Damian Silva Perez
Expediente 490/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Damian Silva Perez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 en relación con el diverso numeral 97 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, envíese al archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento al artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo. El presente expediente no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA: Por este medio y como se ordena en el auto de veintiuno de junio del año en curso, se notifica a la PARTE QUEJOSA el proveído de esta misma fecha, el cual dice: Téngase por recibida la demanda que promueve ---, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Valle de Santiago, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 490/2016-I; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Así, de oficio, este Juzgador advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ésta, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley en cita; numerales que son del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, de conformidad con el último de los numerales en cita, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera excepcional procede el amparo indirecto tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando sus consecuencias causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso, de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, emitida dentro de la audiencia de preparación a juicio oral en la causa penal 1P2315-70, mediante la cual, el Juez de Control desechó la petición formulada por la defensa en el sentido de excluir del proceso el informe SIE-S.P.C. 040/2016, suscrito por el perito ---, pues a su parecer, se trata de una prueba ilícita por que alega, se realizó sin notificación ni intervención de la defensa, ni conocimiento del acusado, lo que estima produce su nulidad absoluta y exclusión del proceso. Para mejor ilustración, se transcriben los artículos 340, 342 y 345 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato: "ARTÍCULO 340. Durante la audiencia de preparación del juicio cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estime relevantes con relación a las pruebas ofrecidas por las demás, para efectos de su admisión o exclusión. El juez se pronunciará respecto a los distintos argumentos. ARTÍCULO 342. El juez, luego de examinar los medios de prueba ofrecidos y escuchar a los que intervengan en la audiencia, ordenará fundadamente que se excluyan los manifiestamente impertinentes o inútiles, los que tengan por objeto acreditar hechos notorios y las pruebas ilícitas, salvo las excepciones que para esta última prevé esta ley. Si estima que la aprobación en los mismos términos en que los medios de prueba consistentes en testimoniales y documentales hayan sido ofrecidas produciría efectos puramente dilatorios en la audiencia del debate, dispondrá también que la parte que los ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia que se someterá a juicio. Los demás medios de prueba que se hayan ofrecido legalmente serán admitidos por el juez al dictar auto de apertura a juicio. ARTÍCULO 345. Si no procedió el sobreseimiento total, la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o algún medio alternativo de solución de controversias, al término de la audiencia el juez dictará el auto de apertura del juicio, que deberá indicar: El tribunal competente para conocer de la audiencia del debate; La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio, así como, en su caso, el contenido de la demanda de daños y perjuicios y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas; Los hechos que se dieren por acreditados; Los medios de prueba que deberán desahogarse en la audiencia de juicio y la prueba anticipada que, recibida u ordenada legalmente, podrá incorporarse en la audiencia; La precisión de quienes deban ser citados a la audiencia de debate con mención de los testigos a los que debe pagarse anticipadamente los gastos de traslado y habitación y sus gastos respectivos; y Las medidas cautelares a que quedare sujeto el o los inculpados." Sin embargo, como se adelantó, en el caso, el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación en perjuicio del promovente del amparo; por ende, para poder reclamar en amparo indirecto un acto emitido en ese procedimiento penal, tendría que producir una ejecución de imposible reparación, es decir que afectara materialmente en forma directa e inmediata derechos sustantivos del quejoso. Empero, el acto reclamado no produce efectos de esa naturaleza, dado que su única consecuencia, es que el informe SIE-S.P.C. 040/2016, suscrito por el perito ---, allegado por el Ministerio Público acusador en el procedimiento de donde emana el acto que en esta vía se reclama, sea objeto de prueba en la audiencia de juicio oral, la cual podrá o no considerarse a criterio del juez de oralidad, previo alegato de las partes; de ahí que la inclusión de dicha probanza tendrá efectos hasta el dictado de la sentencia definitiva, que de serle favorable, esto es, de resultar absuelto, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener sentencia favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Ahora, suponiendo sin conceder, que el sentido afectatorio del acto reclamado trascienda de tal forma a la sentencia que se dicte en esa instancia y sea contraria a los intereses del peticionario de garantías, éste tiene posibilidad de señalar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento, en su caso, al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 173, fracciones V y X de la Ley de Amparo. Así, como ya se dijo, se considera que el acto reclamado no se ubica en la hipótesis de procedencia del amparo dado que, eventualmente, la inclusión y su posterior admisión, de la probanza en todo caso, ocasionaría una infracción al procedimiento, solo si se dictara una sentencia de condena; de manera que aun cuando de momento, no se excluyó acervo probatorio el informe SIE-S.P.C. 040/2016 suscrito por el perito ---, la parte quejosa todavía está en condición de obtener sentencia favorable en el litigio natural, por lo que es necesario esperar hasta la emisión del fallo. En suma, atendiendo a que el acto que por esta vía combate el impetrante, se refiere a la resolución de fecha uno de junio de dos mil dieciséis, emitida dentro de la audiencia de preparación a juicio oral en la causa penal 1P2315-70, mediante la cual el Juez de Control consideró incluir como prueba el informe SIE-S.P.C. 040/2016, suscrito por el perito ---, no obstante de que el imputado aquí estima que se trata de una prueba ilícita, está en posibilidad de producir tales alegatos en la audiencia de juicio y su resultado lo obtendrá con la emisión del fallo final; de manera tal que es inconcuso que el actuar de la responsable constituye un acto que, en dado caso, afectaría derechos adjetivos que no trascienden en grado predominante o superior del quejoso y que tampoco afectan los derechos fundamentales que tutela la constitución, para hacer procedente el juicio de garantías. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación. En otro contexto, tal como lo solicita el impetrante de amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal; asimismo, se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su demanda, por tratarse de un asunto penal. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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