Damaris Daniela Torres García
Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/06/2021
Partes del expediente
- Damaris Daniela Torres García
- Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Fuero Común. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 40/2021-VIII, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
...III.Ha causado ejecutoria.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa la resolución con engrose de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
S e n t e n c i a . Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 40/2021-VIII, promovido por la quejosa Damaris Daniela Torres García, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito y anexo recibidos el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad y turnado a este órgano el cinco siguiente (fojas 1 a 7 del cuaderno principal), la agraviada de mérito promovió demanda de garantías contra las autoridades y actos que se mencionan: Autoridades responsables: 1) Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar; y, 2) Jefe de la Central de Actuarios; Ambos del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: ".El acto del cual impugno lo es la resolución del recurso de revocación de fecha 14 de diciembre del año 2020, dictada dentro del juicio 1128/2020 [sic), radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas..." Segundo. A través de acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno (fojas 8 y 9 de esta contienda), se admitió a trámite la demanda, registrándose en el libro de gobierno bajo el número 40/2021-VIII, se ordenó la apertura de incidente de suspensión, por haberse solicitado; se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó al tercero interesado (fojas 21 a 29 de este asunto); en su oportunidad, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede (fojas 31 y 32 del expediente en que se actúa); y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la causa de pedir. De la lectura integral de la demanda inicial y anexo como un todo (fojas 1 a 7 del cuaderno principal), de los autos que conforman este asunto, especialmente de los informes justificados y anexos enviados por las autoridades señaladas como responsables (fojas 13, 14 y 16 a 18 de esta contienda, con un tomo que obra por cuerda separada), se advierte que la agraviada reclama: La resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del proveído de diez de noviembre de ese mismo año [y confirmó la medida de apremio consistente en multa impuesta a la demandada, en dicho auto], dentro del expediente 1128/2019, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, promovido por el tercero interesado Jonathan Cruz Jiménez en contra de la aquí impetrante (fojas 262 a 268 del testimonio de constancias que obra por cuerda separada). Tiene aplicación la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 181810 y visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Una vez precisados los actos combatidos, lo procedente es determinar su certeza o inexistencia. Tercero. Del contenido de los informes justificados que rindieron el Juez Tercero de Primera Instancia Familiar y el Coordinador de la Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad (fojas 13, 14, 16 y 17 del cuaderno principal), se advierte la certeza de los actos reprochados, pues las manifestaciones realizadas en sus informativas, así lo revelan. Se cita al respecto, la jurisprudencia 305, del Pleno del Máximo Tribunal del país, con registro electrónico 394261 y visible en la foja 206, del tomo VI, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1995, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las constancias que remitieron como complemento (foja 18 de este asunto y un tomo anexo que obra por separado); a las cuales se otorga carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo. En torno al valor probatorio de las documentales de mérito, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, perceptible con el símbolo de búsqueda 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, se tienen por ciertos los actos reclamados de las autoridades antes descritas. Cuarto. Previamente al estudio de los conceptos de violación (fojas 1 a 7 de esta contienda), sea que las partes lo aleguen o no, lo conducente es analizar si en el presente caso, existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al dispositivo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Se estima que no operan causales que hagan improcedente el estudio del fondo en esta contienda, sea de oficio o invocadas por las partes. En lo estrictamente conducente, se invoca la tesis 2ª.CLVII/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perceptible con el símbolo de búsqueda 165538 y publicada en la página 324, del tomo XXXI, enero de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Quinto. Acto seguido, se procede a analizar los conceptos de violación de la quejosa, en la inteligencia de que serán tomados en cuenta todos los razonamientos que de manera integral obren en la demanda y anexo (fojas 1 a 7 del expediente principal); cuya transcripción es