Dalila Garcia Peralta

Expediente 1672/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1672/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Dalila Garcia Peralta

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega el informe de la Jueza Tercero Penal del Primera Instancia, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de treinta de octubre de dos mil dieciocho.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1672/2018-I-2 y fórmese expediente. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. De conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La orden de clausura de dieciocho de octubre del año en curso del local con "venta de tacos y otros" ubicado en el interior del Parque José Eduardo de Cárdenas y Romero, Avenida Hidalgo, de Cunduacán, Tabasco. En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Ahora bien, en la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado, la parte promovente, debió agotar el juicio ordinario tendiente a revocar o modificar los actos lesivos. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo, por medio del cual, se puede lograr que la determinación que se trata de combatir por esta vía constitucional, sea revocada. En efecto, al respecto debe decirse que los artículos 1, 100 y 157, fracciones I y II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, respectivamente disponen lo siguiente: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como los procedimientos para la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento y los medios de impugnación en contra de sus resoluciones. Los juicios de naturaleza contencioso administrativo que se promuevan ante el Tribunal, se sustanciarán y resolverán con arreglo a lo que señala la presente Ley. En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves de servidores públicos o faltas de particulares vinculados con las mismas, se estará a lo señalado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. A falta de disposición expresa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en esta Ley y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; el Código Fiscal del Estado de Tabasco; la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y demás ordenamientos legales, en lo que resulten aplicables, según la naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate. Para efectos de esta Ley se entenderá, por: I. Juicio: el Juicio Contencioso Administrativo; II. Pleno: el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; III. Presidente: el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; IV. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; V. Sala Unitaria: cada una de las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; VI. Sala Especializada: la Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; VII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y VIII. UMA: la Unidad de Medida y Actualización." "Artículo 100.- La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez del acto impugnado; II. Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado; III. Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; IV. Tratándose de la nulidad de resoluciones que confirmen la calificación hecha por el registrador en términos de la Ley Registral del Estado de Tabasco, la sentencia podrá ordenar la revocación de la calificación respectiva, a efecto de determinar la procedencia o no de la inscripción del mismo, la cual, de resultar procedente, surtirá efectos desde que por primera vez se presentó el título, sin que en ningún momento pueda el Tribunal resolver sobre cuestiones de titularidad, características y modalidades de derechos reales; V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y, además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa; b) Restituir al actor en el goce de los derechos afectados; y c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que se estimarán nulos los actos de aplicación que afecten al demandante, a partir del primero que hubiese impugnado, sin perjuicio de la emisión de nuevos actos en igual o similar sentido, siempre y cuando en éstos, no se aplique la norma general estimada ilegal. Siempre que se esté en el supuesto previsto en la fracción III de este artículo, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita un nuevo acto; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales; o VI. Sobreseer en el juicio en los términos de Ley." "Artículo 157.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; II. Los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;" De los artículos transcritos, entre otras cosas, se aprecia que en contra de las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; así como, de los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación, procede el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que es un órgano autónomo dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones, las que en su caso declaren fundada la pretensión del actor, dejarán sin efecto el acto reclamado y fijarán el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho del actor. Luego, si la parte quejosa señala como acto reclamado, como ya quedó precisado, la orden de clausura del negocio de la quejosa ubicado en Cunduacán, Tabasco; por ello, es indudable que, antes de acudir al amparo, tenía obligación de agotar el juicio respectivo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, conforme al artículo 157, fracciones I y II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y al no haberlo hecho así, es evidente que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que hace improcedente el presente asunto. Lo anterior, tomando en consideración que dicho juicio es el medio de impugnación en virtud del cual, a petición de parte legítima, se puede nulificar el acto reclamado, pues es claro que con su interposición, el afectado puede alcanzar su pretensión jurídica y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta se le ocasionaron. Además, tampoco se está en el supuesto de que la ley del acto prevea más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo, pues los numerales 70, 71 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, prevén lo siguiente: "Artículo 70.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. La suspensión podrá ser revocada en cualquier momento, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 71.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes del cierre de la instrucción y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución del mismo. No se otorgará la suspensión si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaria de Planeación y Finanzas del_ Gobierno del Estado de Tabasco, de custodiar el folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros." "Artículo 74.- En los casos en que proceda la suspensión, pero se puedan ocasionar danos o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante, mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar el daño e indemnizar los perjuicio que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere concedido". Como se ve, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, ya que el actor puede solicitarla en su demanda o en cualquier momento del juicio, y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia sentencia, además que la garantía que debe otorgarse cuando pudieran ocasionarse daños y perjuicios a un tercero con la concesión, puede constituirse en cualquiera de las formas establecidas por la ley (al igual que en la Ley de Amparo); por lo que al no darse el supuesto de excepción al principio de definitividad, la parte quejosa debió haber agotado el aludido juicio contencioso administrativo. En ese contexto, evidente resulta que la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que el acto carezca de fundamentación, que se aleguen violaciones directas a la Constitución o que no tenga previsto en la ley aplicable el medio de defensa. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Dalila García Peralta, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir citas y notificaciones, el predio que señala en su demanda y como autorizada en términos del precepto 24 de la Ley de Amparo a la persona que menciona. Este Juzgador autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente la promovente y su autorizado, siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública.

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