Dalila Gonzalez Pascual
Expediente 386/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dalila Gonzalez Pascual
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintidós. Como se desprende de la certificación que antecede, y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de tres de marzo del presente año, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dispone lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-386/2021-1, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Secretario de Educación en el Estado, y otras autoridades, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad; y, Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por... respecto del acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables y por las razones indicadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de la presente resolución, una vez que cause ejecutoria la misma, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la citada Ley.
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable en cita, cumple con el requerimiento decretado en autos y remite la documental descrita en la constancia secretarial que antecede; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual forma, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Como se advierte de la constancia secretarial que antecede, que la autoridad responsable Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaria de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento decretado en autos por medio del cual este órgano jurisdiccional le requirió copias certificadas del expediente administrativo de origen, relativas a la contestación de la petición formulada por la impetrante, materia del acto reclamado, no obstante encontrarse notificada para tal efecto desde el dieciséis de diciembre pasado, como se evidencia de la constancia relativa que obra en autos; consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas del expediente administrativo de donde deriva el acto reclamado, toda vez que resultan necesarias para la debida integración del presente asunto; apercibida que de no hacerlo en el lapso citado, se le impondrá una multa de ciento cincuenta veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo, la que se señala para su desahogo hasta tal data, tomando en consideración que la agenda de este órgano jurisdiccional se encuentra sobresaturada. En términos del artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento, que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado solo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
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