Damianela Viviana Espinosa Dzul
Expediente 1221/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1221/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Damianela Viviana Espinosa Dzul
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por DAMIANELA VIVIANA ESPINOSA DZUL; mediante el cual cumple con la prevención realizada en acuerdo de siete de julio del presente año. Por tanto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por DAMIANELA VIVIANA ESPINOSA DZUL, contra el acto que reclama del Ayuntamiento de Umán, Yucatán. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XVI Julio de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 186605, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia, SE DEBA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta lo dispuesto en los relacionados artículos, que por su orden son del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general...". De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando las autoridades realizan actos que no puedan considerarse como aquellos que infrinjan derechos fundamentales de los gobernados, en razón del carácter con el que los dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar. Esto porque, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, en forma unilateral y obligatoria. Como se ve, es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados. En ese sentido, cuando el artículo 5, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general", debe entenderse que está condicionando la procedencia del juicio de amparo a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre en el caso, porque el acto reclamado en la demanda de amparo que se provee, consiste en esencia, en: "El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, de acatar lo ordenado en la sentencia definitiva de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en el expediente 288/2018, esto es, el no realizar los pagos a los que fue condenado." Ahora bien, el Ayuntamiento, como parte demandada en el juicio de origen, en cuanto a la conducta omisiva que se le imputó de no cumplir con lo condenado en la sentencia, mantiene una relación de igualdad con la quejosa, y no de supra a subordinación, pues en contra del referido ayuntamiento se puede y debe sustanciar ante la responsable, el procedimiento de ejecución establecido en la legislación aplicable, hasta su culminación. En ese sentido, resulta pertinente citar lo establecido por la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en su capítulo XI, cuyos artículos a la letra dicen: Capítulo XI. Del cumplimiento de la sentencia. Artículo 60.- Causan ejecutoria las sentencias pronunciadas por el Tribunal en las que se hubiere declarado la nulidad del acto o resolución impugnados, las de condena y aquellas que habiendo reconocido su validez no hubieren sido combatidas o habiéndolo sido se haya declarado improcedente el medio de impugnación, o se haya desistido de él el promovente, y las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legales o sus mandatarios. Artículo 61.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, el Tribunal le comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades demandadas para su cumplimiento. En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades demandadas, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia respectiva. Artículo 62.- Si dentro de los quince días siguientes a la notificación a las autoridades demandadas, la sentencia no quedare cumplida, el Tribunal de oficio o a petición de parte, dará vista a las autoridades para que manifiesten lo que a su derecho convenga. El Tribunal resolverá si la autoridad, funcionario o servidor público, ha cumplido con los términos de la sentencia; de lo contrario lo requerirá para que la cumpla, amonestándola y previniéndole que, en caso de renuencia, se le impondrá una multa equivalente a sesenta días de salario mínimo vigente en el Estado. Artículo 63.- En el supuesto de que la autoridad, funcionario o servidor público, persistiere en su actitud, el Tribunal solicitará al superior jerárquico de éste, conmine al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal; sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario, la multa impuesta. Sino obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la resolución, el funcionario omiso incurrirá en responsabilidad y el Tribunal solicitará la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y cuando fuere materialmente posible ejecutará el fallo. Artículo 64.- Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional el Tribunal solicitará de la Legislatura del Estado la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y cuando fuere materialmente posible ejecutará el fallo. Artículo 65.- Las sanciones mencionadas en este capítulo también serán procedentes cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto reclamado en el juicio. De lo anteriormente transcrito se colige que existe un procedimiento determinado, para lograr el cumplimiento de la sentencia emitida en un procedimiento administrativo como el que nos ocupa; es decir, se cuenta con una serie de instancias procesales para hacer cumplir al funcionario demandado, la resolución correspondiente. Esto es, como se acotó de la legislación de lo contencioso administrativo del Estado de Yucatán, primeramente se dará vista a las autoridades para que manifiesten lo que a su derecho convenga; posteriormente, se amonestará y se prevendrá con multa a la autoridad omisa, para el caso de no cumplir con la sentencia; en caso de persistir dicha omisión, el tribunal ejecutor solicitará al superior jerárquico del funcionario omiso para que por su conducto se haga cumplir la sentencia, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes; de continuar la omisión en comento, la autoridad omisa incurrirá en responsabilidad y el tribunal ejecutor solicitará la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y, en su caso ejecutará el fallo; finalmente, para el caso de que el funcionario omiso goce de fuero constitucional, el tribunal solicitará de la legislatura del Estado, la aplicación la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y, en su caso, ejecutará el fallo. En ese orden de ideas, se llega a la conclusión de que existe un camino procesal reconocido por la ley aplicable, provisto de elementos coercitivos, para obtener el cumplimiento de la autoridad o autoridades omisas, del fallo emitido por el Tribunal administrativo. En ese contexto, se tiene que el Ayuntamiento señalado como responsable se asemeja a un particular en contra del cual se dictó una sentencia condenatoria que debe cumplir obligatoriamente a través de la vía ordinaria y haciendo valer los medios contemplados en las leyes ordinarias aplicables. De esta manera la omisión que se le atribuye al citado Ayuntamiento, en nada se puede asemejar a un acto de una autoridad, pues como se dijo, la circunstancia de que omita dar cumplimiento sólo involucra a la sentencia precisamente. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 5° fracción II de la Ley de Amparo, ya que el acto omisivo reclamado por la parte quejosa, no encuadra como acto de particular que se asemeje o sea equivalente a un acto de autoridad, pues se trata de un acto propio de quien en este caso tiene el carácter de demandado en el juicio de origen, y lo que se pretende es la ejecución de una sentencia condenatoria dictad en su contra. