Damar Antonio Ortíz Olan

Expediente 1042/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 53 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1042/2017
Año
2017
Actuaciones
53
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Damar Antonio Ortíz Olan
  • DAMAR ANTONIO ORTÍZ OLAN y Otros.
  • SAMUEL CORREA CORTAZAR y Otros.
  • Secretario de Comunicaciones Y Transportes del Estado de Tabasco
  • Samuel Correa Cortazar
  • Luz del Carmen España Pérez
  • Lazaro Ramón Narez
  • Delfilia Pérez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos la constancia suscrita por el Actuario adscrito a este juzgado, al que anexó el oficio 4193/2019, dirigido al Secretario de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México, el cual fue devuelto por el Servicio Postal Mexicano, por haber cambiado de domicilio la aludida autoridad responsable; por lo que, en obvio de mayores dilaciones, envíese el oficio de mérito a la dirección correcta, esto es, a la Avenida Insurgentes Sur, número 1089, colonia Nochebuena, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03720, Ciudad de México, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de los presentes autos, se advierte que la parte quejosa exhibió nueve tomos de pruebas que obran por cuerda separada; en ese contexto, hágase saber a los promoventes del amparo que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación de cuenta, se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, designó al suscrito Carlos Calderón Espíndola, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, hágase del conocimiento de las partes, la designación del nuevo titular, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, súmese a los autos la constancia suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, a la que anexó el oficio 4202/2019, dirigido al Delegado y/o Director de Tránsito Municipal de las Choapas, Veracruz, el cual fue devuelto por Correos de México, por las razones que ahí expone; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 400), se tuvo por inexistente a la precitada autoridad responsable.

