Damiana Tah Tep
Expediente 512/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Damiana Tah Tep
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda este cuaderno de antecedentes, se acuerda: agréguese a sus autos el oficio 17214/2019, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal. En atención a su contenido, y toda vez que no existe impedimento legal alguno, dígase a dicho órgano jurisdiccional, que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, fue quien aceptó la competencia declinada por este Tribunal. Asimismo, comuníquesele que de la información que obra en el presente cuaderno de antecedentes, se advierte que el número de juicio que fue asignado por el mencionado Juzgado Cuarto de Distrito, es el 916/2018, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda este cuaderno de antecedentes, se acuerda: agréguese a sus autos el oficio 16316/2019, remitido por duplicado, vía electrónica, por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, mediante el cual solicita, esencialmente, se le informe el estado procesal que guardan los presentes autos. En tal virtud, infórmese a dicho Juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes, que mediante proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo de este expedientillo como asunto total y definitivamente concluido, toda vez que se tuvo por recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual informó que dicho Juzgado Federal aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, en sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del juicio y acusa recibo del oficio por medio del cual se le remitió el juicio de amparo 512/2018-VI-A de donde deriva el presente cuadernillo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, lo que podrá realizarse, una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto vigésimo citado. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y no existiendo razón alguna para que continúe el presente cuaderno de antecedentes en la Secretaría de este Juzgado, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, agréguense para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, residente esta capital, y el anexo que acompaña. Atento a su contenido, comunica que tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el incidente en revisión 174/2018, formado con motivo del recurso interpuesto por las autoridades que refiere, en contra de la resolución interlocutoria que dictó dicho juzgado el diez de octubre de dos mil diecisiete; remitiendo como anexo para los efectos conducentes, copia certificada de la misma, por derivar el presente asunto del incidente de separación de juicios que tramitó en el expediente 359/2017-VII-II de su índice. En tal virtud, toda vez que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, residente en Cancún, seguirá conociendo de este asunto remítasele, vía interconexión, copia certificada de la referida ejecutoria pronunciada en el incidente en revisión 174/2018. Finalmente, glósense los sobres que contienen los oficios 11320/2018-VI-A, 14520/2018-VI-A y 15855/2018-VI-A, los dos primeros de fecha treinta y uno de mayo y el último de trece de junio, todas del año en curso, dirigidos al Coordinador General de la Policía Federal y al Coordinador Estatal de la Policía Federal, ambos en el Estado de Quintana Roo; sin que sea el caso ordenar el reenvío de los mismos, toda vez que se declinó la competencia de este juzgado a favor de otro para que continuara conociendo de este asunto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 512/2018-VI-A, promovido por *******, en contra de los actos que reclama del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por oficio 1453/2018 presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta Entidad, turnado en esa propia fecha a este órgano jurisdiccional, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió los autos que integran el juicio 359/2017-VII-II de su índice, relativo a la demanda promovida por *****y otros, contra los actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, y otras autoridades. Lo anterior, con motivo de que mediante interlocutoria de cinco de abril del año en curso, dicho órgano jurisdiccional declaró procedente la separación de juicios a que se refiere el expediente de amparo 359/2017-VII-II de su índice, por lo que ordenó remitir al Juzgado de Distrito en turno, la referida demanda y su anexo, consistente en el duplicado de la causa penal 80/2016 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, así como copia certificada del incidente de suspensión derivado del referido juicio de amparo; de la que correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Por auto de tres de mayo del año en curso, este Juzgado Federal se formó el expediente y se registró bajo el número 512/2018-VI-A; asimismo, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento del presente asunto respecto a la quejosa DAMIANA TAH PET. En el referido auto, se tuvieron únicamente como autoridades responsables en este asunto, a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún (autoridad ordenadora); Fiscal General del Estado; Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y contra el Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado; Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República; Director de la Policía Estatal de Investigación; Delegado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Ministerial Federal; Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con residencia en esta ciudad; Encargado de la Policía Federal Ministerial con sede en Progreso, Yucatán; Encargado de la Policía Federal Ministerial con sede en Valladolid, Yucatán; Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República; Delegado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial y Coordinador General de la Policía Federal Ministerial, todos en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún; Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y Director General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, ambos de la Ciudad de México (autoridades ejecutoras). Sin que fuera el caso solicitar informe justificado a las autoridades responsables, toda vez que los mismos ya habían sido rendidos, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se dio vista a las partes con su contenido. Por otro lado, se ordenó notificar el referido auto a terceros interesados, a fin de enterarlos de que este órgano jurisdiccional tramitaría el presente asunto. Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede. Por otro lado, mediante proveído de siete de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Coordinador Estatal de Yucatán de la Policía Federal, con sede en esta ciudad, con el que en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, informó que la negativa que hizo del acto reclamado en su informe justificado, también lo era respecto a la quejosa Damiana Tah Tep; por lo que de igual forma se dio vista a las partes con el contenido de dicha misiva, de conformidad con el numeral 117 de la ley de la materia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: La orden de aprehensión de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 80/2016 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, y su ejecución. SEGUNDO. El Fiscal General del Estado (fojas 59-60); Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y contra el Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado (fojas 57-58); Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República (fojas 53-54); Director de la Policía Estatal de Investigación (fojas 67-68); Delegado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Ministerial Federal (foja 50); Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado (fojas 808-810) y Secretario de Seguridad Pública del Estado (foja 51), todos con residencia en esta ciudad; Encargado de la Policía Federal Ministerial con sede en Progreso, Yucatán (fojas 216-218); y Encargado de la Policía Federal Ministerial con sede en Valladolid, Yucatán (fojas 273-274); señaladas expresamente como autoridades ejecutoras y que inicialmente dieron competencia a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos de ejecución reclamados, sin que el quejoso haya desvirtuado esta negativa, de lo que se infiere que no se pretenden ejecutar en esta jurisdicción. Al caso, se invoca la jurisprudencia P./J. 9/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 5, del Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 190373, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Por su parte, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo (foja 191), y el Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial (fojas 105-109), ambos con sede en Cancún, Quintana Roo, en sus respectivos informes justificados, reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyó por lo que toca a la aquí quejosa. Ahora bien, del análisis del sumario, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, no es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito, se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos, cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última, el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la procedencia de las otras exige esta ejecución o que trate de ejecutarse la misma. Y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla en cita se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. Así las cosas, de acuerdo con la disposición legal antes transcrita, se advierte que en el caso no se surte la competencia de este juzgado federal, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en ese artículo; lo anterior es así, pues no está demostrado que en esta entidad federativa deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado la orden de aprehensión reclamada. Y sí, por el contrario, como se adujo en líneas precedentes, las autoridades que aceptaron la existencia del acto reclamado, fueron el Juez Tercero de Distrito y el Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, ambos en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, el primero como autoridad ordenadora y el segundo como ejecutora; de lo que se deduce que se pretende materializar el acto reclamado. Por tanto, es inconcuso que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para seguir conociendo de este juicio, ya que la orden de captura de que se viene hablando habrá de ejecutarse, en todo caso, dentro de la jurisdicción de un Juzgado de Distrito con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a quien se estima competente para conocer de este asunto en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1071, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016596, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Así como la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 5, del Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 190373, que menciona: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Y el criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, del Tomo XIII, Enero de 200, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 190372, que dispone: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." En consecuencia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículo 107 fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo; y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación; por tanto, remítase al Juzgado de Distrito con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en turno, (con excepción del Juzgado Tercero de Distrito, por ser señalado como autoridad responsable), a quien se estima competente para conocer de este asunto en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el presente juicio, y su anexo (I), consistente en el legajo formado con motivo del incidente de suspensión y el diverso anexo (II), relativo al duplicado de la causa penal, solicitándole que dentro del término previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no, el conocimiento de este juicio de amparo. No representa obstáculo a la anterior determinación el hecho de que la promovente del amparo hubiese señalado domicilio procesal en esta ciudad de Mérida, Yucatán, pues tal circunstancia no resulta apta para fincar competencia a este Juzgado de Distrito, dado que, de adoptar ese criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a.J.12/95, de la actual conformación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, del Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Así como la tesis 1a. III/92, de la anterior integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que bajo el rubro y texto indica: " "COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSION, NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE EL QUEJOSO SEÑALA EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo." Finalmente, cabe informar al Juzgado competente, que en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, que con fecha diecisiete de marzo del año en curso, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, se pronunció sobre la suspensión definitiva solicitada por la quejosa. TERCERO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. CUARTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. QUINTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, (con excepción del Juzgado Tercero de Distrito, por ser señalado como autoridad responsable), por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución; en consecuencia, remítase el presente juicio, su anexo (I), consistente en el legajo formado con motivo del incidente de suspensión y el anexo (II) relativo al duplicado de la causa penal, solicitándole que dentro del término previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no, el conocimiento del juicio. Fórmese cuaderno de antecedentes de este expediente principal y del correspondiente incidente de suspensión. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando tercero de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando cuarto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente resolución en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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