Dalia Martínez López

Expediente 464/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
464/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Dalia Martínez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico. Orden de Destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en la fracción I del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio del dos mil veintitrés; por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de conservación tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Valoración del incidente de suspensión. Asimismo, será destruible del cuaderno original del incidente al haberse negado la suspensión definitiva, en términos del artículo 20, fracción III del Acuerdo General citado en el párrafo anterior. Devolución de documentos. Toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa; en esas condiciones, requiérasele para que acuda a este juzgado de Distrito a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, a recuperar los documentos originales, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique, de conformidad con el arábigo 20, párrafo segundo del acuerdo general en cita. Apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se resuelve.- ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, por los razonamientos jurídicos precisados en el cuarto considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Téngase por recibido el comunicado que signa la Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, transcribe la actuación de doce de mayo de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente 382/2017, de la que se advierte se proveyó la constancia levantada por el actuario notificador en la que se asentó la imposibilidad de notificar a Nohemí Vargas López, a efecto de que cumpliera con las convivencias ordenadas y en su caso, acreditara estar cumpliendo con las mismas. Además, informa que a la fecha no obran constancia de la Jefa de CECOFAM del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, denominado Sistema Integral de la Familia Guadalajara, correspondientes a los informes de convivencias del periodo comprendido del mes de marzo al mes de abril de dos mil veintitrés, razón por la cual giró oficio a la citada dependencia, para que de manera inmediata informe lo solicitado por la autoridad responsable, con el apercibimiento ahí contenido; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Efectos de la sentencia de amparo. En acatamiento a la resolución emitida por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, dentro de los autos de la inconformidad 8/2021, es necesario destacar lo siguiente: "Es decir, el Juez declaró cumplida la sentencia de amparo sin conocer el éxito que al efecto se hubiera obtenido con las medidas que al efecto dictó el Juez rector del procedimiento; dicho de otra forma, no constato que las órdenes de la autoridad de origen hubieren sido cumplidas tanto por el Secretario Ejecutor de su adscripción, como por las diversas dependencias y personas morales. En efecto, no existe la constancia por parte del Secretario en la que certifique el resultado de la encomienda que se le dio, como tampoco obra minuta y acuse de recibo alguno del cual se aprecie la elaboración de los oficios direccionados a las diversas dependencias y empresas, aun menos algún comunicado que informe lo requerido. Sostener que es innecesario que el Juez Federal recabe el resultado de las diligencias ordenadas, para declarar cumplida la ejecutoria de aparo, se traduciría en dar continuidad a lo que ha ocurrido en el procedimiento de origen y que por cierto fue lo que motivó la concesión de la protección Federal. No debe olvidarse que desde marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable se encuentra realizado varias diligencias tendentes a lograr el cumplimiento de la convivencia familiar que al efecto pactaron los progenitores del menor de edad, donde convinieron en establecer un régimen de visitas a través de las cuales el menor de edad podría fortalecer el lazo que le une con su progenitor Rubén López Rodríguez, sin embargo, han resultado infructuosas, ante la falta de cooperación de Noemí Varas Flores, no obstante que se le ha apercibido con los diversos medios de apremio que la ley contempla, que van desde multa y ha llegado hasta el arresto; de las cuales, por cierto, no se tiene constancia alguna que refleja que han sido ejecutadas en su contra. Entonces, conforme a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y atendiendo que está por medio el interés superior del menor, no es factible tener por cumplida la sentencia de amaro en la que el único propósito es vincular a la autoridad responsable a que realice todos aquellos actos tendentes a materializar la convivencia familiar entre el progenitor Rubén López Rodríguez, y menor de edad R.L.V.; y de las constancias que remitió el Juez de origen para demostrar haber dado cumplimiento, tan solo se aprecia el dictado de un acuerdo del cual por cierto no se tiene conocimiento alguno sobre la forma en que se ejecutaron las diversas órdenes contenidas en esa resolución. Por ello, no puede declararse cumplida a cabalidad la ejecutoria de amparo, pues, es menester atender a su núcleo esencial y no es otro que en el juicio de origen se dicten las medidas pertinentes que garanticen el cumplimiento de la convivencia a que tiene derecho, lo que no puede decirse que queda satisfecho con el dictado