Damaso Ricardo Berriozabal Montiel
Expediente 1744/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1744/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Damaso Ricardo Berriozabal Montiel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable no ha acreditado haber restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos afectados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Delegación Estatal de Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, para que en el plazo de siete días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite lo siguiente: * Deberá reintegrarle las cantidades descontadas de su pensión por viudez por concepto de compatibilidad y cobro indebido de pensión; y acredite que, continúa pagando de manera íntegra ambas pensiones a que éste tiene derecho. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, deberá agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir el cumplimiento total de la sentencia de amparo. De igual forma, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 197 de la ley de la materia, requiérase al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en su carácter de representante de dicho Instituto y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, en el plazo de siete días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, acredite que conminó al Titular de la Delegación Estatal de Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acatar el requerimiento efectuado en el presente proveído; remitiendo al efecto, la constancia correspondiente. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad omisa, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192 párrafo tercero, y 194 párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Bajo el apercibimiento que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el diverso 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, se continuará con el procedimiento de Inejecución previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con independencia de lo anterior, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Carlos Alberto García López, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el oficio de la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dirigido al juicio 535/2021 promovido por Isaac Reyes Montiel, pertenece al índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remítase vía interconexión el oficio de cuenta a dicho órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, sin que se considere necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se tendrá como tal el acuse de notificación del oficio que se gire en el presente acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Mónica Montero Uscanga, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad de México, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; por medio del cual, acusa recibo de las constancias remitidas con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Asimismo, comunica que lo admitió, bajo el amparo en revisión R.A. 21/2022; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, siete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual devuelve el expediente original del juicio de amparo en que se actúa y al efecto remite el testimonio de la resolución pronunciada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en la queja Q.A. 229/2021, de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente queja. SEGUNDO. Se revoca la interlocutoria recurrida. TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento relativo al trámite del incidente innominado de que se trata, en los términos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria." En ese contexto se destaca que la superioridad, en la parte que interesa, determinó lo que a continuación se transcribe: "Por ello, este Tribunal Colegiado estima que en el caso se actualiza el supuesto normativo al que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo, en la medida en que, antes de proceder a la cuantificación de la cantidad a devolver, deviene necesario esclarecer la apuntada cuestión de derecho para "precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria". En consecuencia, resulta esencialmente fundado el primer agravio hecho valer por la autoridad recurrente, en el que aduce que el a quo fue omiso en analizar los lineamientos establecidos en la sentencia de doce de julio de dos mil trece, dictada por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad II-75604/2012, porque de haberlo hecho, se hubiera percatado de que en ella se determinó que no debían tomarse en consideración los conceptos de despensa, prima vacacional y aguinaldo, por no formar parte del sueldo básico; lo que debe verificar el Secretario en funciones. Puesto que, como ya se vio, los alcances de la concesión de amparo por cuanto hace a este aspecto no quedaron esclarecidos durante el trámite del incidente innominado o en la interlocutoria recurrida, lo que indudablemente resulta contrario a la intención de precisar, definir o concretar la forma o los términos del cumplimiento de la ejecutoria que se perseguía con la apertura del incidente innominado. Por ende, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, cuarto párrafo, en relación con el 103, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la resolución interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento relativo al trámite del incidente innominado cuya apertura ordenó el entonces Juez de Distrito en acuerdo de veintiséis de julio de dos mil diecinueve (foja 183 frente y vuelta), con la finalidad de "determinar si a través del dictamen de doce de febrero de dos mil diecinueve, se da cabal cumplimiento al fallo protector y por ende la cantidad que se pagó a la quejosa (sic) es la que le corresponde como diferencia". Lo anterior, a partir del acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve, en el que se ordenó glosar a los autos el acta de comparecencia de la perita oficial -en la que aceptó y protestó el cargo conferido- y se le requirió para que rindiera su dictamen encomendado (foja 210), en la inteligencia de que en el anterior acuerdo de nueve de agosto del citado año, el Juez de Distrito ya había hecho lo propio en relación con la comparecencia de la perita designada por la autoridad responsable (foja 202), para el efecto de que el trámite del incidente de cuantificación en mención