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro No. 2018239, Décima Época, Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II, página 1527, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)]. En la jurisprudencia citada en primer término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó temáticamente que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que un Ayuntamiento figuró como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal respectiva exista un procedimiento para ejecutarlo, y aclaró que ello acontece cuando se establecen mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, sin que obste que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública; exégesis que es aplicable a la legislación del Estado de Baja California. Así, en relación con la conclusión alcanzada, este Pleno de Circuito se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), en la medida en que derivó de la consideración de que el artículo 85, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece una excepción al principio de igualdad procesal en favor de los Municipios y/o Ayuntamientos y sus dependencias, al otorgarles el privilegio de no ser sujetos a ejecución forzosa, ni aplicación en su contra de los medios de apremio; no obstante, de nueva reflexión sobre el tema, mediante una interpretación armónica y sistemática del primer párrafo del artículo 85 citado y de los numerales 51, fracciones III y IV, 141, 142 a 144 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, se concluye que la prerrogativa a favor de los Ayuntamientos de no ser sujetos a medidas de apremio, es aplicable única y exclusivamente cuando se dirigen contra los bienes que constituyen su patrimonio, de modo que no contiene una prohibición general de emplear medidas de apremio, como la multa, contra las personas físicas que tienen la calidad de empleados o funcionarios públicos municipales a quienes corresponde llevar a cabo -en nombre y representación de los Ayuntamientos- las adecuaciones e incorporaciones presupuestarias para satisfacer la condena impuesta en un laudo, ya que lo que protege es el patrimonio municipal. Tampoco impide que el órgano jurisdiccional, una vez agotada la medida de apremio, conforme a los numerales 311 del Código Penal para el Estado de Baja California, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su correlativo 226 del Código Procedimientos Penales para el Estado de Baja California (abrogado), formule denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia. Además, el referido artículo 144 ordena al Tribunal de Arbitraje proveer la pronta y expedita ejecución de los laudos, por lo que también puede dictar todas las medidas necesarias en la forma y los términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual, el diverso precepto 141 mencionado, pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y, el 51, fracciones III y IV, también referido, señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza. Interpretación bajo la cual es dable concluir que en la legislación del Estado de Baja California sí existe un procedimiento que garantiza la plena ejecución de los laudos pronunciados en los juicios laborales en los que los Ayuntamientos figuraron como parte demandada, a través de una amplia gama de instrumentos legales que correspondan a ese fin." También es aplicable al caso, la tesis con número de registro 2016588, de la Décima Época, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 478, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." De igual manera, aplica la tesis de jurisprudencia 79/2014, Décima Época, Registro No. 2007066, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, página 699, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." En esas condiciones, el acto reclamado al Ayuntamiento de Umán, Yucatán, no puede desvincularse de su origen, que lo es una sentencia definitiva decretada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en el expediente 288/2018, pues lo que se pretende obtener es el cumplimiento de lo ahí sentenciado, lo cual hace improcedente el amparo. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en los artículos 113 y 217 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, promovida por DAMIANELA VIVIANA ESPINOSA DZUL, contra los actos que reclama del Ayuntamiento de Umán, Yucatán por conducto de su Presidente. Al respecto, se provee: fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte por una parte, que la promovente señala como tercero interesado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y como autoridad responsable al Ayuntamiento de Umán, Yucatán por conducto de su Presidente; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que la quejosa promovió ante Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, una demanda en contra del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, la que fue radicada con el número de expediente 288/2018, dictándose sentencia en la que se condenó a este último al pago de las prestaciones reclamadas por la parte quejosa en autos del juicio en comento, de cuya falta de cumplimiento se duele en sus conceptos de violación. Finalmente, no se advierte con claridad, cuál es el acto que reclama, si la omisión de la responsable de acordar su escrito de veintidós de junio del año en curso, o algún diverso acto, en caso de que sea este último supuesto, precise cuál es el acto que se reclama. Atento a lo anterior, para estar en aptitud de admitir o no la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo en vigor, prevénganse a la citada promovente del amparo para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Precise cuál es el interés contrario que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, para ser considerado como autoridad tercero interesada, conforme al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; y, b) Señale, si lo que reclama es la omisión de la responsable de acordar su escrito de veintidós de junio del año en curso, o algún diverso acto, en caso de que sea este último supuesto, precise de manera clara, cuál es el acto que reclama; y, c) Con apoyo en el numeral 110 de la citada ley de la materia, la promovente deberá acompañar copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, pues éste formará parte integral de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo descrito en los incisos a), b) y c), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el predio que señala en su demanda de amparo y como sus autorizados para tal efecto a los que designa en el mismo, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, proporciona un número de teléfono celular y un correo electrónico como medios alternos de comunicación, por ende, tómese nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar Por otra parte, en cuanto a la diversa solicitud de la promovente en el sentido del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su demanda de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente
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