innecesaria, dada la inexistencia de dispositivo legal que imponga la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Se invoca la jurisprudencia 2a./J.58/2010 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, perceptible con el símbolo 164618, publicada en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sexto. Los conceptos de violación que plantea la quejosa (fojas 1 a 7 de este asunto), resultan infundados, sin que existan elementos para suplir queja deficiente, conforme al numeral 79 de la Ley de Amparo, por las razones que se expondrán en párrafos siguientes. Como se anticipó, el acto reprochado que se analizará, consiste en la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del proveído de diez de noviembre de ese mismo año [y confirmó la medida de apremio consistente en multa impuesta a la demandada, en dicho auto], dentro del expediente 1128/2019, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, promovido por el tercero interesado Jonathan Cruz Jiménez en contra de la aquí impetrante (fojas 262 a 268 del testimonio de constancias que obra por cuerda separada). Con la finalidad de establecer las razones por las cuales se estima que dicha decisión se encuentra ajustada a derecho, se hace necesario reseñar los antecedentes más destacados, que se desprenden de las copias certificadas de constancias enviadas por la responsable ordenadora, que emergen del juicio ordinario civil sobre divorcio incausado número 1128/2019, promovido por Jonathan Cruz Jiménez, en contra de Damaris Daniela Torres García (un tomo anexo que obra por separado): 1) Mediante sentencia número 876 de cinco de agosto de dos mil diecinueve, se decretó la disolución del vínculo matrimonial entre el tercero interesado [Jonathan Cruz Jiménez] y la quejosa [Damaris Daniela Torres García], se aprobó parcialmente la propuesta de convenio y se estableció que el régimen de convivencia del padre no custodio con los menores D.F.C.T. y C.V.C.T., sería decidido vía incidental; asimismo, en razón de que el fallo causó ejecutoria por ministerio de ley, se ordenó girar oficio al Oficial del Registro Civil en esta ciudad (fojas 91 a 99 del tomo anexo). 2) Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a Jonathan Cruz Jiménez, promoviendo incidente de reglas de convivencia con sus menores hijos, ordenando el juzgado responsable correr traslado a la aquí quejosa (fojas 295 a 300 del testimonio de constancias). 3) El incidente en comento se encuentra substanciándose ante la responsable ordenadora y entre otras actuaciones, se dictó proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se citó a ambos padres para una audiencia el cinco de noviembre de ese mismo año, a fin de resolver las reglas de convivencia del ascendiente con sus hijos, mediante la plataforma Zoom; se apercibió a las partes que en caso de no comparecer sin causa justificada, se les impondría una medida de apremio consistente en cincuenta unidades de medida y actualización [$4,344.00 pesos], con apoyo entre otros, en los artículos 16, fracción I, 61 y 98 del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas (véase foja 202 del anexo). 4) El dos de noviembre de dos mil veinte, por medio de cédula folio NPE 2188, se realizó la notificación electrónica de dicho auto, a la demandada aquí quejosa, a través de su autorizado legal (fojas 204 a 206 del tomo que consta por separado). 5) A solicitud de la autorizada legal del actor aquí tercero interesado, se dictó el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte, por el que se hizo efectivo el apercibimiento de multa a la demandada aquí quejosa, por inasistencia a la diligencia de cinco de noviembre de aquel año; en dicho proveído se estableció, entre otras cuestiones, lo siguiente: ".Cuenta. En Heroica Matamoros, Tamaulipas, a diez días del mes de noviembre del año dos mil veinte; la Secretaria de Acuerdos, da cuenta al titular del Juzgado, con la recepción de una promoción recibida por la Secretaria de este Juzgado. Conste. Heroica Matamoros, Tamaulipas, a diez del mes de noviembre del año dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes el escrito signado por Liliana Rodríguez Alcalá, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento ordenado por auto de veintinueve de octubre del año en curso, toda vez que el demandado dio caso omiso al requerimiento realizado. En consecuencia, analizado que fue el mismo y como lo solicita, se procede a hacer efectiva una multa a Damaris Daniela Torres García, quien tiene su domicilio ubicado en calle Lábaro Patrio #142 col. Chapultepec de esta ciudad, equivalente al importe de 50 U.M.A. ($4,344.00), debiéndose para ello girar atento oficio, al Jefe de la Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad, el cual deberá ser gestionado por la parte interesada, para que se sirva hacer efectiva dicha multa; lo anterior, en virtud de haber sido notificada personalmente con el apercibimiento de sanción, mediante cédula actuarial folio NPE:2188, llevada a cabo el lunes dos de noviembre en punto de las diez horas con nueve minutos. Notifíquese. Así lo acordó el Licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, Secretaria de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas; en virtud de la contingencia sanitaria; se autoriza, firma electrónicamente y da fe. Doy fe.." (fojas 211 y 212 del anexo). 