se reanude y, con fundamento en el artículo 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se determine con toda claridad el alcance de los efectos de la sentencia de amparo, específicamente, el relativo a: "(.) b. Emitir una nueva resolución, en la que otorgue el incremento a la pensión por jubilación del actor, tomando en consideración el sueldo básico promedio integral devengado por el ahora quejoso durante los últimos tres años en que prestó sus servicios en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México", esto es, especificar con claridad cuáles son los conceptos que comprende el "sueldo básico promedio integral devengado" por el quejoso. Hecho lo cual continúe con el trámite del incidente de cuantificación, a fin de que las o los peritos rindan y ratifiquen sus respectivos dictámenes, en los que se atengan a lo que con plenitud de jurisdicción determine el resolutor federal en torno al alcance de los efectos de la sentencia de amparo, así procedan a emitir sus dictámenes y, posteriormente, para que el a quo fije fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos correspondiente y resuelva lo que en derecho corresponda." [Lo subrayado no es de origen]. De la transcripción que antecede, se advierte que el Tribunal en cita ordenó, en esencia, reponer el procedimiento a partir del auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, para el efecto de que el trámite del incidente de cuantificación en mención se reanude y se determine con toda claridad el alcance de los efectos de la sentencia de amparo; particularmente, se especifique con claridad cuáles son los conceptos que comprende el "sueldo básico promedio integral devengado" por el quejoso. A efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, es indispensable imponerse de lo determinado por la Segunda Sala Ordinaria del entonces Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la sentencia de doce de julio de dos mil trece, pronunciada en el juicio de nulidad II-75604/2012 (cuya omisión de cumplir se reclamó en el presente asunto), a través de la cual, en la parte considerativa expuso lo siguiente: "(.) Del examen de las pruebas ofrecidas, así como del análisis de los argumentos de la demanda, esta Sala juzgadora determina que son fundados el PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO conceptos expuestos por la parte actora en los que arguye que la autoridad demandad realizó una indebida fundamentación y motivación al dejar de aplicar los artículos 15 y 26 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, toda vez que no tomó en cuenta el sobresueldo, comisiones y compensaciones, ya que deben sumarse las cantidades de los últimos tres años anteriores a la baja, pues es obligación de la demandada, tomar en cuenta todas y cada una de las prestaciones que tiene derecho como parte indispensable de la seguridad social que consagra nuestra Constitución; que el cálculo de las percepciones que obtuvo durante los últimos tres años en que prestó sus servicios, esto es, de marzo de dos mil ocho a marzo de dos mil once, es mayor al considerado por la demandada para determinar su pensión por jubilación, pasando por alto, las compensaciones adicionales y cantidades suplementarias que la dependencia a la que prestó sus servicios le cubrió ininterrumpidamente, además de su sueldo básico durante los últimos tres años anteriores al otorgamiento de la pensión. En efecto, se estiman fundadas las manifestaciones del impetrante, puesto que, de la lectura efectuada a la resolución impugnada, se advierte que la misma es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que carece de la debida fundamentación y motivación, puesto que la autoridad demandada omite contemplar las cantidades adicionales como compensaciones que en forma regular y continua percibió el demandante durante el transcurso de los últimos tres años en que prestó sus servicios como empleado de la Administración Pública del Distrito Federal y decide no efectuar la cuantificación correcta de la pensión por jubilación otorgada al ahora actor el dieciséis de junio de dos mil once, violándose en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 Constitucional. Se afirma lo anterior, toda vez que de la lectura de los artículos 15 y 26 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, claramente se advierte que para calcular el monto de una pensión, el sueldo básico estará integrado con todas las percepciones del trabajador y específicamente para calcular la pensión por jubilación, se deberá otorgar una pensión mensual equivalente al promedio de las percepciones devengadas en los últimos tres años inmediatos anteriores de servicios (.) En el caso concreto, las percepciones devengadas por el demandante en los últimos tres años inmediatos anteriores a su retiro por jubilación durante el periodo comprendido de marzo de dos mil ocho a marzo de dos mil once, comprendió además de su salario base los conceptos siguientes: 1073 PRIMA DE PERSEVERANCIA SSP 1086 COMPENSACIÓN POR ESPECIALIDAD SSP 1093 COMPENSACIÓN POR RIESGO 1303 AYUDA DE SERVICIO 1733 PREVISIÓNSOCIAL MULTIPLE 2143 COMPENSACIÓN POR GRADO (SSP) Percepciones obtenidas por el promovente, reflejadas en los comprobantes de percepciones y retenciones quincenales que obran en su poder y que la autoridad debió recabar oportunamente para realizar el cálculo correcto de la pensión asignada (.) (.) Así las cosas si la autoridad demandada, realizó al trabajador los descuentos correspondientes y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal No aporto a la Caja el seis y medio por ciento del monto total de los mismos, no es imputable a éste, sino a la dependencia en la que prestó sus servicios, consecuentemente, en el supuesto de que la autoridad demandada al calcular correctamente el sueldo básico del trabajador, sin tomar en cuenta los conceptos de DESPENSA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, por ser conceptos que o forman parte del sueldo básico, para efectos de determinarla pensión que le corresponde (.) . Cabe destacar que el concepto "Despensa", está excluido del cálculo de la pensión (.) . En ese orden de ideas, resulta inconcuso que la autoridad enjuiciada al realizar en forma incorrecta la fijación de la pensión asignada al actor, transgrede en su perjuicio la garantía de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 