Dana Gisselle Borquez Valenzuela
Expediente 545/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Dana Gisselle Borquez Valenzuela
- Presidente Municipal del Ayuntamiento, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el expediente. (...)
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. I. Acuerdo de depuración y destrucción. a) Cuaderno original. De acuerdo a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberán conservarse las resoluciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. (...)
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 545/2021, promovido por Dana Gisselle Borquez Valenzuela, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la siguiente: Autoridad responsable: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Acto reclamado: El acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que contiene la orden de observancia general para impedir o prohibir el acceso a plazas, centros comerciales, oficinas públicas, parques recreativos, etcétera, a los habitantes del municipio de Mazatlán, que no acrediten contar con el esquema de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad Covid-19, con motivo de su inicio de vigencia, es decir, a partir del dos de agosto de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En trece de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se hizo constar que no se advertía persona a quien pudiera recaer el carácter de tercero interesado; se dio vista a la representante social adscrita y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta precedente. TERCERO. Adscripción de titular. Finalmente, mediante oficio SEADS/1105/2021, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, informó la adscripción del Juez Isaí López Triana al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, por lo que se dio vista a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el juicio, en atención a que los efectos generales del acto reclamado tienen ejecución en esta ciudad donde se ejerce jurisdicción. Lo anterior, de conformidad con los artículos 103 y 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 33 fracción IV y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto es: El acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que contiene la orden de observancia general para impedir o prohibir el acceso a plazas, centros comerciales, oficinas públicas, parques recreativos, etcétera, a los habitantes del municipio de Mazatlán, que no acrediten contar con el esquema de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad Covid-19, con motivo de su inicio de vigencia, es decir, a partir del dos de agosto de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, sin que obste que el encargado del despacho por ministerio de ley de dicho Ayuntamiento al rendir su informe justificado, haya negado su existencia; sin embargo, expuso razones y circunstancias de las que se desprende la existencia del acuerdo administrativo de observancia general reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el referido encargado del Ayuntamiento informó la emisión del acuerdo administrativo de observancia general de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que contiene las medidas preventivas a implementar para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Manifestación que se corrobora con la documental que allegó al presente controvertido constitucional, a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido exhibida por autoridad en ejercicio de las funciones que la ley establece. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de registro 211004, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causal de improcedencia. El delegado del Presidente Municipal responsable, invocó la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues a su decir, cesaron los efectos del acuerdo administrativo de observancia general reclamado. Al respecto, se estima fundada la causa de inejercitabilidad invocada, para sustentarlo conviene traer a colación la citada porción normativa, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De una interpretación al arábigo copiado, armonizado con el diverso 77 de la Ley de Amparo, se colige que para que se surta dicha causa de improcedencia no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo. Al respecto, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTO EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (2a./J 59/99, Visible a página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758). Ahora, tratándose de amparo donde se reclamen actos cuyos efectos sean de observancia general, a fin de constatar la actualización de la causa de improcedencia de mérito, es necesario verificar si se trata de normas prohibitivas o de normas que generan una obligación y, en este último supuesto, si las normas produjeron consecuencias durante el periodo en que estuvieron vigentes. Ello, ya que las normas prohibitivas sólo prevalecen durante la vigencia de la ley, de modo que al derogarse cesan sus efectos prohibitivos, permitiendo que el gobernado actúe. En cambio, respecto a aquellas que generan la obligación de actuar en determinado sentido, esto es, que imponen una obligación de hacer o permitir que se haga (norma positiva), la derogación de la ley no siempre libera a los destinatarios de las consecuencias que hayan derivado de su observancia o inobservancia por el periodo que estuvo vigente, salvo que por disposición expresa de una norma transitoria se impida la aplicación de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso queda destruida la ley desde su promulgación Apoya lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189).