de amparo se encuentran colmados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquella coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
- Principal
III.- agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite diversas constancias donde aduce dar cumplimiento a la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio de cuenta y sus anexos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento total al fallo protector, apercibido que en caso de ser omisos, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional.
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