Dalia Sandoval Campos

Expediente 2280/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2280/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Dalia Sandoval Campos

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. responsable informa gestiones. El Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete, informa el contenido de los acuerdos de once de enero del año en curso, de los cuales se aprecia, en lo que interesa, lo siguiente: Que requirió a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, para el efecto de que cumpla la sentencia emitida en el juicio agrario de origen .... Que la representante legal de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, hace alusión a la suspensión del procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Se hace precisión. Ahora, en atención a que la representante legal de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, hace alusión a una suspensión del procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; se provee: Hágase del conocimiento de las partes que si bien este órgano jurisdiccional tomó conocimiento de la existencia de la carpeta de investigación ...., lo cierto es que en el juicio de control constitucional que nos atañe no se decretó suspensión alguna del procedimiento de ejecución. Asimismo, se precisa que, de la información recabada de manera oficiosa por este juzgado federal, se obtiene que en la carpeta de investigación .... se determinó el no ejercicio de la acción penal, por tal motivo, no existe impedimento alguno para suspender el procedimiento de ejecución en el sumario que nos ocupa. Máxime que, a la luz del principio de presunción de inocencia que rige el procedimiento penal, no existe imposibilidad alguna para acatar el cumplimiento de la sentencia de amparo.... Requerimiento a la autoridad responsable. ... Bajo ese panorama, requiérase al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Treinta y Siete, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Dirección General de Ordenamiento de Propiedad Rural, para que dentro del plazo legal de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Remitan copia certificada las gestiones realizadas de su parte a fin de expedir -a la brevedad- el título de propiedad a nombre de la quejosa ...., respecto del predio denominado Apercibimiento. Se conmina a las autoridades requeridas a cumplir con la sentencia de amparo, reiterando que desde el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia y, a la fecha, no ha sido posible emitir el cumplimiento correspondiente derivado de los retrasos de la autoridad responsable. Por tanto, hágase saber a la autoridades requeridas que, de no cumplir con ésta, se hará efectiva la multa prevista en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de enero de dos mil veintitrés. Quejosa desahoga prevención. Se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ********************mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, pues informa que sí se llevó a cabo la audiencia de contestación de demanda en el juicio familiar de origen, y comunica lo sucedido en ella. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y la copia certificada del juicio natural, se provee lo conducente. Así, se estima que procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. En ese contexto, es importante apuntar que el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Sentado lo anterior, se precisa que la quejosa esencialmente reclama lo siguiente: La audiencia del cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio oral sumarísimo de guarda y custodia ... y su acumulado ..., en específico, la parte en que se omitió citarla a una audiencia de conciliación y se modificó el régimen de visitas y convivencias decretado en la diversa audiencia de veintiocho de septiembre del año en cita, entre su menor hijo y su progenitor, pues ahora sería de viernes a domingo en la modalidad de entrega-recepción. En ese contexto, respecto a dicho acto oficiosamente se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido la protección constitucional solicitada, caso en el que el juicio de amparo carecía de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Sentado lo anterior, se recuerda que la justiciable reclama la audiencia del cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio oral sumarísimo de guarda y custodia ... y su acumulado ..., en específico, la parte en que se omitió citarla a una audiencia de conciliación y se modificó el régimen de visitas y convivencias decretado en la diversa audiencia de veintiocho de septiembre del año en cita, entre su menor hijo y su progenitor, pues ahora sería de viernes a domingo en la modalidad de entrega-recepción. No obstante, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que, de la copia certificada del referido procedimiento familiar, se advierte que el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de contestación de demanda, en el que se realizó lo siguiente: La Jueza responsable preguntó a las partes si era su deseo conciliar, y dado que su respuesta fue positiva suspendió la audiencia a fin de que realizarán pláticas. Dado que las partes no llegaron a un acuerdo, se reanudó la audiencia, en donde las partes formularon su contestación y la Jueza responsable proveyó sobre las pruebas ofrecidas, aunado a que determinó modificar el régimen de guarda y custodia y, por ende, las visitas y convivencias, pues estableció que ahora el menor quejoso estaría una semana con su padre y otra con su madre, ello hasta el catorce de marzo de dos mil veintitrés, cuando se realizaría una audiencia para revisar la medida. En ese sentido, si bien al momento de la presentación de la demanda de amparo -veinte de diciembre de dos mil veintidós- no se había citado a las partes a una audiencia de conciliación en el juicio de origen, aunado a que se encontraba vigente el régimen de visitas y convivencias decretado en auto del cinco de diciembre de dos mil veintidós, en donde se estableció que éstas se realizarían bajo la modalidad entrega-recepción cada semana, del viernes a las nueve horas al domingo a las diecisiete horas, lo cierto es que posteriormente, en audiencia del veintidós de diciembre del año pasado, la Jueza responsable efectuó una conciliación entre las partes y además determinó variar el referido régimen de visitas y decretó que ahora el menor conviviría una semana con su padre y otra con su madre, en virtud de que les otorgó la custodia provisional compartida. Por tanto, dado que el régimen de visitas y convivencias decretado en auto del cinco de diciembre de dos mil veintidós quedó sin efectos, en virtud de lo decidido en la audiencia del veintidós de diciembre siguiente en la que se modificó y se estableció que ahora el menor conviviría una semana con su padre y otra con su madre, aunado a que efectuó una conciliación entre las partes, es claro que los efectos de esa parte del acto reclamado se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia estudiada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho y en representación del menor ******************** Notifíquese electrónicamente a la quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). *** Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del dieciocho de mayo de dos mil veintidós se concedió el amparo solicitado para los efectos siguientes: *** Cumplimiento. En auto de ocho de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Incidente de inejecución de sentencia. