Damaris Gastelum Rodríguez
Expediente 1296/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1296/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Damaris Gastelum Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que este juicio de amparo se sobreseyó; y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, debiendo remitir a la Dirección General de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
Agréguese a los autos con vista a las partes, el oficio de cuenta y anexos, por medio del cual rinde informe justificado la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación de Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, la prueba documental que acompaña desde este momento se admite y se tiene por desahogada en razón de que por su naturaleza no requiere desahogo material alguno, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Ahora, en auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se reservó proveer en cuanto al tercero interesado, hasta en tanto la responsable remitiera las constancias del acto reclamado, lo que ya aconteció. Con esto en cuenta, del estudio realizado a la referida documental este órgano jurisdiccional considera que no ha lugar a tener como tercero interesado al que señaló la parte quejosa en su ocurso de demanda, puesto que, de la constancia que anexó la autoridad responsable, se advierte que aún no se le ha dado intervención en el juicio laboral del conocimiento del Tribunal responsable. Justifica lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 67/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXIX, mayo de 2009, página 265, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro 167160, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". CAUSA DE IMPROCEDENCIA Del estado procesal que guardan los presentes autos, concretamente del escrito inicial de demanda, se advierte que la aquí quejosa señaló como acto reclamado de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de proveer respecto la demanda instaurada por la quejosa contra el ******************** registrada con el expediente laboral ******************** y, en su caso, señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese sentido, si bien, a la fecha de la presentación de la demanda no se había emitido un acuerdo en el que se admitiera la demanda laboral promovida por la parte actora -hoy quejosa-, lo cierto es que de la documental aportada por citada responsable, se advierte que ya se emitió el acuerdo respectivo; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En la especie, como se adelantó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Establecido lo anterior, la citada Junta responsable, remitió documental relativa al juicio laboral de origen, de las que se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: En la junta laboral responsable está radicado el juicio laboral ********************, donde la quejosa ********************, tiene el carácter de parte actora. En proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, la Junta responsable admitió a trámite la demanda instaurada por la parte quejosa contra del ********************; y señaló las nueve horas del siete de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Lo que evidencia que los efectos del acto reclamado desaparecieron con posterioridad a la presentación de la demanda (veintiocho de noviembre de dos mil veintidós), pues la autoridad responsable emitió proveído en el que admitió a trámite la demanda instaurada por la parte quejosa en contra del ******************** en el juicio de origen (dos de enero de dos mil veintitrés), y señaló las diez horas del siete de agosto de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, pruebas y resolución. Por lo tanto, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, esto es, quedaron destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se otorgara el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no invadiera la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la ley de la materia, y en esa medida procede sobreseer fuera de audiencia en el presente sumario constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTO la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que de las constancias que obran en el cuaderno de varios dos mil veintidós, se desprende que el período vacacional de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, comprende del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. En atención a lo anterior, es evidente que no transcurre el término de QUINCE DÍAS, otorgado a la autoridad en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, para que rinda su informe justificado, debido a que se notificó del mismo el primero de diciembre del presente año. Por tanto, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el periodo vacacional de dicha autoridad comprende del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, es evidente que se encuentra transcurriendo el término de QUINCE DÍAS, otorgado para esos efectos. Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrarse la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se difiere la misma señalándose las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo
- Principal
Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y atento al contenido del mismo, se le tiene por formulados los alegatos que realiza, los cuales, de ser el caso, serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto a las copias que solicita, ha de decirse que tiene expedito su derecho para solicitarlas una vez que se emita la resolución que refiere
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