Dalia Solis Antonio

Expediente 725/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
725/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Dalia Solis Antonio

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que Dalia Solís Antonio, por propio derecho, haya interpuesto reclamación en contra del proveído de tres de noviembre del año en curso, por el que se desechó su demanda de derechos fundamentales se declara que el mismo ha causado estado; en consecuencia, remítase la tercería excluyente de dominio derivada del expediente mercantil 147/2020 al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso d) de dicho acuerdo general. Finalmente, atento a lo establecido en el precepto 18 del acuerdo general en comento, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se rinde informe justificado; asimismo, se remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Dalia Solís Antonio, por propio derecho, contra la sentencia emitida por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente mercantil 147/2020; certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; constancias de notificación realizadas a las partes; la citada tercería excluyente de dominio, así como el referido juicio ejecutivo mercantil. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 725/2021; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Del expediente mercantil 147/2020, así como de la tercería excluyente de dominio derivada de éste se advierten los antecedentes siguientes: Dalia Solís Antonio, por propio derecho, mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, a Eduardo Rojas Bautista, de quien reclamó el pago de diversas prestaciones como deudor principal. Por auto de once de marzo siguiente, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, a quien correspondió conocer del asunto, lo registró con el número 147/2020, lo admitió a trámite; se comisionó al actuario adscrito para que en compañía de la actora se constituyeran en el domicilio del demandado y le requiriera el pago de las prestaciones reclamadas y en su caso, señalara bienes de su propiedad; asimismo, se ordenó emplazarlo para que en término de ocho días diera contestación a la demanda y ofreciera pruebas. Mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve se ordenó enviar oficios a diversas dependencias a fin de obtener el domicilio del demandado, dada la imposibilidad para llevar a cabo su emplazamiento. Seguido el procedimiento, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala dictó la sentencia correspondiente en la que se declaró probada la acción de la parte actora, se condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas, no así de los gastos y costas originados con el trámite del juicio. Así las cosas, mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se tuvo a la actora Dalia Solís Antonio promoviendo incidente de liquidación de sentencia, el cual se resolvió el quince de junio de esta anualidad, en la que se aprobó parcialmente la planilla de liquidación por la cantidad de $203,965.00 (doscientos tres mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.), siendo el total a liquidar en el juicio de $353,965.00 (trescientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.). Posteriormente, Nepthali Campos Vigueras, por propio derecho, mediante escrito de diecisiete de junio del año en curso, promovió tercería excluyente de dominio a fin de que se dejara sin efecto el embargo practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil 147/2020, respecto del bien inmueble denominado "Los pozos", ubicado en Camino Nuevo a la Loma, sin número y Avenida del Bosque del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala; la cual se ordenó tramitar por cuerda separada mediante proveído de dieciocho de junio siguiente. El dieciocho de junio de esta anualidad se ordenó formar el expediente respectivo, admitir a trámite dicha tercería y emplazar a los demandados respectivos. Seguida la secuela procesal, el veintidós de septiembre del año que transcurre se dictó la sentencia respectiva cuyos puntos resolutivos son: "Primero. Resultó procedente la tercería excluyente de dominio promovida por Nepthali Campos Vigueras respecto del bien inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 147/2020-III, de la estadística de este juzgado.- Segundo. Se ordena levantar el embargo trabado en el juicio principal sobre el bien inmueble identificado como: "La fracción restante de un predio denominado "Los pozos", ubicado en Camino Nuevo a "La Loma", sin número y Avenida del Bosque del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, al no ser propiedad del demandado Eduardo Rojas Bautista sino de la tercerista Nepthali Campos Vigueras.- Tercero. Se ordena girar oficio a la Directora de Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, para que proceda a la cancelación de la inscripción del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil 147/2020-III, sobre el bien inmueble identificado como La fracción restante de un predio denominado "Los pozos", ubicado en Camino Nuevo a "La Loma", sin número y Avenida del Bosque del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala.- Cuarto. Se absuelve del pago de gastos y costas.