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa promoviendo incidente de inejecución de sentencia, del cual conoce el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa bajo el expediente *** mismo que a la fecha en que se actúa no se tiene noticia de su resolución. Incidente de liquidación de sentencia. Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, de oficio se dio inicio al trámite del incidente de liquidación respecto a la cuantificación del pago al quejoso de los salarios y demás prestaciones a que tenga derecho con motivo del cargo que desempeñaba en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Mediante interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintidós, se aprobó la planilla de liquidación de sentencia en la que se resolvió en lo que interesa, lo siguiente: *** Cabe precisar, que si bien en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo se dictó sentencia interlocutoria el siete de abril de dos mil veintidós, en la que se concedió la suspensión definitiva para que, entre otros efectos, se realizara el pago al quejoso de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, correspondiente al treinta por ciento de su ingreso real, lo cierto es que de los autos que integran dicho incidente de suspensión no se desprende que las autoridades responsables hubieran realizado algún pago por dicho concepto, por lo que el pago calculado anteriormente, deberá ser cubierto en su integridad. En el entendido de que corresponde al empleador realizar las deducciones que, por concepto de obligaciones tributarias, deban retenerse, toda vez que tales cuestiones no son susceptibles de analizarse en el presente incidente de liquidación de la sentencia de amparo. En estas condiciones, se declara fundado el presente incidente de liquidación de sentencia; por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia interlocutoria y en el plazo de quince días, paguen a la quejosa *** la cantidad de *** por concepto de las remuneraciones no percibidas, prima vacacional y el aguinaldo; menos las obligaciones tributarias que deba retener. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 67 y 196 de la Ley de Amparo, se *** Posteriormente, el cinco de octubre de dos mil veintidós, la citada resolución interlocutoria causó estado y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Cumplimiento punto A. Mediante oficio de quince de junio de dos mil veintidós, el Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, remitió copia certificada del acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós emitido en el expediente administrativo ********************, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado en el referido expediente instaurado contra el quejoso ******************** y giró el oficio ******************** a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial para las gestiones necesarias en su competencia. Cumplimiento al punto C. Mediante oficio de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, como parte del cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada por este Juzgado de Distrito, remitió copia certificada del oficio ******************** del Encargado del Despacho del Departamento de Vigencias de Derechos, así como de la hoja de registro de derechohabientes, relativa al estatus de activo del quejoso y sus beneficiarios para recibir los servicios médicos que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Cumplimiento a los puntos B, D y E. Por oficio de quince de diciembre de dos mil veintidós, el Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, remitió el diverso oficio Tarjeta ******************** del Director General de Administración y copia certificada de las constancias de entrega de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós del numerario en favor del quejoso por concepto de remuneraciones no percibidas, prima vacacional y aguinaldo, menos las obligaciones tributarias retenidas, como se determinó en la planilla de liquidación de sentencia. Tal como se advierte del Reporte de nómina con las constancias de recibo con los desgloses siguientes: Fallo cumplido. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y la Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se advierte: Dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo ********************, instaurado contra el quejoso ********************. Conservó en el estatus de activo al quejoso y sus beneficiarios para recibir los servicios médicos que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Entregó el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós del numerario en favor del quejoso por concepto de remuneraciones no percibidas, prima vacacional y aguinaldo, menos las obligaciones tributarias retenidas. Sin que pase inadvertido el hecho de que el quejoso haya manifestado a este Juzgado de Distrito dentro del incidente de repetición del acto reclamado, agregado en auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, que su actual estatus en el Sistema Nacional de Seguridad Pública del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública debe ser de baja por Renuncia Voluntaria, dado que ello atañe a decisiones del quejoso ajenas al cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria de amparo. A partir de lo anterior, se aprecia que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector, puesto que se atendió en su totalidad los efectos de la sentencia concesoria de amparo; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Informar a Tribunal Colegiado. Con lo anterior, mediante atento oficio comuníquese al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para los efectos legales a que haya lugar en el expediente I.I.S. ********************, de su índice. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y vía electrónica a la autoridad responsable Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Prevención. Vista la demanda de amparo que promueve ......... contra el acto de la Jueza de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla; fórmese expediente respectivo; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 2280/2022-III. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la ley de la materia prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción V, que dice: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.). Sentado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la justiciable refiere reclamar la audiencia del cinco de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio oral sumarísimo de guarda y custodia .... y su acumulado ..., en específico, la parte en que se modificó el régimen de visitas y convivencias decretado en la diversa audiencia de veintiocho de septiembre del presente año entre su menor hijo y su progenitor. Ahora, de acuerdo a lo narrado por la justiciable y de las pruebas que adjuntó a su demanda, se advierte que en el juicio de origen, en la referida audiencia del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la Jueza responsable estableció que la custodia provisional del menor .... la tendría la quejosa y que tanto ese tema como el relativo a las visitas y convivencias decretadas entre el niño y su padre estarían sujetas a una valoración y, por ende, a una posible variación, cuando se efectuara la audiencia de contestación de demanda, la cual se llevaría a cabo el veintidós de diciembre del presente año, fecha que ya transcurrió. En consecuencia, es necesario que la justiciable, en alcance a los antecedentes del acto reclamado, informe el resultado de la audiencia de contestación que se realizaría en el juicio de origen el veintidós de diciembre pasado, y detalle si la Juzgadora hizo alguna modificación en torno a la custodia provisional de su menor hijo y el régimen de visitas y convivencias que se le decretó con su padre, pues es información que se estima de especial relevancias para proveer sobre su demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad informe si se llevó a cabo o no la audiencia de contestación de demanda en el juicio oral sumarísimo de guarda y custodia ... y su acumulado ..., señalada para el veintidós de diciembre de dos mil veintidós y, en caso de que sí se haya realizado, especifique si se hizo alguna modificación en torno a la custodia provisional de su menor hijo y el régimen de visitas y convivencias que se le decretó con su padre. Es importante destacar que en caso de que la parte quejosa afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados se le podría imponer una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, lo anterior en términos del artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que dice: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Lo que deberá hacer bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda. Lo anterior, en virtud de que precisar los antecedentes del acto reclamado, es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. De igual forma, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se les requiere para que dentro del mismo plazo exhiban las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Apercibimiento. Con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe a la quejosa que de no cumplir con lo requerido se tendrá POR NO PRESENTADA su demanda. Se requieren constancias. En otra tesitura, dado que la parte promovente solicita la suspensión del acto reclamado y a fin de mejor proveer sobre la medida cautelar, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla -Génesis Stephani Sánchez Hernández-, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en que transcribe este acuerdo, realice lo siguiente: Informe si llevó a cabo la audiencia de contestación de demanda del veintidós de diciembre del presente año, en el expediente ... y su acumulado ... De haber realizado dicho actuación comunique hizo alguna modificación en torno a la custodia provisional del menor .... o las vistas y convivencias que tenía decretadas con su padre. Remita copia certificada de todo lo actuado en el aludido juicio oral sumarísimo. Asimismo, cabe destacar que el criterio en cuestión al ser una jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de aplicación obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. No hay necesidad de decretar suspensión de plano. En otro aspecto, se aprecia que la quejosa solicita que se decrete la suspensión de oficio y de plano respecto del acto reclamado; sin embargo, no es procedente su petición. No obstante, en la especie no es aplicable el criterio en cuestión, dado que el acto reclamado no amerita el pronunciamiento de una suspensión de oficio y plano. Lo anterior, ya que dicho acto no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se trata de aquellos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni tiene por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Sin desdoro que una vez que la justiciable desahogue la prevención que se formula y se provea sobre la admisión de la demanda, se estará en aptitud de aperturar el incidente de suspensión que se solicita. Autorizados. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Se toma conocimiento de la dirección de correo electrónico que proporciona la quejosa. Expediente y notificaciones electrónicas. Por otra parte, respecto a la solicitud de la parte quejosa referente a que se le permita el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen por ese medio, se acuerda lo siguiente. Después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario ********************, que corresponde a ******************** -autorizada-; con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y según lo establecido en el numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se autoriza la consulta del expediente electrónico en línea y ----------------------se ordena practicar a la parte quejosa las notificaciones que correspondan vía electrónica, por así solicitarlo expresamente.--------------------- ................... Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

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