Dalia Yazmin Chan Noh

Expediente 175/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
175/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Dalia Yazmin Chan Noh

Actuaciones

  1. Principal

    I.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de trece de marzo del año en curso, que en lo conducente dice: "Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el plazo que se le concedió a la parte quejosa Manuel Guadalupe Góngora Basto, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista ordenada en acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se procede resolver respecto del cumplimiento dado a la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Ahora, resulta pertinente señalar que en la sentencia en mención, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Manuel Guadalupe Góngora Basto, contra el acto que reclamó de la encargada de la 1 Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, para el efecto siguiente: 1. No se aplique al quejoso Manuel Guadalupe Góngora Basto, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Como consecuencia, el titular de la Delegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación en Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, deberá dejar insubsistente el oficio folio ISSSTE 23001146345401, de once de noviembre del dos mil veintiuno, y, deberá reintegrar al quejoso las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas de manera indebida y que tenga derecho a recibir su pago, siempre que no hayan prescrito o hayan sido recibidas por otro beneficiario, a partir del día siguiente del fallecimiento de la trabajadora esposa del promovente del amparo [.]" Al respecto, dicha sentencia causó ejecutoria el ocho de junio de dos mil veintidós, y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional a la autoridad responsable. Así, el veinte de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio 023.130.600.2.UJ/JA/891/2022, de diecisiete de junio de dos mil veintidós, proveniente de la titular de la unidad jurídica, en representación del Jefe del Departamento de la Dirección Normativa de Inversiones y de Recaudación, comisionado para el ejercicio de las funciones relativas a las prestaciones económicas, sociales y culturales en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Quintana Roo, informó que a través del diverso 023.302/SP/1719/2022 hizo del conocimiento del quejoso Manuel Guadalupe Góngora Basto que no se le aplicaría en lo subsecuente el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, que dejó sin efectos el folio ISSSTE 23001146345401 y que las cantidades descontadas bajo el concepto 48 "Compatibilidad de Pensiones" se reintegrarían a la parte quejosa en el mes de julio de dos mil veintidós. Sin embargo, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se determinó que la sentencia constitucional no estaba cumplida [pues se determinó que a la fecha en que se actúaba no había remitido las constancias con las que acreditara que se restituyó al quejoso Manuel Guadalupe Góngora Basto, las cantidades descontadas bajo el concepto de "Compatibilidad de Pensiones]; por ende, se requirió a la responsable el cumplimiento cabal de la sentencia constitucional. El once de noviembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio 023.130.600.1.UJ/JA/1516/2022, de nueve de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual la responsable remitió el cheque identificado con el número 3292, expedido a favor del quejoso por la cantidad de 58,294.84 [cincuenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro 84/100 moneda nacional], asimismo, copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral [INE] de Manuel Guadalupe Góngora Basto, del cual se advierte la leyenda "recibí cheque 3292". En consecuencia, se dio vista a la parte quejosa con dicha circunstancia para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que al respecto de autos se advierta que hubiera efectuado manifestación relativa. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo2 , se procede al estudio respecto al cumplimiento de la 2 Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. sentencia en la que se concedió el amparo y protección a la parte quejosa. Para llegar a una conclusión respecto si la sentencia constitucional está cumplida o no, se hace la siguiente ilustración: LINEAMIENTO CUMPLIMIENTO 1. No se aplique al quejoso Manuel Guadalupe Góngora Basto, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Mediante oficio 023.302/SP/1719/2022, de diecisiete de junio de dos mil veintidós, la responsable determinó lo siguiente: "En ese sentido, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia que nos ocupa, le informo que no se le aplicara en lo presente ni en lo futuro el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores, Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del cual emana la deducción CONCEPTO 48 "COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN". 2. Como consecuencia, el titular de la Delegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación en Quintana Roo, en el ámbito de sus atribuciones, deberá dejar insubsistente el oficio folio ISSSTE 23001146345401, de once de noviembre del dos mil veintiuno, y, deberá reintegrar al quejoso las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas de manera indebida y que tenga derecho a recibir su pago, siempre que no hayan prescrito o hayan sido recibidas por otro beneficiario, a partir del día siguiente del fallecimiento de la trabajadora esposa del promovente del amparo Mediante el referido oficio 023.302/SP/1719- /2022, de diecisiete de junio de dos mil veintidós, la responsable determinó lo siguiente: "[.] se deja insubsistente el oficio folio ISSSTE 23001146345401, DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO". Asimismo, que le sería reintegrada la cantidad de 58,294.84 [cincuenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro 84/100 moneda nacional], la cual le sería pagada mediante cheque expedido a su favor y disponible a partir de la segunda quincena del mes de julio de 2022. Sobre lo cual, el cheque identificado con el número 3292, expedido a favor del quejoso por la cantidad mencionada, la recibió el quejoso el veintiséis de julio de dos mil veintidós, como se desprende de la copia certificada de la identificación oficial del quejoso, del cual se advierte la leyenda "recibí cheque 3292". De lo expuesto, se advierte que la encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, mediante oficio 023.302/SP/1719/2022, de diecisiete de Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. junio de dos mil veintidós, la responsable determinó no le aplicara al quejoso en lo presente ni en lo futuro el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores, Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del cual emana la deducción CONCEPTO 48 "COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN"; dejó insubsistente el oficio folio ISSSTE 23001146345401, de once de noviembre de dos mil veintiuno; asimismo, que le sería reintegrada la cantidad de $58,294.84 [cincuenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro 84/100 moneda nacional], la cual le sería pagada mediante cheque expedido a su favor y disponible a partir de la segunda quincena del mes de julio de dos mil veintidós. Al respecto, la cantidad mencionada en el párrafo que antecede le fue entregada al quejoso el veintiséis de julio de dos mil veintidós, a través del cheque 3292. Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estima pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia."