6) El incidente sobre reglas de convivencia sigue su curso y se han dictado diversos proveídos relacionados con dicha audiencia, pues no ha sido posible dilucidar las reglas en comento; en el caso que se analiza, contra el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte [multa], la demandada interpuso recurso de revocación que se admitió a trámite el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dando vista a la parte contraria (fojas 253 a 257 del testimonio certificado de constancias). 7) Previos los trámites correspondientes, en su oportunidad, el J uez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad, emitió la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte [acto aquí reclamado], en la que declaró infundado el recurso de revocación intentado por la quejosa en contra del auto de diez de noviembre de aquel año, en el cual se establecieron, entre otras consideraciones: ".En la Heroica Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a catorce de diciembre de dos mil veinte. El Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, emite la siguiente: Resolución de revocación ..VISTO para resolver el recurso de revocación, interpuesto por el Licenciado Arnaldo Rodrigo Mercado Mansur en su carácter de abogado autorizado por la parte demandada Damaris Daniela Torres García en términos del artículo 68 bis del código de procedimientos civiles de la entidad, contra el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 1128/2019 relativo al juicio de divorcio sin expresión de causa promovido por Jonathan Cruz Jiménez contra Damaris Daniela Torres García. .. . CONSIDERANDO PRIMERO. Trámite. Es procedente la tramitación del recurso de revocación dentro del presente juicio sumario civil sobre alimentos definitivos, de acuerdo a lo previsto en los 914 del código de procedimientos civiles de la entidad, el cual, medularmente, establece: 'Artículo 914. Los actos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dicta o por el funcionario que se constituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo.' SEGUNDO. Exposición de agravios. Mediante escrito recibido el doce de noviembre de dos mil veinte, el recurrente expresó los siguientes motivos de inconformidad: '.Si bien es cierto que mi mandante quien responde al nombre de DAMARIS DANIELA TORRES GARCÍA, no se conectó a la audiencia del día 5 de Noviembre del año 2020, también es cierto que en ningún momento se hizo caso omiso para la comparecencia de la misma, sin embargo en Auto de fecha 5 del mismo mes y año, la Licenciada Lizeth Betzayra Hernández Quijano, Secretaria de Acuerdos en el Juzgado a su digno cargo, hace constar que por fallas técnicas no se llevó a cabo la audiencia respectiva, por lo que es incongruente la imposición de la medida de apremio respectiva, cuando en realidad en ningún momento se pudo realizar la conexión respectiva, incluso haciéndolo tal y como lo establecen, bajo los parámetros respectivos, por lo que su Señoría de antemano y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, agradecería que revisara y revocara el acuerdo que con el presente recurso se combate, a fin de que quede sin efectos y dándonos por notificados y compareciendo a la audiencia que se encuentra programada para el mes decembrino; además reitero si dicha audiencia no se llevó a cabo por fallas técnicas y dicho por el personal del tribunal a su cargo, cuál es la finalidad del exceso en la imposición de la medida de apremio respectiva si a nadie se está afectando cuando la realidad es que tampoco nos pudimos conectar para poder llevar a cabo la audiencia respectiva. Toda vez que el objeto de los medios de apremio, no es otro que el de compeler a las partes en un procedimiento judicial de carácter civil y/o familiar, a que acaten una decisión que ha tomado el juzgador dentro del mismo, es dable establecer que aquéllos no tienen un carácter punitivo o sancionador de la conducta asumida por las partes en el juicio, dado que, su fin primordial, es vencer los obstáculos que impidan el cumplimiento de una determinación judicial. Por tanto, si el contumaz cumple con la determinación del Juez que pretende hacer cumplir, incluso fuera del término que éste haya concedido para tal efecto, es inconcuso que, al no existir ya la rebeldía que motivó la imposición de la multa, el mismo ha quedado sin materia y, por ende, no debe proseguir con su ejecución dentro del procedimiento de origen, pues dada la naturaleza intrínseca de tal medida de apremio, que tiende a atacar la libertad personal del impetrante de garantías, se debe estimar, que carece de firmeza y por tanto que se encuentra supeditada de manera directa y necesaria, al acatamiento de la determinación judicial que se pretende hacer cumplir, de manera que, un medio de apremio, como en el caso, la multa, subsistirá y tendrá vida jurídica, siempre y cuando