- Notifíquese." Inconforme con lo anterior, Dalia Solís Antonio, por propio derecho, promueve el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, resulta evidente que el acto reclamado, consistente en la sentencia de veintidós de septiembre del año que transcurre, dictada por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente mercantil 147/2020, de acuerdo a los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo es una determinación que decidió el juicio en lo principal; por tanto, el conocimiento de la demanda de referencia es competencia de este tribunal colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 17, tomo I, página 95, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Señalado lo anterior, se procede al estudio de la demanda de derechos fundamentales con relación a su procedencia. El artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece: "Art. 1,339 Bis. Los asuntos de cuantía "indeterminada siempre serán apelables" Como quedó precisado en párrafos que anteceden, la parte quejosa señaló como acto reclamado la sentencia de veintidós de septiembre del año que transcurre, dictada en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente mercantil 147/2020, en la que se ordenó levantar el embargo trabado sobre el bien inmueble identificado como: "La fracción restante de un predio denominado "Los pozos", ubicado en Camino Nuevo a "La Loma", sin número y Avenida del Bosque del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, al no ser propiedad del demandado Eduardo Rojas Bautista, sino de la tercerista Nepthali Campos Vigueras. Ahora, en la demanda inicial no se determinó la cuantía o el valor del inmueble materia de la tercería excluyente de dominio; por tanto, se trata de un asunto de cuantía indeterminada. Al respecto, se cita la Jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página: 498, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013". En el caso, en contra de la determinación impugnada procede recurso de apelación, pues tal y como se precisó el acto reclamado deriva de una tercería excluyente de dominio, cuyo monto no es cuantificable. Ahora, de las actuaciones que integran el expediente mercantil se advierte que la impetrante de garantías no interpuso el recurso de apelación correspondiente. Por tanto, ya que la quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la legislación se desecha la demanda de que se trata, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, con el precepto 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III del ordinal 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la referida ley a Juan José Tlapalamatl Vera toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal a Sergio Figueroa Martínez. Se apercibe a las autoridades responsables que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo a lo establecido en el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 20/2021, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la ley en mención, se resuelve: Único. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Dalia Solís Antonio, por propio derecho, contra la sentencia emitida por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente mercantil 147/2020. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se rinde informe justificado; asimismo, se remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Dalia Solís Antonio, por propio derecho, contra la sentencia emitida por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente mercantil 147/2020; certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; constancias de notificación realizadas a las partes; la citada tercería excluyente de dominio, así como el referido juicio ejecutivo mercantil. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 725/2021; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Del expediente mercantil 147/2020, así como de la tercería excluyente de dominio derivada de éste se advierten los antecedentes siguientes: Dalia Solís Antonio, por propio derecho, mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, a Eduardo Rojas Bautista, de quien reclamó el pago de diversas prestaciones como deudor principal. Por auto de once de marzo siguiente, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, a quien correspondió conocer del asunto, lo registró con el número 147/2020, lo admitió a trámite; se comisionó al actuario adscrito para que en compañía de la actora se constituyeran en el domicilio del demandado y le requiriera el pago de las prestaciones reclamadas y en su caso, señalara bienes de su propiedad; asimismo, se ordenó emplazarlo para que en término de ocho días diera contestación a la demanda y ofreciera pruebas. Mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve se ordenó enviar oficios a diversas dependencias a fin de obtener el domicilio del demandado, dada la imposibilidad para llevar a cabo su emplazamiento. Seguido el procedimiento, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala dictó la sentencia correspondiente en la que se declaró probada la acción de la parte actora, se condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas, no así de los gastos y costas originados con el trámite del juicio. Así las cosas, mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se tuvo a la actora Dalia Solís Antonio promoviendo incidente de liquidación de sentencia, el cual se resolvió el quince de junio de esta anualidad, en la que se aprobó parcialmente la planilla de liquidación por la cantidad de $203,965.00 (doscientos tres mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.), siendo el