  2. Principal

    II- Vista la certificación que antecede y advirtiéndose que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de PARTE FECHA DE NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS CORRE TÉRMINO Dalia Yazmin Chan Noh (Quejosa) 3 de marzo de 2023 3 de marzo de 2023 Del 6 al 10 de marzo de 2023 Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de 27 de febrero del año en curso, mediante el cual este Juzgado desecho la demanda de amparo, promovida por Dalia Yazmin Chan Noh; por tanto, con fundamento en el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, previstos por los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo promovida, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado acuerdo. Por otra parte, toda vez que en la secretaría de este Juzgado, obran cinco tomos de pruebas consistentes en el expediente original del toca civil 95/2022 (un tomo), juicio ordinario civil 32/2021 (cuatro tomos), que remitió la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; en consecuencia, devuélvanse los aludidos tomos a la referida autoridad responsable. Notifíquese.

  3. Principal

    II- Se tiene por recibido el oficio de la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, ********************, con anexos consistente en juicio de amparo directo ******************** con seis copias del escrito de demanda, expediente original del toca civil ********************, cuatro tomos del juicio ordinario civil ********************, del que se advierte que en acuerdo de 15 de febrero de 2023, declaró firme la diversa determinación de 7 de diciembre de 2022, en el que dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, al advertir que el acto reclamado no es una actuación que ponga fin al juicio; por ende, la competencia corresponde al juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de ********************, acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Acúsese recibo de estilo. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número ********************. Consideraciones previas Así, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento no puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que una causa de inejercitabilidad de la acción sea manifiesta e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se desprenda del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aporten. En sentido contrario, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia o si se tiene duda de su efectividad, no debe ser desechada la demanda, dado que se privaría al quejoso de la prerrogativa a instar el juicio de amparo, contra un acto que pudiera causarle perjuicio en su esfera jurídica de derechos; por lo tanto, en ese supuesto debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente el tema planteado, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente. Acto reclamado Del escrito de demanda se aprecia que la quejosa señaló como acto reclamado la resolución de 19 de octubre de 2022, en el toca civil ******************** del índice de la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de ********************, en la que se revocó la sentencia definitiva de primera instancia de 19 de agosto de 2022 y ordenó reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, ********************. Desechamiento En términos de lo expuesto, se estima que la demanda de amparo que presentó el justiciable, es improcedente ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley reglamentaria citada, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De lo anterior se colige, que para que el juicio de amparo indirecto sea procedente, tratándose de actos emitidos dentro de la sustanciación del juicio, éstos deben implicar afectaciones cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que vulneran derechos sustantivos reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional (Constitución Federal y Tratados Internacionales en donde el Estado Mexicano se parte). Tal directriz protege y garantiza uno de los propósitos fundamentales del juicio de amparo biinstancial como medio de defensa constitucional, a saber, el de salvaguardar el orden constitucional que a su vez contempla los derechos fundamentales y sus garantías reconocidas a las personas, los que necesariamente deben ser primordiales e indispensables para que la persona humana pueda desarrollarse (vida, propiedad, libertad, igualdad, seguridad jurídica, integridad física, verbigracia). La construcción argumentativa de lo anterior, se encuentra revestida de las siguientes notas características, a saber: a) Que la consecuencia de aquél acto debe ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho; b) Que para su concepción no basta una lesión de naturaleza formal o adjetiva, ya que ésta no es actual y no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, momento en que habrán de concretizarse de forma efectiva sus repercusiones, y; c) Que tal acto lesivo debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, es decir, no puede considerarse que afecta "materialmente", cuando se lesionan bienes jurídicos cuya fuente proviene exclusivamente de normas adjetivas. De esta manera, desde una interpretación finalista, se puede concluir que se debe considerar una afectación material a derechos sustantivos, cuando se impide el ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y por simple inferencia, considerar que no se está en ese supuesto cuando la afectación no es actual, es decir, cuando la materialización de los efectos perjudiciales del acto dependen de que aquél llegue o no a trascender al desenlace del juicio. De tal forma, el contenido de la Ley de Amparo, debe prever que la instauración de tales juicios se ajuste a una serie de requisitos lógicos y prácticos, de tal manera que los destinatarios de sus supuestos jurídicos vean satisfecho su derecho humano de impartición de justica eficaz, pronta y expedita. Ahora, como se refirió con antelación, el acto reclamado en el presente sumario constitucional, es la resolución de 19 de octubre de 2022, en el toca civil ******************** del índice de la Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de ********************, en la que se revocó la sentencia definitiva de primera instancia de 19 de agosto de 2022 y ordenó reponer el procedimiento en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, ********************, donde no procedió el juicio ordinario civil de nulidad absoluta, por lo que se dejaron a salvo los derechos de las partes actor y demandado, por actualizarse el litisconsorcio pasivo necesario al no haber vinculado a juicio a todos los litisconsortes. En ese sentido, para determinar si la sentencia de segunda instancia que deja insubsistente la de primera y ordena reponer el procedimiento natural por la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, es o no de imposible reparación, resulta indispensable realizar un examen ponderado de las consecuencias que se producen en el caso concreto en relación con la litis de origen. Para ello, conviene citar en lo medular, los efectos de reposición, emitidos por la Sala responsable: a) Se llame a juicio a la sucesión de bienes de la cujus ********************, por conducto de quien legalmente la represente. b) Se llame a juicio al titular de la Notaría Pública ******************** del Estado de ********************. c) Se dejó insubsistente la sentencia definitiva, quedando subsistente todo lo demás actuado. En ese contexto, en virtud de que se cuenta con todas las constancias de origen que se tomaron en consideración para emitir el fallo combatido, es posible realizar un análisis de las actuaciones, su naturaleza y consecuencias jurídicas que de ellas se derivan, de las que se advierte que en la especie no se reclama un acto cuyos efectos recaigan sobre derechos sustantivos; y por tanto, no puede dimensionarse como de imposible reparación, en atención a que la posible afectación que aduce la quejosa, no impiden el ejercicio de algún derecho en forma presente. En efecto, estableció que como parámetros podrían existir consecuencias de imposible reparación, tales como: - Que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas. - Los requerimientos, bajo apercibimientos graves formulados a la actora al momento de reponer el procedimiento. Por lo que, bajo esas consideraciones, se advierte que la Sala responsable, ordenó se llame a juicio a la sucesión de bienes de la de cujus ********************, por conducto de quien legalmente la represente y titular de la Notaría Pública ******************** del Estado de ********************, ello con la única finalidad de lograr su llamamiento para que haga valer sus derechos con motivo del juicio de origen, y así se resuelva íntegramente la controversia planteada entre las partes. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda de amparo. Por otra parte, para un mejor manejo y cuidado de los anexos que remite la autoridad oficiante, así como del presente expediente, se dispone abrir los anexos I, II, III, IV y V. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Notifíquese personalmente de manera electrónica a la parte quejosa y por oficio al Tribunal Colegiado y a la responsable.

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