no se haya vencido la contumacia de quien se encuentre obligado a cumplir la determinación del juzgador, que en éste caso concreto no es así, toda vez que su mismo personal manifiesta en el Acuerdo que emitió el día de dicha audiencia que no fue posible llevarla a cabo por fallas técnicas, por lo que a nadie se le afectó con el hecho que no nos hubiéramos podido conectar, por lo que la imposición de dicha medida de apremio es excesiva en el presente caso concreto. En la misma tesitura su Señoría, hago de su conocimiento que la multa impuesta a mi mandante es excesiva, y, por ende, su inconstitucionalidad, debe derivar del texto de la propia norma que la contemple y no de su comparación con otras normas del ordenamiento en el cual esté inmersa o de otros ordenamientos, toda vez que una norma es inconstitucional por contener disposiciones que por sí solas contravengan preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no porque difiera con otros preceptos ordinarios o incluso con una reforma hecha al texto de la disposición cuestionada que produzca mayor claridad, certeza o equidad en su aplicación, en virtud de que ello únicamente reflejaría una adecuada técnica legislativa o un cambio de criterio del órgano que la emitió pero no la inconstitucionalidad de la disposición estipulada. El artículo 22 de la Constitución Federal de la República, prohíbe la multa excesiva; entendiéndose por ésta, aquella pena pecuniaria que no corresponde a las condiciones económicas de la persona afectada, o que razonablemente es desproporcional con el valor del negocio en que se cometió; de tal suerte, que cuando la sanción pecuniaria es fija e invariable, se impide con ello a la autoridad administrativa individualizar la multa, es decir, tomar en cuenta las condiciones económicas del infractor, y la gravedad del ilícito respectivo, tomando en cuenta principalmente las condiciones económicas del infractor y la gravedad de la infracción, contraría el artículo 22 constitucional, cuando además en todo lo que va del presente año, en ningún momento se dignó la parte contraria a PROPORCIONAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA QUE SE NECESITA PARA QUE LOS HIJOS TENGAN Y GOCEN DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN, VESTIDO, CASA, ETC., por lo que como quiere su Señoría que mi clienta pague una multa tan excesiva y que además de ser inconstitucional, también es cierto que no se afectó a nadie cuando no se pudo llevar a cabo por fallas técnicas..' ... TERCERO. Estudio de los agravios. En síntesis, el disconforme aduce que el auto impugnado le causa agravios en virtud que: a) Si bien es cierto Damaris Daniela Torres García no se conectó a la audiencia del día cinco de noviembre de dos mil veinte, también lo es que la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar hizo constar que no fue posible llevar a cabo la audiencia de mérito por fallas técnicas, por lo que es incongruente la imposición de la medida de apremio respectiva. b) Que el objeto de los medios de apremio es compeler a las partes en un procedimiento judicial de carácter civil y/o familiar a que acaten una decisión que ha tomado el juzgador, por lo que tienen un carácter punitivo sancionador de la conducta asumida por las partes del juicio, por tanto, si el contumaz cumple con la determinación del juez incluso fuera del término concedido es inconcuso que ya no existe la rebeldía que originó la imposición de la multa, por lo que dicha medida de apremio ha quedado sin materia. c) Que la multa impuesta es excesiva e inconstitucional; toda vez que contraviene lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que al no individualizarse la multa, no se tomaron en cuenta las condiciones económicas del infractor, y la gravedad del ilícito respectivo, tomando en cuenta principalmente las condiciones económicas del infractor y la gravedad de la infracción, aunado a que la contraria no ha proporcionado la pensión alimenticia que se necesita para sus menores hijos. Por lo que solicita la revocación del auto combatido para que en su lugar se dicte uno nuevo en donde no se haga efectivo el apercibimiento realizado a la parte demandada Damaris Daniela Torres García. Tales motivos de inconformidad resultan infundados. Para clarificar el tema, debe reiterarse que la finalidad del recurso de revocación que nos ocupa, tiene por objeto dejar sin efecto el auto de fecha diez de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento realizado a Damaris Daniela Torres García en auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte y se impuso en su contra una multa por el equivalente a 50 U.M.A. Ahora bien, del estudio de los agravios expuestos se estima que por cuanto hace al primero resulta infundado, ya que contrario a lo que afirma el recurrente, respecto a que no le causa perjuicio a ninguna de las partes que la demandada Damaris Daniela Torres García no se hubiese conectado a la audiencia del día cinco de noviembre de dos mil veinte, toda vez que la Secretaria de Acuerdos hizo constar que no fue posible llevar a cabo el desahogo de la misma por