Dalila Cigarroa Sosa
Expediente 606/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dalila Cigarroa Sosa
- Juez Segundo de lo Familiar. Salina Cruz, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído, para los efectos legales procedentes. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el término legal de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, con registro 192174, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se concedió la tutela federal solicitada por la quejosa Dalila Cigarroa Sosa, para los siguientes efectos: 1) Dejar insubsistentes la diligencia de emplazamiento a la parte quejosa, practicada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete en el juicio de divorcio necesario 101/2017, y como consecuencia de ello, todo lo actuado con posterioridad a esa diligencia, incluyendo la sentencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete; lo anterior, a fin de que se restablezcan las cosas al estado procesal que guardaban con anterioridad a la violación cometida, y 2) Hecho lo anterior, reponga el procedimiento respectivo y ordene emplazar a la justiciable legalmente, con estricta observancia de lo dispuesto en la legislación de la materia y a las jurisprudencias citadas. " Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este sumario constitucional, y se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento al fallo protector. Por tal motivo, mediante oficio 1094/2022, signado por el Juez Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas del acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, en el que dejó sin efecto el emplazamiento de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, practicado a Dalila Cigarroa Sosa y como consecuencia, todo lo actuado en el expediente 101/2017 de su índice hasta la sentencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete. En proveído de diecisiete de mayo del año en curso, atendiendo a las manifestaciones hechas por el autorizado de la parte quejosa se requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector al Juez responsable. En ese sentido, mediante misiva 1362/2022, el Juez Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas del acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 101/2017 de su índice, en el que ordenó al Oficial Primero del Registro Civil la cancelación de la inscripción del acta de divorcio ordenada en oficio 1306/2018, respecto de José Carlín Gómez y Dalila Cigarroa Sosa. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, se requirió al citado Oficial del Registro Civil para que realizara la cancelación de la anotación respectiva en el acta de matrimonio celebrada entre José Carlín Gómez y Dalila Cigarroa Sosa. Así, mediante oficio 1431/2022, el juez responsable, remitió copia certificada de su acuerdo de dos de los corrientes así como de las diversas remitidas por la Primer Oficialía del Registro Civil, de esta ciudad, del libro del acta de divorcio número ciento veintiuno, con fecha de registro diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, a nombre de José Carlín Gómez y Dalila Cigarroa Sosa, en la que se desprende en su anotación marginal que quedó sin efecto y la diversa del libro del acta de matrimonio entre los citados contrayentes, en la se anexó la anotación marginal que queda sin efecto la mencionada acta de divorcio. De lo anterior, se advierte que se acató en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que el Juez Segundo Familiar, con sede en esta ciudad, en proveídos de veintisiete de abril y veintitrés de mayo, ambos del año en curso, dictados en el expediente 101/2017, dejó sin efecto el emplazamiento de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, practicado a Dalila Cigarroa Sosa y como consecuencia, todo lo actuado en el citado expediente hasta la sentencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete así como que ordenó la cancelación de la anotación respectiva en el acta de matrimonio celebrado entre José Carlín Gómez y Dalila Cigarroa Sosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad, por el que en cumplimiento con la ejecutoria de amparo remite copia certificada del proveído de dos de junio del año en curso, dictado en el expediente 101/2017 de su índice, así como del oficio DRC/PO/SC/JSF/028/2022, suscrito por el Oficial Primero del Registro Civil de esta ciudad, con el que le informa que dejó sin efecto el acta de divorcio número 121 levantada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho y para acreditar su dicho le envió fotocopias certificadas de la referida acta y de la diversa número 555, respecto del matrimonio entre *** y +++ Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Juez Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de los proveídos de tres y veintitrés del presente mes y año, dictados en el expediente 101/2017 de su índice así como del oficio 1363/2022, girado al Oficial Primero del Registro Civil de esta ciudad, para efecto de que cancele la anotación respectiva y deje sin efecto alguno el acta de divorcio correspondiente, ordenado en la diversa misiva 1306/2018 de once de junio de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, siguientes a la legal notificación de este proveído, como lo dispone el párrafo segundo del citado artículo 192 de la ley de la materia, dé exacto y preciso cumplimiento a la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que demuestren que el Oficial Primero del Registro Civil de esta ciudad, canceló la anotación respectiva y dejó sin efecto alguno el acta de divorcio correspondiente. Apercibido que de no acreditar lo anterior, en el plazo otorgado, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 192 de la ley en comento, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; y se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. Independientemente de lo anterior, tomando en cuenta que todas las autoridades que, por razón de sus facultades, lleguen a intervenir en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, están obligadas a acatarlo, no obstante que no hayan sido designadas como autoridades responsables; por lo que, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que prevé que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude el capítulo tercero, relativo al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, requiérase al Oficial Primero del Registro Civil de esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes a su legal notificación de este acuerdo, remita copia certificada de la cancelación de la anotación respectiva en el acta de matrimonio celebrado entre José Carlín Gómez y Dalila Cigarroa Sosa; y, de la razón en la que se dejó sin efecto legal alguno el acta de divorcio correspondiente; apercibido que de no hacerlo en el plazo concedido, se impondrá una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización vigente (UMA). Funda lo expuesto, la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1101, del tomo LXXXI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 373876, cuyo tenor literal es: "EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA. Tratándose del cumplimiento de una sentencia que concede la protección de la Justicia Federal, ya se ha dicho que las autoridades que deben intervenir por razón de sus funciones, en dicho cumplimiento, tienen también el deber de respetar lo resuelto en el juicio de garantías, allanando los obstáculos que puedan oponerse al cumplimiento de la ejecutoria." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 90, del Informe correspondiente al año 1964, Sexta Época, con número de registro 812862, que se invoca por identidad de razones jurídicas, cuyo rubro y texto son como sigue: "EJECUTORIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO. Todas las autoridades que, por razón de sus facultades, lleguen a intervenir en el cumplimiento del fallo constitucional, están obligadas a acatarlo, no obstante que no hayan sido designadas como responsables en la demanda de garantías (tesis 406, página 768, de la compilación publicada en 1955). De esta suerte, cuando se trata de obedecer la ejecutoria mediante el pago de los haberes debidos al quejoso, también el tesorero del Departamento del Distrito Federal, aunque no sea autoridad responsable, está obligado a girar las órdenes necesarias para que se cumpla la ejecutoria, si por razón de sus funciones ha de intervenir al efecto, y, por otra parte, en todo caso, las autoridades responsables no pueden excusarse aduciendo la falta de una orden del tesorero, pues quedan estrictamente obligadas a acatar en sus términos lo decidido por la Justicia Federal, sin necesidad alguna de una orden expresa del tesorero." Para los efectos legales a que haya lugar, adjúntese al oficio que se gire al Oficial Primero del Registro Civil de esta ciudad, copia certificada de la misiva 1363/2022, del índice de la autoridad responsable. Notifíquese.
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