Damaris GarcìA Estrada
Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/12/2022
Partes del expediente
- Damaris GarcìA Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo de quince días, recurso de inconformidad en contra de la determinación judicial de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en la cual se declaró cumplida sin exceso ni defecto la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos décimo octavo, párrafos tercero, cuarto y quinto; vigésimo quinto, párrafo segundo; y, vigésimo séptimo, todos del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.Así lo acordó y firmó Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria en Funciones de Jueza del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5159/2022, asistida por Gerardo Castillo Riedel, secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que hicieran manifestación alguna. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. El veintisiete de enero de dos mil veintidós, este juzgado dictó sentencia, en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Damaris García Estrada, para el efecto que las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Coordinador de Prestaciones Económicas y Sociales, Zona Costa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; y Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: Dentro de su respectiva competencia den respuesta a la petición formulada por la quejosa Damaris García Estrada, el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, y, Notifiquen de manera personal a la peticionaria, la resolución que recaiga a dicha solicitud. Resolución en contra de la cual la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, interpuso recurso de revisión; medio de impugnación del cual correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California. En acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, se agregó el testimonio autorizado de la ejecutoria emitida por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en la cual, determinaron confirmar la sentencia protectora de derechos humanos, dictada en el presente juicio, por lo que en esa data, se requirió a las autoridades responsable, el cumplimiento del fallo protector. Por oficio recibido en este juzgado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por conducto de su delegada, comunicaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual, adjuntaron las copias certificadas respectivas; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Informe y anexos, de los que se desprende que la autoridad responsable cumplió con la sentencia de amparo, pues la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, dio respuesta a la petición de la quejosa Damaris García Estrada, mediante acuerdo SE/251/26-08-2022, emitido el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la Novena Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del multicitado Instituto, en la que declaró procedente otorgarle la pensión por jubilación, y lo hizo de su conocimiento mediante oficio número STJD-392/2022, firmado por el Secretario Técnico de la Junta Directiva del referido Instituto, el quince de noviembre de dos mil veintidós. Así, conforme a lo expuesto, se desprende que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos, sin perjuicio de que la parte quejosa o alguna parte legitimada, intenten el medio de impugnación correspondiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la autoridad responsable, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. De conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo que se atiende, dese vista a la parte quejosa así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido que de no hacer manifestación alguna se proveerá respecto al cumplimiento del presente fallo protector. Notifíquese personalmente
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 425/2022-C, que remite el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, al que anexa en un tomo, los autos del juicio de amparo 783/2021, y testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 196/2022, de su índice, en el que se resolvió: ¨PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Damaris García Estrada, en los términos de la sentencia que se revisa." Gírese el acuse de recibo correspondiente vía interconexión, háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Coordinador de Prestaciones Económicas y Sociales, Zona Costa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; y Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, realicen lo siguiente: Dentro de su respectiva competencia den respuesta a la petición formulada por la quejosa Damaris García Estrada, el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, y, Notifiquen de manera personal a la peticionaria, la resolución que recaiga a dicha solicitud. Para lo cual deberán remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello; apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá -en lo particular-, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables requeridas que el cumplimiento extemporáneo injustificado no las eximen de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo Sustenta lo anterior la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Debe destacarse que dicho plazo se otorga atendiendo a que veinte días hábiles resultan suficientes para tal efecto, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, la Junta Directiva de dicho instituto, puede sesionar ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente cada vez que así se requiera. Asimismo, hágase del conocimiento de las personas físicas que ocupan el cargo de las autoridades mencionadas que aun y cuando deje su puesto, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró en el cargo y que por esa razón, también podrá ser consignado en términos de la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional, pues esa conducta puede ser constitutiva de delito contra la impartición de justicia. Notifíquese personalmente.
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