constitucional, en razón de la falta de fundamentación y motivación del acto controvertido, por lo que esta juzgadora estima procedente declarar la NULIDAD de la resolución definitiva contenida en el DICTAMEN DE PENSIÓN, de fecha dieciséis de junio de dos mil doce, y el Oficio número GG/09-0591/2012 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, con apoyo en las causales previstas por el artículo 127 fracciones II, III, IV y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que queda obligado el Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal a restituir al actor en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, emitiendo una nueva resolución conforme a derecho en la que se otorgue el incremento a la pensión por jubilación otorgada al actor, tomando en consideración el sueldo básico promedio integral devengado por aquél durante los últimos tres años en que prestó sus servicios a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y en su caso, liquide a su favor, las diferencias del sueldo desde el momento en que se fijó su pensión y hasta la fecha en que se cumplimente plenamente este fallo. (.)" [Lo subrayado es propio]. La determinación descrita en párrafos que anteceden, fue confirmada por la entonces Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, mediante resolución de doce de marzo de dos mil catorce, emitida en el recurso de apelación II-75604/2012, en la cual, al pronunciarse respecto al agravio expuesto por la autoridad demandada consistente en que ".el otorgamiento o inclusión de la prima vacacional el aguinaldo resulta improcedente por derivar de una relación laboral la cual nunca existió entre el accionante y la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal." calificó de infundado dicho argumento, pues estableció que la Sala del conocimiento en ningún momento condenó a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal a la inclusión de tales percepciones para el cálculo de la pensión del actor, sino que por el contrario, realiza el pronunciamiento respectivo en relación a los conceptos de despensa, prima vacacional y aguinaldo, señalando que los mismos no forman parte del sueldo básico. En ese sentido, la citada Sala Superior, indicó que la A´quo realizó el pronunciamiento que en derecho procedía al concluir que los conceptos de despensa, aguinaldo y prima vacacional no deben ser tomados en consideración para los efectos del cálculo de la pensión por tratarse de prestaciones convencionales destinadas a cubrir los propios gastos de despensa o bien aportar en una pequeña medida a las cuestiones recreativas como en el caso de la prima vacacional o el aguinaldo, sin formar parte del salario básico. Importa recordar que en el presente juicio de amparo se reclamó el incumplimiento de la sentencia de nulidad definitiva, de tal forma, mediante sentencia de tres de diciembre de dos mil dieciocho, la cual causó ejecutoria por auto de veinte del mismo mes y año, este juzgado de Distrito concedió el fallo protector para los siguientes efectos: "el Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, de manera inmediata cumpla íntegramente con todas y cada una de las obligaciones que derivan de la sentencia de nulidad de doce de julio de dos mil trece, la cual fue confirmada en el fallo de apelación de doce de marzo de dos mil catorce, así como la interlocutoria de queja de dos de marzo de dos mil quince, dictadas en el juicio contencioso administrativo II-75604/2012, con excepción de la segunda que fue dictada en el expediente de apelación 8996/2013, lo que se traduce en: Dejar sin efectos el dictamen de pensión de dieciséis de junio de dos mil once, así como el oficio GG/09-0591/2012 de veintiuno de septiembre de dos mil doce. Emitir una nueva resolución, en la que otorgue el incremento a la pensión por jubilación del actor, tomando en consideración el sueldo básico promedio integral devengado por el ahora quejoso durante los últimos tres años en que prestó sus servicios en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; y, Pague las diferencias, que en su caso, se generen con dicho incremento, desde la fecha de la concesión de su pensión hasta que se dé cabal cumplimiento a la sentencia de mérito" Precisado lo anterior, y en estricto cumplimiento a la determinación de la Superioridad se repone el procedimiento a partir del acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, se deja sin efectos todo lo actuado en el incidente de mérito, con posterioridad a la emisión de dicho proveído. En razón de lo expuesto, este Juzgado de Distrito procede a especificar que los conceptos que deben considerarse para calcular el sueldo básico promedio integral devengado por el ahora quejoso, lo constituyen los determinados por la Sala del conocimiento, que para mayor claridad se reiteran a continuación: "(.) En el caso concreto, las percepciones devengadas por el demandante en los últimos tres años inmediatos anteriores a su retiro por jubilación durante el periodo comprendido de marzo de dos mil ocho a marzo de dos mil once, comprendió además de su salario base los conceptos siguientes: 1073 PRIMA DE PERSEVERANCIA SSP 1086 COMPENSACIÓN POR ESPECIALIDAD SSP 1093 COMPENSACIÓN POR RIESGO 1303 AYUDA DE SERVICIO 1733 PREVISIÓNSOCIAL MULTIPLE 2143 COMPENSACIÓN POR GRADO (SSP) (.)". En consecuencia, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo en relación con el 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la perito oficial María del Rosario Martínez Arriaga, por conducto del Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, exhiba un nuevo dictamen, en el que tome en consideración los conceptos señalados en forma destacada en la sentencia de nulidad de doce de julio de dos mil trece, pronunciada en el juicio de nulidad II-75604/2012 (cuya omisión de cumplir se reclamó en el presente asunto) y prescinda considerar los diversos "despensa", "prima vacacional" y "aguinaldo", por ser conceptos que o forman parte del sueldo básico, para efectos de determinar la pensión que le corresponde a la parte quejosa. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, o de no informar dentro del mismo lapso el impedimento legal o material que tuviere para ello en el término señalado, se hará acreedora a una medida de una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
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