Dalia Romero Torres
Expediente 90/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/04/2017
Partes del expediente
- Dalia Romero Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a seis de abril de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 27/2017 y copia certificada del presente controvertido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja, interpuesto por la quejosa DALIA ROMERO TORRES, contra el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictado por el Encargado del Despacho del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 90/2017". Ahora, de autos se advierte que en proveído de dieciséis de marzo pasado, se reservó el envío del presente expediente al archivo, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, lo que en el caso acontece. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el once de octubre de dos mil diecisiete. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, respecto de las copias certificadas que se adjuntaron al comunicado que se provee, toda vez que no son necesarias en este asunto, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, dado que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por la inconforme contra el proveído de veintisiete de enero pasado, en que se desechó parcialmente la demanda, radicado en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el orden Q.P. 27/2017, gírese oficio al citado tribunal haciéndole del conocimiento lo anterior.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 90/2017, promovido por Dalia Romero Torres, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintisiete de enero pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa mencionada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como violados los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En esa fecha se desechó parcialmente la demanda en cuanto al acto consistente en ".La integración arbitraria de la Averiguación Previa o Carpeta de Investigación instaurada en mi contra.", y se admitió a trámite bajo el orden 90/2017 únicamente respecto de los actos que se precisarán en el considerando segundo; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al numeral 74, fracción I, de la ley de la materia y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son la orden de aprehensión, comparecencia, detención, presentación, búsqueda, localización y/o cualquier acto tendiente a privar de la libertad a la quejosa, así como su ejecución que se atribuyen a las siguientes autoridades: En su carácter de ordenadoras: a) Jueces Primero a Tercero, Quinto a Decimocuarto, Decimosexto y Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales Federales; b) Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Control y Administradores del Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, con sede en los Reclusorios Norte, Oriente y Sur, todos de esta ciudad. En su carácter de ejecutoras: c) Procurador; d) Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, ambos de la Procuraduría General de la República; y e) Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables mencionadas, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que la quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtuara esas negativas. En tal virtud, debido a la inexistencia de los actos reclamados de las responsables, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, dado que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de veintisiete de enero pasado, radicado en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el orden Q.P. 27/2017, gírese oficio al citado tribunal, haciéndole del conocimiento lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la ley de la materia; se R E S U E L V E : ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Dalia Romero Torres, contra los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, comparecencia, detención, presentación, búsqueda, localización y/o cualquier acto tendiente a privar de la libertad a la quejosa, así como su ejecución que se atribuyen a los Jueces Primero a Tercero, Quinto a Decimocuarto, Decimosexto y Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales Federales; Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Control y Administradores del Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, con sede en los Reclusorios Norte, Oriente y Sur, todos de esta ciudad; Procurador; Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, ambos de la Procuraduría General de la República; y Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, del que se advierte que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acusa recibo del oficio 9679 de quince del mes en curso, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, quedando registrado con el orden Q.P. 27/2017.
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