Damián Rodríguez Martinez
Expediente 604/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Damián Rodríguez Martinez
Actuaciones
- Principal
Vista la Circular SECNO/8/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, cabe destacar que la fracción I, punto 2 de dicha Circular establece que una vez transcurrido el plazo del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudarán los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en posterior decisión la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el plazo de que se trata, del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, según lo corrobora la Circular SECNO/9/2021, en lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Querétaro, Nayarit, Hidalgo y Colima; y, finalmente, la circular SECNO/10/2021, estableció como fecha de inicio para reanudar los plazos, a partir del dieciocho de febrero del propio mes y año, para las entidades federativas enlistadas, exceptuando a los Estados de Guanajuato y Guerrero. En consecuencia, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea, en el entendido de que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora bien, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que se trata de una suspensión de términos y plazos subsecuente, esto es, que no es la primera suspensión durante la contingencia sanitaria y que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, así como la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General. Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito. Sin que escape a la vista la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal criterio establece que debe notificarse personalmente la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y no cuando todos los procedimientos dentro del órgano jurisdiccional se encontraban suspendidos con motivo de una contingencia sanitaria y se levanta la suspensión de plazos y términos al mismo tiempo de manera notoria. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, dada la amplia difusión en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal de las Circulares y Acuerdos relacionados con los esquemas de contingencia, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en particular del Noveno Circuito, han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, que se publica físicamente y en internet. Notifíquese.
- Principal
El suscrito José Ángel Hernández Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. Doy Fe. José Ángel Hernández Pérez Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, capital, a las diez horas del veintiocho de octubre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretario con quien actúa y autoriza José Ángel Hernández Pérez, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 604/2020-9, promovido por Damián Rodríguez Martínez contra actos de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancia de emplazamiento a la autoridad responsable e informe justificado rendido por ésta. De igual forma, se da cuenta con la circunstancia de que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 14888/2020 mediante el cual se ordenó el emplazamiento del tercero interesado al presente juicio de amparo en proveído de once de septiembre de dos mil veinte. Por otra parte, se da cuenta con la certificación del Secretario de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver. Sin que pase inadvertido que no obre el emplazamiento a este juicio del tercero interesado Ayuntamiento de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, pues como se verá más adelante el fallo no le agraviará a la consabida parte procesal, pues en el caso de estudio el acto reclamado consiste en la omisión de acordar un escrito presentado por el aquí quejoso, en el controvertido laboral de origen, mediante el cual solicitó se dictara auto de ejecución. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta únicamente con las acompañadas por la autoridad responsable como justificación de sus actos; sin que las demás partes hubieran hecho uso de ese derecho. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos tales medios de prueba, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolver el presente juicio, por lo cual, se da por concluido el periodo probatorio. En periodo de alegatos, el Secretario da cuenta que la parte quejosa no los formuló, además que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento; y que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ordenando la Juez: Téngase al quejoso por perdido el derecho de hacer manifestaciones; por otra parte, téngase a la Representante Social de la Federación adscrita, por reproducidos los alegatos hechos valer en el pedimento con que se dio cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, el Secretario hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 604/2020-9, promovido por Damián Rodríguez Martínez contra actos de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de este Noveno Circuito el nueve de septiembre de dos mil veinte, turnado al día siguiente a este Juzgado, Damián Rodríguez Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se transcribe: "III). Autoridad Responsable. La C. Presidenta del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con domicilio en la calle Francisco I. Madero número 355 de la Zona Centro de esta Ciudad. IV). Acto Reclamado. La ilegal abstención de la autoridad responsable de acordar el auto de ejecución en el expediente laboral número 600/2010/M4, no obstante que se le solicitó desde el día 23 de enero de 2020." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Admisión. Por auto de once de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe justificado a la responsable, se dio la intervención que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó que tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que, en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia. Así mismo, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama un acto omisivo dentro de un expediente laboral, el cual carece de ejecución. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, enseguida se precisa el acto reclamado en el presente juicio de amparo: La omisión de la autoridad responsable de acordar el auto de ejecución en el expediente laboral número 600/2010/M-4, lo cual le fue solicitado por el aquí quejoso mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte. TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, la omisión reclamada se encuentra relacionada con un acto negativo atribuido a la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por ende, es inconcuso que, en atención a la naturaleza de la omisión reclamada, y al no existir oportunidad específica, la demanda de amparo fue presentada conforme el artículo 17 de la Ley de Amparo. Al efecto se invoca, por identidad de razones, la tesis publicada en la página 332, Tomo X, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento". CUARTO. Omisión existente. Es cierto el acto reclamado de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la omisión de acordar el auto de ejecución en el expediente laboral número 600/2010/M-4, lo cual fue solicitado por el aquí quejoso mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, por así manifestarlo al rendir su informe justificado (foja 26. Lo que se corrobora además con las documentales que la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje allegó como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas relativas al expediente laboral 600/2010/M-4. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causal de improcedencia. En el caso, de las constancias que remitió la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje junto con su informe justificado, se advierte que el veinticinco de septiembre de dos mil veinte (foja 27), acordó el escrito que le fue presentado el veintitrés de enero del año en curso, por Damián Rodríguez Martínez, en el expediente laboral 600/2010/M-4, mediante el cual, solicitó se dictara auto de ejecución en dicho controvertido, cuya omisión constituye la materia de reclamo en este juicio. Cierto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar auto de ejecución en el juicio laboral 600/2010/M-4, con motivo de la omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable el veintitrés de enero del año en curso, sin que a la fecha de la presentación de su demanda se hubiera acordado la petición contenida en el referido ocurso. Al respecto, se colige que en la especie se configura de manera patente e inobjetable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso, como se dijo, en los autos del expediente 600/2010/M-4, con fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó el ocurso presentado ante su potestad el veintitrés de enero del año en curso, signado por Damián Rodríguez Martínez, parte actora en el referido controvertido. Lo anterior, pone de relieve que la afectación que constituye el acto reclamado ha dejado de surtir efectos sobre la esfera jurídica del peticionario del amparo, ya que el escrito presentado por el aquí quejoso, fue acordado por la autoridad responsable en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictando auto de ejecución en el expediente laboral de origen, tal como lo solicitó dicha parte procesal en el escrito de que se trata; determinación que le fue notificada de forma personal a Homero González Reyes, representante de la parte actora en el expediente de origen, quien a su vez, tiene el carácter de autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo (foja 29). Por tanto, se hace innegable que han cesado los efectos del acto reclamado, pues como quedó de manifiesto, ya se emitió el acuerdo de ejecución que recayó al ocurso signado por el quejoso Damián Rodríguez Martínez, parte actora en el expediente laboral 600/2010/M-4, determinación que le fue notificada de forma personal a Homero González Reyes, representante de la parte actora en el expediente de origen, quien a su vez, tiene el carácter de autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo; en esa medida, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En apoyo de la anterior determinación, se invoca la jurisprudencia, 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época del Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Así como la jurisprudencia número 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63 fracción V, de ese mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73 y 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 604/2020-9, promovido por Damián Rodríguez Martínez, contra el acto reclamado de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Informe justificado Agréguese a los autos para que obren como corresponda, el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; en el cual manifiesta que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa; con el contenido del mismo, dese vista a las partes para todos los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Como lo solicita la responsable, ténganse como delegados a los profesionistas que señala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la materia, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa. Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Pedimento. Téngase recibido y agréguese a sus autos el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el que formula alegatos y solicita acceso al expediente electrónico del juicio de amparo de cuenta, así como la práctica de notificaciones electrónicas derivadas del mismo. Alegatos. Atento a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Usuario y correo electrónico. En otro aspecto, como lo solicita la promovente en su pedimento de cuenta, y toda vez que proporciona correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, así como nombre de usuario, a saber: "Elaine", y el cual se encuentra registrado en la página de internet que el Consejo de la Judicatura Federal pone a disposición de los usuarios a efecto de autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico que deriva del expediente físico en que se actúa; por tanto, hágase la autorización del citado profesionista, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, de este Juzgado, únicamente respecto al presente expediente a efecto de que pueda consultar vía internet el expediente electrónico, pueda consultar promociones, determinaciones y le sean efectuadas la notificaciones por este medio, agréguese copia autorizada de dicha constancia. Atento a lo anterior, instrúyase a la Analista Jurídico SISE de este órgano jurisdiccional, lleve a cabo dicha modificación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Medio de contacto alterno. De igual forma, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señalando como medio de contacto alterno, el correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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