Damian Osmani Fornaris Armentero y Otros.

Expediente 312/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
312/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Damian Osmani Fornaris Armentero y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar a los quejosos Damán Osmani Fornaris Armentero, Juna Miguel Aldana Sánchez y Osniel Guerra Ortega, del auto de dieciocho de los actuales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; ser ordena notificar a los amparistas, por medio de lista el acuerdo señalado, así como los posteriores aun las de carácter personal, hasta en tanto señalen diverso domicilio para tal efecto. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense los oficios de cuenta signados por Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos adscrita a la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en esta ciudad, con los cuales rinden su informe respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida a los quejosos; sin que se provea al respeto, toda vez que el doce de los actuales, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en el presente juicio de amparo. Asimismo, se les tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado y conforme al artículo 9° de la ley de la materia, se tiene como delegada a la profesionista indicada para ello en los informes respectivos y en atención a la solicitud del oficiante, téngasele señalando el usuario "etarin", para recibir notificaciones electrónicas, así como para tener acceso al expediente correspondiente al presente juicio; por tanto, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo el nombre de usuario indicado, a fin de que se le autorice la notificación y consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, se tiene proporcionado como medio de contacto adicional el correo electrónico etarin@inami.gob.mx, para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por la licenciada Ana Karen Maldonado Vera, a favor de los quejosos Damián Osmani Fornaris Armentero, Juan Miguel Aldana Sánchez, y Osniel Guerra Ortega, contra actos atribuidos al Representante Local del Instituto Nacional de Migración Adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua; Sub representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez; Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta localidad fronteriza, en virtud de que los agraviados se encuentran imposibilitados para ello. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 17, fracción IV, 19, 109, 112, primer párrafo, 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada, fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese bajo el juicio de amparo 312/2022-II. Ahora bien, vista la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como actos reclamados la incomunicación, hacinamiento insalubre, privación de la libertad en calidad de alojado, así como la deportación. Sobre dicha base, en la especie se tiene que los actos reclamados son de naturaleza positiva y, por consiguiente, susceptibles de paralización; y con la concesión de la medida cautelar de qué se trata, no se contravienen disposiciones de orden público o de interés social. En efecto, según se infiere de la demanda de amparo, la promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que Damián Osmani Fornaris Armentero, Juan Miguel Aldana Sánchez, y Osniel Guerra Ortega, se encuentran en la Estancia Provisional Juárez Corolario de lo anterior, no se advierte que los agraviados hayan cometido delito alguno; por otra parte, hasta este momento no obra en autos algún medio de convicción que demuestre, al menos de manera indiciaria que de concederse la medida suspensional, los impetrantes puedan evadirse de la acción de la justicia o causar un perjuicio a la sociedad o al orden público. En consecuencia, respecto de los actos reclamados de que se dice están siendo objeto los quejosos por parte de las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que no se lleve a cabo la deportación de los agraviados a su país de origen (Cuba); de igual manera para que se deje a Damián Osmani Fornaris Armentero, Juan Miguel Aldana Sánchez, y Osniel Guerra Ortega, en libertad siempre y cuando cumplan con las condiciones que más adelante se precisen; de igual forma para que cese la incomunicación de que se dice son objeto; lo anterior, toda vez que la parte que promueve en su representación manifiesta que se encuentran detenidos dada su calidad migratoria, no obstante que están buscando regularizar su estancia legal en este país. Sin que lo anterior impida que puedan permanecer en la propia Estación Migratoria en que se encuentre para efecto de realizar trámites migratorios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, con número de registro 2022090, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Materia(s): Común Tesis: PC.X J/15 K (1ª) Pagina: 879, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional", prevista en el numeral 102 de la Ley de Migración, que señala: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional", prevista en el numeral 102 de la Ley de Migración, que señala: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". La interpretación sistemática de los preceptos legales recién transcritos, permite concluir que los inmigrantes indocumentados podrán ser entregados en custodia a la representación diplomática del país del que sean nacionales, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, que la autoridad migratoria del conocimiento tiene la obligación de hacer saber a los extranjeros cuya situación migratoria es irregular en este país y que se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tienen derecho a que se les proporcione información acerca de sus garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho corresponda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, pueden otorgar garantía a fin de permanecer en domicilio diverso a la estación migratoria, así como dar aviso a su embajada para la obtención de asistencia y representación consular. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus garantías constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y los tratados internacionales de los que México forma parte; como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas, en este caso, la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, en cuyo lugar permanecen alojados los quejosos, derivada de su calidad de extranjeros indocumentados. De igual manera, surtirá efectos la medida suspensional concedida, siempre y cuando se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: 1.- Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerá. 2.- No podrá ausentarse sin previa autorización de este juzgado federal, del domicilio que para tal efecto señale para su resguardo. 3.- En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, deberá comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como a este Juzgado de Distrito, los días lunes de cada semana o el día siguiente si fuera inhábil. 4.- Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada, y será bajo el cuidado de las autoridades responsables que prosiga el procedimiento a que haya lugar para su debido cumplimiento. Ahora, ya que los quejosos no refieren el estatus que guardan dentro del país, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir del que sea notificada de este acuerdo, informe la situación migratoria en la que se encuentran los agraviados de referencia. De igual forma, se solicita a las autoridades responsables a efecto de que den acceso a los impetrantes de amparo para el inicio de los trámites migratorios, ya sea de visa humanitaria o reconocimiento de condición de refugiados o de algún otro que proceda y para que en el caso de que aquellos hayan realizado alguna solicitud relativa a la obtención de algún permiso o trámite para regularizar su estancia en el país, deberá resolverse sobre dicha petición dentro del plazo que establece la ley que rige dicho acto; lo anterior, virtud a que la promovente refiere que el agraviado pretende que se le otorgue asilo en este país, por lo que solicita acceso a ese derecho. Para efectos de lo anterior, se requiere al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, para que en un término de setenta y dos horas contado a partir de que quede notificado de esta determinación, que se resuelva respecto de su solicitud de asilo, y en su caso de ser procedente su petición, le sea reconocida legalmente como refugiado, y de ser así se le expida la constancia de trámite respecto de reconocimiento de la condición de refugiado y remita la misma a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la que en el plazo de cinco días, a partir de que la resuelva, atendiendo a las características especiales de los quejosos, sobre la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiados de Damián Osmani Fornaris Armentero, Juan Miguel Aldana Sánchez, y Osniel Guerra Ortega, velará porque se cumplan en todo momento las garantías del debido proceso consistentes en: 1.- Que sea notificada de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 2.- El proceso migratorio sea llevado por un funcionario o juez especializado. 3.- En caso de ser necesario se le proporcione un traductor y/o intérprete. 4.- Se garantice el acceso efectivo de los quejosos a la comunicación y asistencia consular. 5.- Se garantice el acceso a la asistencia de un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante. 6.- Se informe a los quejosos la posibilidad de recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos. 7.- El proceso migratorio se efectúe dentro del plazo razonable. Con independencia de lo anterior, y al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, las autoridades responsables deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que el agraviado cumplan a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente), ante este Juzgado de Distrito. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver al quejoso a la autoridad responsable. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.99 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia penal, registro digital 169268, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos". Por otra parte, si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese tal detención poniéndolos en libertad, o bien a disposición del representante social, lo anterior con apoyo en los artículos 164, primer párrafo y 165 de la Ley de Amparo. Debiendo las autoridades responsables informar de inmediato el cumplimiento que se dé a esta determinación; con el apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser sancionadas por la probable comisión del delito establecido en el artículo 265, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades responsables deberán realizar las diligencias necesarias para que el agraviado tenga comunicación y asesoría del Consulado de su país de origen. Siendo aplicables los criterios con datos de localización: La tesis de la Décima Época, con número de registro 2016410, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo 2018, Tomo IV, Materia(s): Común Administrativa Tesis: I. 20ª A. 20 A (10ª) Pagina: 3550, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." Así como la diversa tesis de la Décima Época, con número de registro 2016412, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo 2018, Tomo IV, Materia(s): Común Administrativa Tesis: I. 20ª A. 19 A (10ª) Pagina: 3551, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional. Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano; además proporcione al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda, apercibida que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión se aplicarán en su contra los medios de apremio legalmente establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley en la materia; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. En el entendido que debido a la situación de contingencia por la que se está padeciendo, podrán rendir dicho informe a esta autoridad al correo electrónico oficial 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como se dijo que los directos quejosos se encuentran en las oficinas de la estación migratoria de esta ciudad, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que se constituya en ese lugar, y notifique el presente acuerdo a los quejosos Damián Osmani Fornaris Armentero, Juan Miguel Aldana Sánchez, y Osniel Guerra Ortega; también para que los requiera a fin de que en el momento de la notificación o dentro de los tres días hábiles siguientes, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, ratifiquen la demanda de amparo promovida a su favor, se apercibe a los directos agraviados, que en caso de no cumplir con lo prevenido, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se dicten en el presente auto conforme al artículo 15 párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por otra parte, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En términos de lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como medios electrónicos para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, los que señala en el escrito de cuenta. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad la parte quejosa lo ratifique. Ahora bien, por lo que hace al profesionista que señala como autorizado, y la designada para oír y recibir notificaciones, una vez que sea ratificada la demanda, se acordará lo conducente. Se solicita al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que haga la compensación y expedición de la boleta de turno respectiva, para lo cual se le remite copia simple de la demanda de cuenta, y para tal efecto se le informa lo siguiente: * La fecha de recepción de la presente demanda de amparo por comparecencia fue el nueve de abril del año en curso, a las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos. * El registro estuvo a cargo de la Secretaria encargada del turno adscrito a este órgano jurisdiccional, licenciada Myrna Magdalena Barboza Cadena, al ser de carácter urgente. Lo que se hace de su conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C", la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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