fallas técnicas; al respecto cabe precisar que, si bien es cierto en la citada fecha que no fue posible llevar a cabo la referida audiencia por fallas técnicas, también es verdad que igualmente hizo constar que únicamente se encontraba presente el actor Jonathan Cruz Jiménez. Por lo que, es dable establecer que si la parte actora pudo accesar el día y hora establecidos para el desahogo dela audiencia de padres ordenada sin tener inconveniente alguno, la demandada Damaris Daniela Torres García, se encontraba en igualdad de condiciones. Aunado a lo anterior, cabe destacar que las supuestas fallas técnicas no impiden el desahogo de la diligencia, sino el hecho de que la demandada Damaris Daniela Torres García no se hubiese presentado en la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia de padres ordenada, tan es así que su contrario el señor Jonathan Cruz Jiménez sí estuvo presente el día y hora indicado, tal y como le fue requerido por este juzgado mediante proveído fecha veintinueve de octubre del año en curso. De igual manera, del escrito recibido el doce de noviembre del año en curso, se desprende que el propio recurrente expresamente reconoce que la demandada Damaris Daniela Torres García no se conectó a la audiencia programada para el cinco de noviembre de dos mil veinte, sin que se advierta de autos que en su momento procesal oportuno hubiese tratado de justificar su inasistencia a la misma a fin de que este juzgado tomara en cuenta sus razones para calificar la viabilidad de la imposición o no de la medida de apremio. Por lo tanto, las circunstancias de que no se llevara a cabo la audiencia de padres ordenada, únicamente fue imputable a la recurrente Damaris Daniela Torres García, en franco desacato al ordenamiento realizado en proveído de fecha veintinueve de octubre del año en curso. De otra parte, por cuanto hace al segundo de sus agravios, igualmente resulta infundado, toda vez que si bien le asiste la razón al recurrente al afirmar que el objeto de los medios de apremio es hacer que las partes cumplan con las ordenes expedidas por una autoridad judicial, hace una incorrecta interpretación al acudir que si el contumaz cumple con la determinación del juez incluso fuera del término concedido es inconcuso que ya no existe la rebeldía que originó la imposición de la multa, por lo que dicha medida de apremio ha quedado sin materia. Es así, ya que no obstante que la demandada Damaris Daniela Torres García compareció a la nueva fecha señalada para el desahogo de la audiencia de padres ordenada, lo cierto es que acorde a lo dispuesto por el artículo 16 del código de procedimientos civiles de la entidad, es potestad del juzgador emplear los medios de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones y en el caso concreto, la multa impuesta a la demandada es consecuencia de su desacato específicamente al ordenamiento realizado por auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veinte. Finalmente, por cuanto hace al tercer agravio resulta inoperante, puesto que desde el dos de noviembre del año en curso, la parte demandada Damaris Daniela Torres García por conducto de su abogado autorizado, se hizo sabedora del proveído de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se le hizo el apercibimiento de que en caso de no comparecer sin causa justificada a la audiencia ordenada se impondría en su contra una medida de apremio equivalente a 50 U. M. A. ($4,344.00 cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), sin que hubiere combatido oportunamente dicho auto, por lo que tácitamente consintió el mismo. Aunado a lo anterior, en la especie, la cuantía de la medida de apremio impuesta obedece a la reiterada omisión en que incurrió la parte demandada Damaris Daniela Torres García para asistir al desahogo de la audiencia de padres ordenada, pues de autos se advierte que previo a su desahogo en fecha tres de diciembre de dos mil veinte, en fechas tres y treinta de septiembre, veintinueve de octubre y cinco de noviembre del año en curso, la demandada hizo caso omiso a los requerimientos previos realizados, obstaculizando así en detrimento delas partes lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela la garantía de los gobernados a una justicia pronta y expedita. En tal evento, ante las consideraciones vertidas y al resultar infundados los argumentos vertidos por el recurrente, se declara infundado el recurso de revocación interpuesto por el licenciado Arnaldo Rodrigo Mercado Mansur en su carácter de abogado autorizado por la parte demandada Damaris Daniela Torres García en términos del artículo 68 bis del código de procedimientos civiles de la entidad, contra el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, quedado incólume en todos y cada uno de sus argumentos de jure y de facto, para los efectos legales a que dieren lugar. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se declara infundado el recurso de revocación interpuesto por el licenciado Arnaldo Rodrigo Mercado Mansur en su carácter de abogado autorizado por la parte demandada Damaris Daniela Torres García en términos del artículo 68 bis del código de procedimientos civiles de la entidad, contra el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 1128/2019 relativo al juicio de divorcio sin expresión de causa promovido por Jonathan Cruz Jiménez contra Damaris Daniela Torres García. SEGUNDO. En consecuencia, se confirma el auto recurrido a que se refiere el resolutivo anterior, Notifíquese. Así lo acuerda el Licenciado Carlos Gregorio Ramos Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien actúa con la Licenciada Lizett Betzayra Hernández Quijano, Secretaria de Acuerdos, que autoriza, firma electrónicamente, con base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la firma electrónica avanzada del Estado de Tamaulipas, en atención al oficio SEC/1215/2020 del siete de mayo en curso, y da fe.." (fojas 262 a 268 del tomo anexo que consta por separado). Pues bien, en primer término, son infundados los motivos de disenso relacionados con el artículo 14 Constitucional, que invoca la quejosa en su demanda de garantías. Ello es así, pues como se observa de las constancias enviadas por la autoridad responsable, la aquí inconforme, previamente al dictado de la resolución impugnada, fue escuchada en el procedimiento de origen, en la medida que tiene el carácter de parte demandada en el juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, promovido por el tercero interesado Jonathan Cruz Jiménez y compareció a defender sus derechos en el incidente que se tramita en torno a la forma de convivencia de los menores con su padre; inclusive, la quejosa ha interpuesto diversos recursos como el que motiva el acto reclamado, tendientes a velar por sus intereses ante el juez de origen. Esto es, contrario a lo expuesto en su demanda de amparo, la peticionaria tuvo el ejercicio de la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad. De igual manera, no se advierte afectación en las garantías plasmadas en el precepto 16 Constitucional, pues la resolución sometida a escrutinio, está fundada y motivada. Por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso; en tanto que por motivación, el señalamiento expreso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa invocada. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad. Se estima aplicable la jurisprudencia VI.2o.J/43 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro electrónico 203143 y publicada en la página 769, del tomo III, marzo de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." Bajo esa óptica, se estima que la resolución combatida está ajustada a derecho, pues se apoyó entre otros dispositivos, en los artículos 17 Constitucional y 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo, el juez responsable atendió cada uno de los agravios que la recurrente expuso a través de su autorizado legal, pues le explicó que la finalidad de la multa como medida de apremio, es hacer cumplir las determinaciones dictadas en el procedimiento natural, que se atendió a la circunstancia de que han sido varias ocasiones en que la demandada aquí doliente ha desacatado u omitido cumplir los requerimientos de la ordenadora, tendientes a dilucidar la convivencia de los menores con su padre en el incidente de origen; se estiman claros los argumentos vertidos por la responsable al declarar infundado el recurso intentado, pues se observa que la quejosa fue legalmente notificada vía electrónica del apercibimiento que antecedió a la multa impuesta y si bien, la diligencia de cinco de noviembre de dos mil veinte no se realizó por fallas técnicas, es verdad que, como sostiene el juez natural, las demás partes sí asistieron, ya que se hizo constar la presencia del promovente aquí tercero interesado; aunado a que de las constancias enviadas por el juzgador de origen como complemento de su informe justificado, no se desprende alguna documental que haya exhibido la quejosa con la finalidad de justificar su inasistencia a la diligencia en comento. Es importante mencionar que la legislación ordinaria que rige el acto reclamado, faculta al juzgador familiar para tomar las medidas necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, pues entre otros dispositivos, el artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, contempla la multa que se impuso a la quejosa. De igual manera, existe constancia del fundamento y motivación del auto por el cual se formuló requerimiento a la quejosa, así como de la notificación personal vía electrónica a la destinataria por conducto de su autorizado legal (fojas 202 a 206 del tomo anexo). La resolución en cuestión, contiene la suficiente claridad, en la medida de que la impetrante comprendió su contenido y estimó acudir al juicio de amparo que nos ocupa. Robustece las consideraciones que preceden, el texto de la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, perceptible con el símbolo de búsqueda 254957 y que consta en la foja 158, del tomo 72, Sexta Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 Constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta co material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." Por otra