Damián Pedrero Ruiz

Expediente 895/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
895/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Damián Pedrero Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Damián Pedrero Ruíz, contra el acto que reclama de los Magistrados de la Sala de Revisión del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 895/2022-VIII y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo,1 que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto que reclama el quejoso en su escrito de demanda consistente en la resolución de seis de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente RR/082- B/2022, en la que la Sala de Revisión del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, modifica el auto de treinta y uno de enero de la anualidad en curso, para determinar que no ha lugar a dar trámite a la ampliación de demanda, no afecta de modo directo o inmediato alguno de los derechos sustantivos del promovente ni trasciende de un modo irreparable en su esfera jurídica, pues sólo constituye una afectación de carácter procesal. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del señalado acto reclamado habrá afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse su amparo indirecto. Sirve de apoyo la tesis3, del tenor literal siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. De igual manera, sirve de apoyo la tesis4, del rubro y texto siguientes: DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: 'Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.'. Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En esa tesitura, no es procedente en la vía biinstancial, por cuanto que ya se ha visto que de acuerdo con el referido artículo 107, fracción V, del ordenamiento anotado, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, y en la situación particular, el acto reclamado no reúne esa característica, en tanto que se trata de un acto procesal que, no tiene una ejecución de imposible reparación en la medida en que, esa decisión, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.5 DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, km 5-790-Altos, colonia Satélite, de esta ciudad. Se tiene como autorizado a Hermann Hoppenstedt Pariente, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo; toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Registro de Cédulas Profesionales, de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos del referido artículo, únicamente para oír y recibir notificaciones, a Patricio Pavón Borraz, por así haberlo solicitado el quejoso. Además, téngase al promovente, proporcionando el correo electrónico hermannhp58@gmail.com, para que a través del mismo se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a la parte quejosa el uso de los medios electrónicos para los fines solicitados, respecto al presente juicio, con la salvedad que, de efectuar alguna modificación o alteración en la documentación que se le proporcione, se le podría fincar responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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