Dalila Aurora Guerrero Lugo

Expediente 245/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
245/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Baja California
  • Dalila Aurora Guerrero Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Oficio. Agréguese a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Secretario de Salud en el Estado de Baja California como Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Presidente del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, así como anexo que acompaña, mediante el cual informa diversa cuestiones en relación al cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos para que obren como legalmente correspondan el oficio y anexos remitidos por la delegada autorizada de las autoridades señaladas como responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio y anexo de referencia, así como con las demás constancias que obran en autos, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la Delgada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual informa las gestiones que realiza tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se vincula autoridad. Ahora, en atención a las manifestaciones de la Delegada de las autoridades responsables, así como a los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio, se vincula al Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, cargo que actualmente detenta el Secretario de Salud, a fin de realizar los actos necesarios para dar cabal cumplimiento al fallo protector, ya que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo en vigor, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su respectiva competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, y por ende, están sujetas a las mismas responsabilidades que la ley de la materia establece en tratándose de la falta de cumplimiento y ejecución de las ejecutorias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia 1a./J. 57/2007, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 144, Tomo XXV, Mayo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Requerimiento. Por tanto, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, dé cumplimiento al fallo protector, consistente en realizar el pago de indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la parte quejosa, para lo cual se le remite copia del oficio y anexos remitidos por la por la Delgada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así como de la ejecutoria de amparo dictada por la superioridad; y, deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior. Apercibimiento. De no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, podrá imponerse multa en lo particular equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la separación de su cargo y su consignación. Así como, de persistir en la dilación injustificada del cumplimiento será consignado ante el Agente del Ministerio Público de la Federación por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículo 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo de dicho numeral de la Ley de Amparo. Lo anterior, en cumplimiento de la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente.

  4. Principal

    Agréguense a los presentes autos, para que obren como legalmente correspondan, el oficio con anexo remitidos por el Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa las gestiones que realiza tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

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