parte, no se consideran vulnerados los derechos fundamentales consagrados por el artículo 17 Constitucional que invocó la quejosa; pues del procedimiento natural se advierte que a la impetrante se le está administrando justicia por tribunal previamente establecido para ello, conforme a la ley aplicable al caso concreto, dentro de los plazos fijados por la ley; explicación que resultó clara para las partes, en la medida que la agraviada optó por combatir el acto reclamado, a través de este juicio de amparo indirecto. Cabe mencionar que al resolverse la revocación reclamada, se dejó firme una multa, derivada del mandato judicial de la responsable ordenadora que la impuso como medida de apremio; y para ello, existió previo requerimiento de cumplimiento al mandato y conminación de imponer dicha multa para el caso de desobediencia, de tal manera que ante la conducta contumaz de la obligada, la responsable ordenadora atendió a la celeridad del procedimiento natural; pues por encima del interés meramente individual de la afectada con la medida de apremio, se encuentra el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones judiciales se cumplan a la brevedad posible, esto con el propósito de que se haga efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, consistente en la administración de justicia pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido lo que argumenta la quejosa en su demanda de garantías (foja 2 del cuaderno principal), en relación a que el día de la diligencia para la cual estaba citada la peticionaria, se asentaron fallas técnicas por parte de la responsable ordenadora; pero lo cierto es que como sostuvo el juez de origen en la resolución reclamada, la quejosa estaba legalmente notificada del apercibimiento y no obstante, omitió acudir a la diligencia para la cual estaba citada. Por otro lado, no se soslaya que derivado de las diversas citaciones y requerimientos tendientes a la convivencia de los menores con su padre, a la fecha, la autoridad de instancia le impuso otra medida de apremio a la quejosa, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, consistente en arresto (foja 148 del anexo); empero, ello no será analizado en este fallo, pues constituye uno de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto 1110/2020-VI promovido por la misma quejosa, que se tramita en este tribunal federal. En otro aspecto, el hecho de que la responsable ordenadora no resolviera favorablemente conforme a las pretensiones de la quejosa, no atenta contra sus derechos fundamentales; al efecto, se invoca el contenido de la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10ª.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 906, del libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, Materias Constitucional y Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por otra parte, debe destacarse que el orden en que fueron contestados los conceptos de violación de la peticionaria (fojas 1 a 7 del expediente principal), no le causa agravio alguno, ya que el numeral 79 de la Ley de Amparo, no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por la quejosa, sino que la única condición que establece es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo que en la especie aconteció. Se cita la jurisprudencia VI.2o.C.J/304 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con el símbolo de búsqueda 167961 y publicada en la foja 1677, del tomo XXIX, febrero de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO: El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Sobre estas bases, lo procedente es negar a la accionante Damaris Daniela Torres García, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra el acto que reclamó al Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, con residencia en esta ciudad; en virtud de que los conceptos de violación que plasmó en su demanda [fojas 1 a 7 de este asunto], resultaron infundados, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. De igual forma, debe negarse tal protección constitucional, respecto de los actos reclamados al Coordinador de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad, pues fue llamado a este juicio con el carácter de autoridad ejecutora y no se le atribuyen vicios propios. Se estima la jurisprudencia VI.2°.J/317 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro electrónico 210778 y publicada en la página 83, del tomo 80, agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 77, 79, 215 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e . Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la agraviada Damaris Daniela Torres García, contra los actos de las autoridades responsables descritas en los considerandos tercero a sexto de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando último de la propia resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, terminada de engrosar hasta el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, quien actúa asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, secretaria que autoriza y da fe.
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