Dalia Rangel Gutierrez
Expediente 966/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dalia Rangel Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, mediante el cual acusa recibo del oficio 175, por el que se le remitieron los autos originales del toca de apelación -; además, como lo que solicita, remítasele las copias certificadas de las constancias que indica en el oficio de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la autoridad mencionada en primer término, mediante el cual anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el seis de los actuales, así como el original del juicio de amparo V-966/2021-2, de la que se desprende que, la Superioridad resolvió lo siguiente: ÚNICO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, las anotaciones del caso en el libro de Gobierno, que se lleva en este Juzgado, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad para los efectos legales a que haya lugar, glósense las constancias originales del cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que no existe certificado de depósito que devolver a las partes, ni acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es destruible, dado que desechó la presente demanda de garantías; lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Rosa María Cortés Guzmán, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad precisada en supra líneas, a través del cual informa que en la causa penal de origen, con fecha seis de octubre anterior, se dictó auto de apertura a juicio oral y se reservó la programación para la audiencia correspondiente, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario en cita, de auto de catorce de octubre del año en curso, en el que la Alzada de su adscripción determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por -, al considerar que el acto reclamado, no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo. Acúsese recibo de estilo. Por tanto, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto; empero, el suscrito considera que procede el desechamiento de la presente demanda, por las razones que a continuación se exponen. Así, del análisis integral del escrito inicial de la demanda, se pone de manifiesto que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación -, mediante la cual revocó el auto de siete de junio del mismo año, emitido por la Juez de origen, en el cual determinó que no había lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, debido a que no lo hacia dentro del término de tres días concedidos en proveído de veintitrés de mayo anterior (este último en el cual la natural requirió a la parte contraria en el domicilio procesal que tiene señalado en autos para que dentro del término de tres días se concrete a manifestar de manera clara y precisa lo que a sus intereses convenga tocante a dicho reclamo y documentos adjuntos o bien haga el pago relativo, con la finalidad de agostar el principio de contradicción). Para ahora establecer, que debería revocarse el auto en cita, a fin de que la juez de instancia proceda a proveer en cuanto al fondo el escrito presentado por el apoderado jurídico del demandado con fecha dos de junio del año en curso, para lo cual, deberá tenerlo dándose por notificado del requerimiento realizado por ese juzgado en auto de veintiséis de mayo anterior (precisado). En torno a ello, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En efecto, respecto del acto precisado este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción XII, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado, como se precisó se hace consistir la sentencia interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación -, mediante la cual revocó el auto de siete de junio del mismo año, emitido por la natural, en el cual determinó que no había lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, debido a que no lo hacia dentro del término de tres días concedidos en proveído de veintitrés de mayo anterior (este último en el cual la natural requirió a la parte contraria en el domicilio procesal que tiene señalado en autos para que dentro del término de tres días se concrete a manifestar de manera clara y precisa lo que a sus intereses convenga tocante a dicho reclamo y documentos adjuntos o bien haga el pago relativo, con la finalidad de agostar el principio de contradicción). Para ahora establecer, que debería revocarse el auto en cita, a fin de que la juez de instancia proceda a proveer en cuanto al fondo el escrito presentado por el apoderado jurídico del demandado con fecha dos de junio del año en curso, para lo cual, deberá tenerlo dándose por notificado del requerimiento realizado por ese juzgado en auto de veintiséis de mayo anterior (precisado). Esto es, el único efecto de la materia de revocación en la resolución que constituye el acto reclamado, es que la juez natural, tenga a la contraparte (demandado) de la parte actora aquí quejosa, desahogando el requerimiento y vista respecto a la solicitud dirigida por ésta. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que la decisión del órgano responsable, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación en contra de la resolución que se dicte con motivo del planteamiento dirigido a la juez natural por la actora aquí quejosa; pero sólo en el supuesto de que dicha determinación sea adverso a la aquí impetrante, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo, dado que como se precisó el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. Sirve de sustento la jurisprudencia número 1086, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que procede es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Al respecto, conviene citar, por analogía y en lo conducente, el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al rubro prevé: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se le tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el precisado en su ocurso de cuenta, así como autorizado en términos del 12 de la Ley de la Materia, únicamente al licenciado -, virtud a que el mismo se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en los Juzgados Federales y a la otra persona que indica únicamente para el fin precisado en la parte inicial de este párrafo. Notifíquese personalmente.
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