de un acuerdo que instruye al Secretario Ejecutor para que se constituya en un domicilio y procure entrevistarse con la tercera interesada para requerirle para que facilite la aludida convivencia, y por otro lado ordena girar oficios para localizar el domicilio actual de la aludida tercera. Es así, ya que para estar en aptitud de determinar que las medidas ordenadas por la autoridad responsable son certeras y conducen a materializar la convivencia entre el menor de edad y su progenitor, es menester conocer el resultado de éstas, de suerte tal, que si no se obtiene el resultado esperado, deberá actuarse de manera pronta y precisa para procurar su cumplimiento. En esa línea de pensamiento, se arriba a la conclusión de que es ilegal el acuerdo en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, al no estar en plena posibilidad de verificar si fueron o no acatadas las órdenes que al efecto dio la autoridad judicial y además si lograron frutos. En la inteligencia de que no representa obstáculo alguno, que en los efectos fijados en la sentencia de amparo, el Juez Federal hubiera precisado que para cumplir con la ejecutoria de amparo, la autoridad deberá emitir un acuerdo en el que dicte las medidas concretas para materializar la aludida convivencia, lo que no puede ser concebido en el sentido de que, para tener por cumplida la sentencia de amparo, bastará el pronunciamiento de una resolución judicial que disponga las medidas tendentes a lograr la convivencia familiar, sino que es necesario que dichas medidas resulten ser aquellas que brinden al quejoso y menor de edad la posibilidad de disfrutar de tan importante evento familiar, pues, no debe perderse de vista que la custodia la ejerce Nohemí Vargas Flores, a quien por cierto se ha requerido en múltiples ocasiones y no se ha logrado dicho objetivo. Es por ello que, el alcance que debe darse al efecto que fijó el Juez Federal en la ejecutoria de amparo, en cuanto a que se pronuncie un acuerdo en el cual se dicten las medidas concretas que permitan la convivencia familiar, es aquél en que se dicten medidas que resulten efectivas para el objetivo perseguido. En ese contexto, se declara fundado el recurso de inconformidad planteado por el quejoso Rubén López Rodríguez." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el plazo de diez días, contado a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite las gestiones que está llevando para acatar el fallo protector. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23, fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito que signa el autorizado en amplios términos de la quejosa, mediante el cual desahoga la vista contenida en proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, al respecto manifiesta que no resulta válido lo manifestado por la Tesorería Municipal de Zapopan, pues la cantidad a devolver por concepto de desincorporación de la sobre tasa, dicha operación aritmética no coincide y es ilógica, con las cantidades que se erogaron en los recibos electrónicos de pago, con números de transacción 0004419958, 0004419968 y 0004419971, que en su conjunto fue por la cantidad de $16,344.00 (dieciséis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional, que al aplicarse una reducción del 100% por concepto de sobretasa, daría un total de $8,172.00 (ocho mil ciento setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), aunado a que la cantidad pagada deberá devolverse a la actualizada. Estado de autos. Del análisis del sumario se advierte que en la sentencia emitida en los autos del juicio en que se actúa, los efectos son los siguientes: ".SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. En ese contexto, a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, deberá: 1. Emitir una resolución en la que se desincorpore de la esfera jurídica de la impetrante el numeral controvertido, para que no le sea aplicado en el presente y en lo futuro; y 2. Dejar insubsistente los recibos electrónicos con números de transacción 0004419958, 0004419968 y 0004419971, y se emitan nuevos en los que, por una parte, se aplique la tasa ordinaria que corresponda conforme al artículo 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, dejando de aplicarse la sobretasa del 100%; y por otra, deberá efectuarse la devolución del numerario que proceda, a la contribuyente respectiva, por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda; para así respetar el derecho constitucional violado en los términos aquí apuntados, o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello." Requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la referida autoridad responsable, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se reciba el comunicado que derive del presente proveído, remita copia certificada completa y legible, de las constancias con las que se acredite el cumplimiento de la sentencia de amparo, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Para una mayor ilustración se adjunta copia del ocurso de cuenta, promoción registrada con el folio 8957, para los efectos legales a que haya lugar. Siendo relevante mencionar que la autoridad responsable tiene expedito su derecho para acatar favorable o no en el sentido que lo peticionó el aquí quejoso. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23, fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

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