- Del análisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia citada, especialmente de la primera de ellas, se deriva que su origen yace en la impugnación de normas cuya aplicación entrañaba una prohibición in genere, que sólo prevalecería durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesaría su efecto prohibitivo permitiendo, por tanto, que el gobernado actuara en aquel sentido. En esta hipótesis, la concesión de la protección constitucional no tendría efecto alguno, dado que en ningún caso podría surtir efectos sobre el pasado, pues no podría volver en el tiempo para reparar la violación causada por la aplicación de aquella norma, facultando al quejoso para realizar lo que le fue vedado y que ahora le es permitido. Por ello, debe estimarse que la jurisprudencia en comento sólo es aplicable cuando la ley reclamada entraña una prohibición y no cuando genera una obligación de actuar en determinado sentido, o sea, una obligación de hacer o permitir que se haga. En esta última hipótesis, la derogación de la ley no libera a quienes fueron sus destinatarios de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, ya que, a pesar de la derogación, los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación; a más de que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada, incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma-, la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la época en que estuvo en vigor, los cuales provocaron una afectación en la esfera jurídica de los gobernados que sólo puede ser subsanada, en su caso, mediante la protección de la Justicia de la Unión." (P/J 51/97, Localizable a página 5, Tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Registro 198400). En el caso, la parte quejosa reclamó el acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que textualmente dice: ". ACUERDO ÚNICO. A partir del 2 de agosto de 2021, se pedirá a los habitantes del municipio de Mazatlán, que residan habitual o temporalmente dentro del territorio del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19, para asistir a lugares públicos, esto como medida preventiva que se deberá implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTAMENTE Mazatlán, Sinaloa, a 26 de julio de 2021. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN, SINALOA. Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES.". Del acuerdo administrativo transcrito, se advierte que el Presidente Municipal responsable emitió medidas preventivas de observancia general para los habitantes de esta localidad, a fin de mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Estableciendo en su punto de acuerdo único, que a los habitantes de esta localidad (residentes habituales o temporales), se les exigiría el certificado de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad Covid-19, a fin de poder acceder a los lugares públicos. Sin embargo, como se dijo, contra dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que contiene la orden de observancia general, fue modificado mediante el diverso acuerdo administrativo de quince de octubre de dos mil veintiuno, mismo que fue allegado por el delegado del Presidente Municipal responsable, el cual, al obrar en copia certificada, alcanza valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser una documental expedida por autoridad en ejercicio de las funciones que la ley establece. Ahora bien, a fin de constatar la actualización del motivo de improcedencia en análisis, resulta traer a colación el contenido del acuerdo administrativo de quince de octubre de dos mil veintiuno, que resulta del tenor siguiente: ". ACUERDO PRIMERO.- A partir del 18 de octubre de 2021, con base en los considerandos del presente, acuerdo, se modifica el diverso acuerdo de fecha 26 de julio de 2021; por lo que como medida preventiva se pedirá a los habitantes que residan habitual o temporalmente dentro del territorio del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19, para asistir a lugares públicos que no se consideren como destinados a satisfacer bienes esenciales y básicos, como son, establecimientos o lugares: 1).- De ocio y esparcimiento social; 2).- Para eventos deportivos profesionales o no; 3).-Cines; 4).- Salas de teatro; 5).-Establecimientos de comercio de artículos no indispensables; 6).- Salones de fiestas, y 7).- En general, donde no se vendan o presten servicios de primera necesidad. SEGUNDO.- Desde el día 18 de octubre de 2021, no se pedirá a los habitantes que residan habitual o temporalmente dentro del territorio del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19, para asistir a lugares públicos, tales como de alimento - incluidos restaurantes-vestido, educación; vivienda, servicios públicos- agua, luz, teléfono, registro civil, registro público-, hospitales, farmacias, parques ventilados; y, en general, los satisfactores de los derechos contemplados en el artículo 4° constitucional. TERCERO: En todo establecimiento o lugar, se deberá de seguir cumpliendo con los protocolos siguientes: I. En todos los casos, siempre se aplicarán las medidas de sana distancia, por lo cual las actividades esenciales que presten servicios al público deberán de reducir su aforo en espacios cerrados o al aire libré al 65 % y las actividades no esenciales que presten servicios deberán de reducir su aforo en espacios cerrados o al aire libre al 65%. Il. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y/o gel antibacterial alcoholizado al 70% o más. Ill. Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo). IV. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia). V. Tomar la temperatura con termómetro infrarrojo, antes del ingreso a todo establecimientos abierto al público, tanto a empleados como clientes. VI. En todo tipo de comercios, disponer gel antibacterial en el acceso, así como en las áreas de cajas, atención a clientes, servicios sanitarios y oficinas. VIl. Todo el personal que labora en los comercios deberá encontrarse protegido con cubrebocas y lentes de protección o careta. VIll. En caso de que el cliente no disponga de cubrebocas al ingreso, se le deberá otorgar al mismo por cuenta del comercio, empresa o institución o en su defecto negarle el acceso. CUARTO,- Lo anterior como medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). A T E N T A M E N T E Mazatlán, Sinaloa, a 15 de octubre de 2021 EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN, Sinaloa Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES" En la determinación de observancia general trascrita, se establecen las nuevas medidas temporales de mitigación y control de riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). De entre las cuales, se destaca que se suprimió la prohibición en abstracto para que los ciudadanos de esta localidad pudieran acceder a lugar públicos aun sin acreditar contar con el esquema de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad Covid-19. En efecto, con base en el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se permitió a los habitantes de Mazatlán, Sinaloa, asistir sin necesidad de contar con el certificado de vacunación respectivo a los lugares públicos de alimento, vestido, educación, vivienda, servicios públicos y, en general, a todos aquellos inherentes a satisfacer el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4° constitucional. Quedando excluido de lo anterior, los lugares de ocio y esparcimiento social, para eventos deportivos profesionales o no, cines, salas de teatro, establecimientos de comercio de artículos no indispensables, salones de fiesta y en general, donde no se vendan o presten servicios de primera necesidad. Entonces, al haberse emitido dicho acuerdo administrativo de observancia general que modificó el diverso de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, estableciendo las nuevas medidas temporales de mitigación y control de riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2, (COVID-19), cuyos efectos son los que actualmente imperan en esta localidad; quedaron destruidas las prohibiciones primarias indicadas en el acuerdo reclamado en este asunto. Además, en autos no está acreditado que el acuerdo reclamado de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, hubiese producido consecuencias materiales, es decir, que haya sido aplicado a la parte quejosa, derivado del incumplimiento de las obligaciones en los términos que lo indicaba antes de su modificación, por lo que, en el caso, una eventual concesión del amparo en contra de dicho acuerdo carecería de efectos prácticos. Aplica a lo aquí determinado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA.- Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." (2a./J 6/2013 Localizable en la página 1107, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2003285). En ese sentido, resulta jurídicamente imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, porque fue modificado por el diverso acuerdo de quince de octubre posterior, con efectos generales a partir del dieciocho siguiente; de forma tal que la pretensión de los quejosos no puede hacerse depender del acto reclamado en esta vía constitucional; estimar lo contrario violentaría el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República. Resulta orientadora la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." (V.5o.1 K Localizable en la página 845, Tomo XXII, Noviembre de 2005, materia común, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176744). No pasa inadvertido para quien resuelve que ambos acuerdos administrativos con efectos generales, contienen una prohibición de índole similar; no obstante, tienen una diferencia notable, pues mientras el primero contemplaba una prohibición absoluta, el segundo, modificó substancialmente esa restricción en abstracto, al delimitar la exigencia de exhibir el certificado de vacunación únicamente a ciertos lugares donde no se provén insumos o servicios de necesidad básica y permitir el acceso sin colmar tal extremo a otros. De ahí que, al estar vigentes las nuevas medidas temporales de mitigación y control de riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), cuyos efectos comenzaron a surtir efectos a partir del dieciocho de octubre pasado, es inconcuso que desapareció sin dejar huella el efecto del primer acto. Máxime que, como se indicó, los justiciables reclamaban la prohibición absoluta incluso a lugares de primera necesidad, lo que desapareció con motivo de la emisión del nuevo acto municipal de observancia general. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el juicio. Finalmente, se estima innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, atendiendo al sentido del presente fallo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61, 63 y 73 a 76, de la ley de la materia, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Dana Gisselle Borquez Valenzuela; por el acuerdo administrativo de observancia general reclamado al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando del fallo. Notifíquese. Se instruye al secretario o secretaria, y al oficial administrativo respectivo para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la Actuaria Judicial de la adscripción, que corresponda. Así lo resuelve y firma Isaí López Triana, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Cesáreo Barba Pérez, secretario que autoriza y da.
- Principal
Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******; por el acuerdo administrativo de observancia general reclamado al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando del fallo.
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