  3. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la certificación; se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de uno de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de ocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 450 a 469), se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Damar Antonio Ortiz Olan y otros, contra los actos precisados en el inciso o) del considerando II de la precitada ejecutoria, reclamados al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco. Inconformes con la anterior determinación, los impetrantes de amparo interpusieron recurso de revisión que fue registrado con el número 265/2018, del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que en sesión de ocho de febrero de dos mil diecinueve, fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, confirmando la sentencia impugnada (fojas 710 a 739). El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 740 y 741). Mediante oficio recibido el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Movilidad en el Estado de Tabasco (anteriormente Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco), en representación de la precitada autoridad responsable, remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el cumplimiento al fallo protector (fojas 748 a 773). Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro <<DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO>>. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo se otorgó la protección de la justicia federal a los quejosos para los efectos de que la autoridad responsable: <-En el plazo máximo de diez días hábiles la responsable de respuesta a los escritos presentados el once y veintitrés de enero de dos mil trece; diecisiete y treinta y uno de marzo, así como dos, cinco, diez y veintitrés de junio de dos mil quince; y, veintiséis de julio de dos mil dieciséis, por los accionantes del amparo, en la cual de contestación puntual a lo solicitado, misma que deberá notificar en un breve término. Lo que no implica necesariamente acceder a lo solicitado, sin embargo, es conveniente hacer notar que la determinación que se emita deberá cumplir con el principio de fundamento y motivación previsto en el artículo 16 Constitucional. 76. Sin que este juzgador se encuentre en aptitud de dilucidar si los permisos provisionales a que se refieren los quejosos siguen o no vigentes pues, no existe aún (por no tener constancia de ello) determinación de las responsables en el sentido de no reconocer tales documentos, por ende no se podría abordar el análisis de los conceptos de violación vertidos en ese sentido, o los actos reclamados que se hacen depender de ello>>. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Movilidad en el Estado de Tabasco, en representación de la responsable en cuestión, se desprende que los actos reclamados por los que se concedió la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, fueron objeto de tutela judicial en el diverso 1077/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. Con motivo de lo anterior, se consultó la página de Intranet del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a cargo de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y se obtuvo que, efectivamente, los aquí quejosos promovieron el juicio de amparo precitado, en contra de los mismos actos reclamados (la falta de respuesta a los escritos presentados el once y veintitrés de enero de dos mil trece; diecisiete y treinta y uno de marzo, dos, cinco, diez y veintitrés de junio de dos mil quince, y veintiséis de julio de dos mil dieciséis, a través de los cuales solicitaron a la responsable fecha para acudir a dar continuación al trámite para la obtención de las placas, engomados y tarjetas de circulación para la prestación del servicio público de transporte -taxi) y respecto de la misma autoridad (Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco). Lo anterior fue corroborado expresamente por la parte quejosa, a través del escrito recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en donde expuso: <<Ahora, de las constancias que obran en los autos que integran el presente juicio de amparo, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que esta parte quejosa, solicitamos al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, nos diera fecha y hora para comparecer a continuar con el tramite relativo al otorgamiento de las placas, engomados y tarjetas de circulación, para prestar el servicio de transporte publico de taxis, petición que realizamos través de los escritos presentados el once y veintitrés de enero de dos mil trece; diecisiete y a treinta y uno de marzo, dos, cinco, diez y veintitrés de junio de dos mil quinte y veintiséis de julio de dos mil dieciséis>>. Asimismo, de la ejecutoria de amparo de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el aludido sumario, se observa que se concedió la protección de la justifica federal para los siguientes efectos: <<1. Dar contestación en forma congruente y exhaustiva a la petición que le fue formulada mediante los escritos presentados el once y veintitrés de enero de dos mil trece; diecisiete y treinta y uno de marzo, dos, cinco, diez y veintitrés de junio de dos mil quince, y veintiséis de julio de dos mil dieciséis, ante su potestad. 2. Hecho lo anterior, deberá hacer del conocimiento de los solicitantes del amparo, el acuerdo recaído a sus escritos de mérito, a fin de que estén en aptitud de ejercitar sus derechos, de estimarlo pertinente>>. Información que constituye un hecho notorio y puede ser invocada libremente, conforme lo prevé el precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal segundo. De igual forma, de las constancias que anexa la autoridad en cuestión, se aprecia que mediante los oficios SCT/UAJAI/0548/2017, SCT/UAJAI/0549/2017, SCT/UAJAI/0550/2017, SCT/ UAJAI/0551/2017, SCT/UAJAI/0552/2017, SCT/UAJAI/0553/2017 y SCT/UAJAI/0554/2017, todos de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, dio contestación a los escritos antes referidos, los cuales notificó por estrados, a excepción del citado en segundo lugar, que se hizo en la misma data en el domicilio asentado en el acta levantada al respecto. En ese contexto, se considera que en la fecha en que se dictó la ejecutoria de amparo en el presente juicio (ocho de enero de dos mil dieciocho), ya se había dado respuesta a los escritos en cuestión (catorce de septiembre de dos mil diecisiete). CONCLUSIÓN Por lo antes expuesto, se colige que al cambiar la situación jurídica que motivó la concesión del amparo en el presente juicio, existe una imposibilidad real y legal para dar cumplimiento al fallo protector, pues desapareció su objetivo, que en el caso era precisamente forzar a la autoridad responsable a dar respuesta a los escritos presentados ante ella por los quejosos el once y veintitrés de enero de dos mil trece; diecisiete y treinta y uno de marzo, así como dos, cinco, diez y veintitrés de junio de dos mil quince; y, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Pues la responsable demostró que a la fecha en que se dictó la ejecutoria de amparo en el presente sumario (ocho de enero de dos mil dieciocho), ya había contestado y notificado los aludidos escritos (catorce de septiembre de dos mil diecisiete), lo cual hizo en cumplimiento del fallo protector emitido el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en el diverso juicio de garantías 1077/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. Por lo que, atendiendo a la teleología e interpretación funcional del artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone que la acción relativa es improcedente respecto de normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, en los términos establecidos en la fracción X del precitado numeral, esto es, que se haya tratado de los mismos quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, lo cual acontece en el presente asunto; no se puede obligar a la responsable a dar contestación a los escritos de mérito, cuando acreditó que ya lo hizo en cumplimiento de diverso fallo protector. Es de tomar en cuenta lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, del siguiente rubro y texto: <<INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia>>. Ahora bien, mediante escrito recibido el ocho de marzo de dos mil diecinueve, la parte quejosa, en relación a la vista que se le dio en proveído de uno del aludido mes y año, expuso que la personalidad con la que se ostenta la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Movilidad en el Estado de Tabasco, no le da facultades para contestar dentro del presente juicio de amparo. Lo anterior es infundado, toda vez que conforme a lo instituido en el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley de Amparo, los titulares de las dependencias de la administración pública estatales podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos, como se lee de la siguiente transcripción del aludido numeral: <<Artículo 9o. [.] [.] Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. [.]>>. Como se puede advertir, el precepto legal de mérito permite que las autoridades a que se refiere, entre las que se encuentran las señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, por tratarse de dependencias de la administración pública estatal, en este caso de Tabasco, puedan ser sustituidas por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. Esto es, la Ley de Amparo no limita la representación de las autoridades responsables a aquellos servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución. Sin que se pierda de vista que en la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, únicamente se tuvo por cierto el acto reclamado (antes referido) respecto del entonces Secretario de Comunicación y Transportes del Estado de Tabasco, por lo que en la concesión de la tutela constitucional se vinculó a esa dependencia y no a las restantes autoridades. De ahí que resulte infundado lo aducido por la parte quejosa respecto de la personalidad de la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Movilidad en el Estado de Tabasco. Por otra parte, en el escrito de cuenta, la quejosa refiere que existe un defecto en el cumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad responsable, ya que <<fue omisa en darle requerimiento a la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Undécima Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en la que confirma la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, es decir, Ampara y protege a esta parte quejosa para los efectos que den contestación a nuestros escritos de petición de diversas fechas>>. De igual forma, arguye que <<la autoridad responsable en claro desacato a la sentencia en la que se nos concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, omite dar contestación fundada y motivada a nuestros escritos de petición a como lo ordeno su señoría y confirmo el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Undécima Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, es decir, el simple hecho de manifestar en esta etapa del juicio que ya se dio contestación a nuestras peticiones y no haberlo hecho valer durante la tramitación del mismo, constituye una violación procesal que no puede ser subsanada al existir ya una sentencia que se encuentra en vías de cumplimiento>>. Lo anterior es infundado, porque, como se estableció anteriormente, el acto reclamado objeto de la concesión de amparo en el presente asunto, también lo fue en el diverso juicio de garantías 1077/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y la responsable demostró que ya había contestado y notificado los escritos en cuestión, lo cual hizo en cumplimiento del fallo protector emitido en éste el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Razón por la que se estimó que la sentencia emitida en el presente sumario carecía de objeto, pues conforme a la teleología e interpretación funcional del artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone que la acción relativa es improcedente respecto de normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, en los términos establecidos en la fracción X del precitado numeral, esto es, que se haya tratado de los mismos quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; no se puede obligar a la responsable a dar contestación a los escritos citados, cunado acreditó que ya lo hizo en cumplimiento de diverso fallo protector. Lo anterior se corrobora con lo expuesto por los quejosos en el escrito presentado con motivo de la vista que se le dio con el informe del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, en donde adujeron: <<[.] la responsable anexa diversas copias en donde supuestamente nos da contestación a nuestros escritos de petición y pretende tener por cumplida la sentencia de merito, omitiendo dar una respuesta fundada y motivada ya que los diversos escritos que contienen supuestas respuestas a nuestros escritos de petición, resultan ser imprecisos y evasivos para cumplir con la sentencia de amparo>>. Por las anteriores consideraciones, resultan inatendibles los planteamientos de los quejosos, en relación con el contenido de los oficios mediante los cuales la responsable dio respuesta a los escritos en cuestión, pues ello debió hacerlo ante el Juez de Distrito que les concedió la tutela judicial en el diverso juicio de garantías o combatirlo a través de la acción constitucional correspondiente. En cuanto a lo aducido por los impetrantes de amparo, respecto de que la Titular de la unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco, carece de facultad para certificar las copias que exhibió para demostrar el cumplimiento del fallo protector emitido en el presente sumario; es infundado, porque, como se advierte de la certificación de mérito, lo hizo en términos del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, que instituye: <<ARTÍCULO 12.- Los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico de las Dependencias y Entidades adscritos a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos deberán certificar copias de los documentos que se encuentren en sus archivos, y solo podrán expedirlos por mandato de autoridad debidamente fundado y motivado>>. Del referido precepto legal, se advierte, además, que la aludida autoridad tiene facultad para certificar los documentos que se encuentren en sus archivos, por lo que al haber sido señalada como responsable, la dependencia a la que pertenece, en el precitado juicio de amparo 1077/2016, se justifica que cuente con las constancias que por ese motivo se le remitieron y puede exhibirlos para demostrar sus afirmaciones. Por lo que devienen inaplicables las tesis que citan los quejosos, en el sentido que pretenden, de rubros <<COPIAS, FACULTAD DE CERTIFICACIÓN DE. LA TIENEN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SI LA LEY CORRESPONDIENTE LOS AUTORIZA PARA ELLO, RESPECTO DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN SUS ARCHIVOS, SOBRE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA>>; <<FUNCIONARIOS PUBLICOS. AUTORIZACION PARA EXPEDIR CERTIFICACIONES>>; y <<PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA CERTIFICACIÓN REALIZADA POR UN FUNCIONARIO PÚBLICO DE SU PROPIO NOMBRAMIENTO, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA>>, esta última, además, porque hace referencia a la certificación del nombramiento de quien procura demostrar su personalidad en el juicio de amparo, situación que resulta ajena al planteamiento propuesto por aquéllos. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, como en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. .

  4. Incidental

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista, la certificación que antecede, de la que se desprende que con esta misma fecha en autos del juicio 1042/2017-9, se determinó la imposibilidad jurídica y material para darle cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto y se ordenó su archivo; por tanto, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívese el presente cuaderno incidental. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitadas, por tanto, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación.

Quedan 49 actuaciones en este expediente

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