Dalia Kykey Aguilar Nuñez

Expediente 2028/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2028/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
16/03/2016

Partes del expediente

  • Dalia Kykey Aguilar Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2028/2015-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el oficio que signa el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como el juicio de amparo 2028/2015-I promovido por DALIA KYKEY AGUILAR NUÑEZ, que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en la que se determinó sobreseer el citado juicio de garantías; en tales condiciones, con fundamento en el punto quinto, del Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha actual el Tesorero y Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, no han informado el cumplimiento a la sentencia de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificados del auto de quince de octubre del año en curso, ocasionando un retraso en la impartición de justicia. Por lo anterior, este juzgado procede en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo y el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en el auto de QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE; en el caso existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (ADOLFO ÁVILA PIÑARRIETA) y del superior jerárquico Presidente Municipal de Cuautla, Morelos (JESÚS GONZÁLEZ OTERO), para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificadas del acuerdo por el que se le ordenó cumplirla, no ha demostrado haber realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acredita estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, este juzgador impone a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (ADOLFO ÁVILA PIÑARRIETA) y superior jerárquico Presidente Municipal de Cuautla, Morelos (JESÚS GONZÁLEZ OTERO), una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $70.10, (sesenta pesos 10/100, moneda nacional). Para la ejecución de la multa, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto, informe el resultado de la ejecución de las multas impuestas en el párrafo que antecede. En el entendido de que puede ser localizado el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (ADOLFO ÁVILA PIÑARRIETA) y Presidente Municipal de Cuautla, Morelos (JESÚS GONZÁLEZ OTERO), en el Portal Morelos sin número, Plaza Principal Centro de Cuautla, Morelos. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con independencia de lo anterior, conforme a los establecido en el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en el auto de QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, que señala que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable e improrrogable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. En el entendido de que el término de VEINTE DÍAS, se considera un plazo razonable para el acatamiento de la ejecutoria, en virtud de que para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere de nueva cuenta al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (ADOLFO ÁVILA PIÑARRIETA), con domicilio ubicado en Portal Morelos sin número, Plaza Principal Centro de Cuautla, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, devuelva a la parte quejosa, la suma que ampara el aviso recibo 297 101 139 401, por la cantidad de $2,627.75 (dos mil seiscientos veintisiete pesos 75/100 moneda nacional), relativa al derecho por servicio de prestación de alumbrado público, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: "Por lo anterior, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se devuelva a la parte quejosa, la suma que ampara el citado aviso recibo, por la cantidad de $2,627.75 (dos mil seiscientos veintisiete pesos 75/100 moneda nacional), relativa al derecho por servicio de prestación de alumbrado público. Respecto a la actualización de la devolución de la contribución pagada, conviene citar al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 592, tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Devolución que correrá a cargo de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. En su esencia, tiene aplicación la Tesis Aislada, establecida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 353, Tomo XII, Diciembre de 1993; Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que enseguida se transcribe: "ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garantías se otorgó la protección constitucional al quejoso contra los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado público, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devolución de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el artículo 8o. de la Ley citada la recaudación de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepción alguna, a través de las oficinas exactoras de la Tesorería Municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que físicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última recaudara el derecho de alumbrado público y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica se adeudaban por los municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XIV/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso." También cobra aplicación la jurisprudencia 178, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Cabe precisar que el término de VEINTE DÍAS, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, la autoridad responsable deberá realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo la autoridad deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que realice todos los actos legales que se encuentre dentro de sus facultades, tendentes a cumplir a cabalidad de manera pronta el fallo protector, so pena de incurrir en responsabilidad ante su desacato; según así lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 58/2008 sustentada por la Primera Sala, de rubro: INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO." Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Cuautla, Morelos (Jesús González Otero), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los CIEN A LOS MIL DÍAS DE SALARIO mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil quince. Visto el oficio del Presidente de la Junta Especial Treinta y Uno de la Federal de conciliación y Arbitraje, por medio del cual remite copia del acuse de recibo del oficio enviado al Presidente de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato, sin sello de recepción; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, mismo que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surtan sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario FRANCISCO RENÉ MARMOLEJO VÁZQUEZ, que autoriza y da fe.

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