Damian Navarro Jimenez

Expediente 214/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
214/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Damian Navarro Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    ... sin que la parte quejosa recurriera mediante recurso de revisión el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo... se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido...

  2. Principal

    con fundamento en los artículos 27 fracción I inciso c) y 29 de la ley de amparo notifica la parte quejosa el proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho que en lo conducente dice: "...Visto el oficio de cuenta, por el cual rinde informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, y constancias que anexa en copia certificada para apoyar sus manifestaciones; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119, ambos de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos. Documental anexa a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. Ahora, es necesario destacar que la parte quejosa señaló el acto como a continuación se transcribe: "a).- De la H. Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad de Tijuana, B.C. el probable "incumplimiento de sentencia interlocutoria de incompetencia" dictada por esta autoridad laboral de fecha 05 de Enero de 2018, de la cual se desprende que se declaró oficiosamente incompetente para conocer y resolver el juicio laboral del cual emana el acto reclamado, y de la que también se deprende que dicha autoridad responsable señalo como competente a la H. Junta Especial número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ensenada, B.C.; autoridad laboral esta última que afirma no haber recibido los autos del expediente laboral 31/2018, por lo que no puede actuar en ese expediente, hasta en tanto no los tenga en su poder. Mas sin embargo la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, afirma que si los remitió a la H. Junta Especial número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. b) De la H. Junta Especial Numero 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, B.C. la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, mas sin embargo, esta autoridad indica que no puede señalar fecha para el desahogo de esta audiencia porque aún no recibe los autos del expediente laboral de parte de la H. Junta Especial Numero 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Tijuana, B.C. De ambas autoridad responsables la confusión que ambas autoridades han generado, ya que ambas concurren en hechos que generan inseguridad jurídica y procesal, lo que a su vez genera INACTIVIDAD PROCESAL, ya que no se puede substanciar como es debido mi juicio laboral violándose con ello no solo los artículos 14 y 16 constitucional, sino mis derechos humanos, razón por la que al existir una resolución interlocutoria de incompetencia dictada por la autoridad responsable identificada como la H. Junta Especial NO. 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, siendo que esta última manifiesta que ya los remitió a la H. Junta Especial Numero 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, B.C. debe comprobar que así lo hizo de inmediato al haber dictado la interlocutoria de incompetencia, pero ni eso ha podido demostrar. Y ello ha sido la causa de que mi juicio se encuentre actualmente en plena inactividad procesal y ha provocado que el juicio laboral se prolongue más de lo debido su sustanciación y resolución dentro de los plazos y términos señalados en la ley de la materia. Para demostrar plenamente los actos reclamados y sus consecuencias; anexo a la presente demanda, copia autentica de la resolución de incompetencia dictada por la H. Junta Especial Numero 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. [.]". Así las cosas, del análisis integral de la demanda de amparo y anexos, se puede precisar que los actos reclamados son: La omisión de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, de remitir los autos del expediente laboral 31/2018 a la Junta Especial Numero 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, en acatamiento a la interlocutoria de incompetencia, que emitió el cinco de enero de dos mil dieciocho. La omisión de la Junta Especial Numero 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, de pronunciarse sobre la competencia planteada por la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, dentro del mencionado juicio obrero. Este juzgador estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el precepto de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa argumenta que la autoridad Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California ha sido omisa en remitir los autos a la Junta Especial Numero 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, al haberse declarado incompetente para conocer del asunto en términos de la interlocutoria de cinco de enero del año en curso, en los autos del juicio laboral 31/2018, aun cuando ha transcurrido un plazo suficiente, con lo cual se viola su derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, y la omisión de la última Junta referida de acordar lo conducente. Sin embargo, de la documental remitida por la responsable el Presidente de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, consistente en el auto de veintiséis de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral de origen, a la que se le confirió valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°; se advierte que la mencionada responsable, a través del citado auto, regularizó el diverso de cinco de enero de dos mil dieciocho y por las razones que expuso, en vez de ordenar la remisión de los autos a la Junta Especial Numero 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, ordenó remitirlos a la oficialía de partes común de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que defina a qué Junta Especial le corresponde conocer del asunto hasta su total resolución. Lo que permite concluir que ya no existe la omisión referida por el quejoso en su escrito de demanda respecto del auto de cinco de enero de dos mil dieciocho, en virtud de que la Junta responsable con sede en Tijuana, Baja California, el veintiséis de marzo del año en curso, regularizó el procedimiento, determinó lo conducente respecto de la competencia y remitió los autos al destino que estimó pertinente para dilucidar esa cuestión; por ende, han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció la omisión en que pudo haber incurrido la responsable Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, en cuanto a que ésta modificó su determinación jurídica de a qué autoridad debía enviar el asunto, ya no declarando competente a la Junta Especial Numero 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, sino a quien debía resolver sobre la competencia planteada, de ahí que al no existir la obligación de enviar los autos a la Junta con sede en esta ciudad, desde luego que ha desaparecido cualquier omisión sobre el particular. En esa medida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, de fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente, pues al cesar los efectos de los actos reclamados de forma definitiva, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77 de la Ley de la materia, y obligar a las responsables en cita, a realizar una conducta que ya realizó sin mandato judicial, es decir, se ha reparado oficiosamente el daño al quejoso, restituyéndolo en el ejercicio de su derecho afectado, durante la secuela del presente juicio. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo, respecto de lo reclamado a las autoridades responsables Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional..."

  3. Principal

    ... rinde informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; agréguese a los presentes autos con vista a las partes y hágase relación en la audiencia constitucional...

  4. Principal

    ... se admite dicha demanda... capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar con el número de juicio de amparo 214/2018... ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados... se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito... Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho... se solicita a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días... autoriza la expedición a costa del promovente y de las partes que se lleguen a reconocer, de las copias simples de las constancias que integren el presente expediente... las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, reproduzcan los acuerdos dictados en el sumario en que se actúa, mediante el uso de aparatos electrónicos... Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones...

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