Damián Castillo Márquez

Expediente 1284/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1284/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Damián Castillo Márquez
  • Melchor Garduño Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE COMÚN EN SU CENTRO DE RECLUSIÓN. Vista la demanda de amparo de cuenta; se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden ******************** y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Adrián Montes Fernández ********************, sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de diversas causas de improcedencia. En primer lugar, respecto del acto reclamado consistente en las amenazas y malos tratos por parte de un diverso interno de nombre ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; toda vez no le reviste el carácter de particular con calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo. Por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, también se consideran como autoridades responsables a aquellos particulares que realicen actos similares a los de las autoridades -ya relatados-; lo anterior, siempre que su actuar esté debidamente reglamentado en algún ordenamiento legal vigente. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Por ello, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: Ser un órgano público. Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio- Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado - civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales (derechos humanos). La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales; los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y, los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional por medio del juicio de amparo. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte de interés, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Atendiendo a lo expuesto, en el caso concreto se reclaman las amenazas, extorción y malos tratos de la persona privada de la libertad por parte de un diverso interno de nombre ********************; mismo que al estar en un plano de igualdad o coordinación entre particulares, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de salvaguardar la integridad de los quejosos ante las amenazas y malos tratos de ********************, atribuible a las autoridades penitenciarias Director General y Director de Guardia y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad. Dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 al 115, de los cuales se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. También se advierte que, el director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, los artículos citados señalan que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, lo que significa que por cualquier circunstancia, -ya sea de carácter negativo u omisivo-, la persona privada de su libertad no encuentra satisfechas sus pretensiones, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución en los siguientes plazos: Diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución -en tratándose de actos de naturaleza instantánea-. En cualquier momento -si los efectos del acto son continuos o permanentes-. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que los quejosos ya sea como procesados o sentenciados, en términos del artículo 2° y 3°, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover demanda de amparo, debieron formular la petición administrativa prevista por el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, para que se le atendiera en torno a las cuestiones de su internamiento que reclaman como la omisión de salvaguardar la integridad de los quejosos; ello, por ser éste la autoridad penitenciaria encargada de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Sirve como base para lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Décima Época, con registro 2018548, sostenida por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada el viernes siete de diciembre de 2018, cuyo rubro dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Atento a lo anterior, por ser notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo. No obstante lo anterior, se advierte que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de mismo nombre, mediante el oficio de fecha ocho de diciembre del año en curso, previno al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, para que de manera inmediata tomara las medidas necesarias para que cesen los actos de amenazas en contra de los internos quejosos y se garantice el respeto a sus derechos humanos; asimismo, requirió a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, Capital, para que designara al defensor público que corresponda y se les otorgara la asesoría legal correspondiente para que promoviera lo que estime pertinente. Además, quedan a salvo los derechos de los impetrantes para interponer la denuncia correspondiente ante los hechos que señalan. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, las notificaciones personales que se ordenen realizar dentro del juicio de amparo que ahora inicia, deberán hacerse en tal sitio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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