total a liquidar en el juicio de $353,965.00 (trescientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.). Posteriormente, Nepthali Campos Vigueras, por propio derecho, mediante escrito de diecisiete de junio del año en curso, promovió tercería excluyente de dominio a fin de que se dejara sin efecto el embargo practicado dentro del juicio ejecutivo mercantil 147/2020, respecto del bien inmueble denominado "Los pozos", ubicado en Camino Nuevo a la Loma, sin número y Avenida del Bosque del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala; la cual se ordenó tramitar por cuerda separada mediante proveído de dieciocho de junio siguiente. El dieciocho de junio de esta anualidad se ordenó formar el expediente respectivo, admitir a trámite dicha tercería y emplazar a los demandados respectivos. Seguida la secuela procesal, el veintidós de septiembre del año que transcurre se dictó la sentencia respectiva cuyos puntos resolutivos son: "Primero. Resultó procedente la tercería excluyente de dominio promovida por Nepthali Campos Vigueras respecto del bien inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil 147/2020-III, de la estadística de este juzgado.- Segundo. Se ordena levantar el embargo trabado en el juicio principal sobre el bien inmueble identificado como: "La fracción restante de un predio denominado "Los pozos", ubicado en Camino Nuevo a "La Loma", sin número y Avenida del Bosque del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, al no ser propiedad del demandado Eduardo Rojas Bautista sino de la tercerista Nepthali Campos Vigueras.- Tercero. Se ordena girar oficio a la Directora de Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, para que proceda a la cancelación de la inscripción del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil 147/2020-III, sobre el bien inmueble identificado como La fracción restante de un predio denominado "Los pozos", ubicado en Camino Nuevo a "La Loma", sin número y Avenida del Bosque del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala.- Cuarto. Se absuelve del pago de gastos y costas.- Notifíquese." Inconforme con lo anterior, Dalia Solís Antonio, por propio derecho, promueve el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, resulta evidente que el acto reclamado, consistente en la sentencia de veintidós de septiembre del año que transcurre, dictada por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente mercantil 147/2020, de acuerdo a los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo es una determinación que decidió el juicio en lo principal; por tanto, el conocimiento de la demanda de referencia es competencia de este tribunal colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 17, tomo I, página 95, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Señalado lo anterior, se procede al estudio de la demanda de derechos fundamentales con relación a su procedencia. El artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece: "Art. 1,339 Bis. Los asuntos de cuantía "indeterminada siempre serán apelables" Como quedó precisado en párrafos que anteceden, la parte quejosa señaló como acto reclamado la sentencia de veintidós de septiembre del año que transcurre, dictada en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente mercantil 147/2020, en la que se ordenó levantar el embargo trabado sobre el bien inmueble identificado como: "La fracción restante de un predio denominado "Los pozos", ubicado en Camino Nuevo a "La Loma", sin número y Avenida del Bosque del Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, al no ser propiedad del demandado Eduardo Rojas Bautista, sino de la tercerista Nepthali Campos Vigueras. Ahora, en la demanda inicial no se determinó la cuantía o el valor del inmueble materia de la tercería excluyente de dominio; por tanto, se trata de un asunto de cuantía indeterminada. Al respecto, se cita la Jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página: 498, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013". En el caso, en contra de la determinación impugnada procede recurso de apelación, pues tal y como se precisó el acto reclamado deriva de una tercería excluyente de dominio, cuyo monto no es cuantificable. Ahora, de las actuaciones que integran el expediente mercantil se advierte que la impetrante de garantías no interpuso el recurso de apelación correspondiente. Por tanto, ya que la quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la legislación se desecha la demanda de que se trata, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, con el precepto 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III del ordinal 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la referida ley a Juan José Tlapalamatl Vera toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal a Sergio Figueroa Martínez. Se apercibe a las autoridades responsables que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo a lo establecido en el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 20/2021, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la ley en mención, se resuelve: Único. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Dalia Solís Antonio, por propio derecho, contra la sentencia emitida por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente mercantil 147/2020. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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