Damian Montoya López

Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
153/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Damian Montoya López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con treinta y tres minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por la administradora del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno, fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, agente del Ministerio Público Titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos con residencia en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados; de igual manera, que mediante proveídos de veintitrés de febrero, dieciséis y veintinueve de marzo febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa respecto la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, Unidad Investigadora del Ministerio Público adscrito al Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, Fiscal de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Sonora, respectivamente, bajo apercibimiento que se de no hacer manifestación al respecto, se tendrían por inexistentes y se suspendería toda comunicación legal con éstas; luego, por acuerdos de dieciocho y veintiuno de abril siguiente, ante el incumplimiento del requerimiento efectuado a la parte quejosa, se hizo efectivo aquel apercibimiento y se declaró la inexistencia de las citadas autoridades. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que en el auto de radicación se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar que las partes no ofrecieron medios de prueba. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Damián Montoya López, contra el acto atribuido al juez de Control Oral de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, a este juzgado de distrito, Damián Montoya López, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Por acuerdo de esa fecha, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un cuya ejecución dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de aprehensión o detención librada contra el quejoso, y su ejecución. Inexistencia de los actos combatidos No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron la administradora del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno, fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, agente del Ministerio Público Titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe con justificación. Sin que en el caso la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. Lo anterior, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión En esa virtud, ante la negativa de los actos que reclama el peticionario del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dichos actos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Damián Montoya López, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario hace relación de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con las constancias de notificación de las autoridades responsables, copia del escrito inicial de demanda e informes previos rendidos por el administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno; director general de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; agente del Ministerio Público, Titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal; director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos con residencia en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que mediante proveídos de dieciocho y veintiuno de abril siguiente, en el juicio del que deriva este incidente, ante el incumplimiento del requerimiento efectuado a la parte quejosa, se declaró la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, Unidad Investigadora del Ministerio Público adscrito al Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, Fiscal de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Sonora. El juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción. El secretario encargado: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario certifica que las partes no expresaron alegatos. El secretario encargado: se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 153/2022; y, Antecedentes A petición de Damián Montoya López, por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual se desarrolló conforme al acta que antecede y se resuelve sobre la suspensión definitiva, al tenor de los considerandos siguientes: I. Competencia Conforme a lo dispuesto en los artículos 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, este órgano jurisdiccional es competente para resolver el presente incidente de suspensión, ya que tramita el juicio en lo principal. II. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la orden de aprehensión y/o orden de detención, así como su ejecución. Asimismo, solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados para efectos de que no sea privado de su libertad ni se ejecute en su contra alguna orden de aprehensión o detención. III. Negativa de los actos reclamados Las autoridades responsables, administrador del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno; director general de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; agente del Ministerio Público, Titular de la Tercera Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal; director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, negaron la existencia de los actos en reclamo, toda vez que así se advierte de su respectivo informe previo. De ahí que, sin prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, por lo que hace a las autoridades precisadas. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo. IV. Se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Damián Montoya López, contra los actos precisados en el punto II, reclamados a las autoridades que se numeraron en el punto III, de esta resolución. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de abril de dos mil veintidós. Inexistencia de autoridad. Visto lo ordenado en el juicio del que deriva este incidente de suspensión, del que se advierte que se declaró la inexistencia de la autoridad que la parte quejosa señaló como responsables al comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Sonora, Fiscal de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, y Unidad Investigadora del Ministerio Público adscrito al Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. En consecuencia, se tienen como inexistentes a las mencionadas autoridades, y se ordena suspender toda comunicación legal con ellas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Inexistencia de autoridad. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con la vista otorgada respecto de la autoridad que señaló como responsable, comisario General de la Policía Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Sonora. En esa intelección, la parte quejosa no efectuó manifestación en ese sentido, no obstante de encontrarse debidamente notificada, razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento decretado y, por tanto, se tiene como inexistente a la mencionada autoridad y se ordena suspender toda comunicación legal con ésta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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